ECONOMIA

Movilidad jubilatoria: diferencias con la de 2017 y alguna innovación respecto de 2008

La fórmula que plantea el Gobierno fue aprobada en Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional y está lista para ser tratada por el Congreso. Actualiza los haberes en función de la variación de los salarios registrados y de la recaudación del Anses, reduciendo además el rezago entre las variaciones y la aplicación de la movilidad.

La nueva ley de movilidad que propone el Gobierno está lista para ser tratada por el Congreso. Este jueves la comisión bicameral de Movilidad Previsional emitió un dictamen de mayoría sobre la fórmula jubilatoria con 11 votos, que será elevado al presidente Alberto Fernández. La fórmula de movilidad planteada es similar a la que estuvo vigente entre 2008 y 2017. En ambas, el esquema de actualización de las jubilaciones se realiza de manera semestral y en base a variaciones en los salarios y en la recaudación de Anses. Las diferencias pasarán por el índice de salarios que se tomará para calcular la actualización, la reducción del rezago respecto de los períodos considerados para realizar el cálculo, y la introducción de un supuesto de legislación constante para evitar que las actualizaciones varíen según la política tributaria.

Donde se encuentran fuertes diferencias es entre la actual propuesta del Gobierno, elaborada por el Ministerio de Economía y la Anses, y la que fue impulsada por Cambiemos a fines de 2017. Esta fórmula, que estuvo vigente hasta 2019, actualizaba de manera trimestral, basada en un 70 por ciento por la inflación y en un 30 por ciento por variación salarial. Además, no tenía un tope anual. La similitud entre ambas es que ajustan en función de variables rezagadas.

Claves

Salarios. La fórmula se actualizará en un 50 por ciento por la evolución salarial. El indicador que se tomará es el Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) que publica el Ministerio de Trabajo. La diferencia con la ley 26.417, sancionada en 2008, es que allí la evolución salarial se tomaba entre el índice que diera mayor entre el Ripte o el Índice de Salario que publicaba el Indec.

Desde el Gobierno consideran que el Ripte es más adecuado debido a que se basa en registros de trabajadores formales, mientras que el Indec capta también los salarios del sector informal. Durante las exposiciones en el Congreso, varios expertos en seguridad social plantearon que era preferible que se eligiera el mejor de los dos. El Ripte, por ejemplo, no contempla subas no remunerativas, muy extendidas durante este año.

Recaudación. El otro 50 por ciento de la fórmula se actualizará en marzo de cada año por la recaudación tributaria de Anses, con impuestos como País, IVA, Ganancias o a los Combustibles.

Tope. En tanto, las subas semestrales que se otorguen en septiembre no podrán ser superiores al crecimiento de los recursos totales de la Anses (multiplicado por 1,03), por lo que habrá un tope a la variación anual. El tope también había estado vigente entre 2009 y 2017 y fue eliminado con la reforma de 2017. Según el Ministerio de Economía, el objetivo es evitar que el sistema “no deba requerir de recursos adicionales que necesariamente deberían desplazar otras necesidades para el resto de la población”.

Actualización. Volverá a ser semestral como en la fórmula del gobierno de Cristina Kirchner, y dejará de ser trimestral como en los últimos dos años del gobierno de Mauricio Macri.

Rezago. Para el Gobierno, la actualización semestral permite achicar el “rezago”, para reducir la pérdida de poder adquisitivo ante shocks inflacionarios y que sea más “acorde” a la realidad económica de ese momento. Así, el aumento de marzo se basará en las variaciones de los salarios y la recaudación tributaria de Anses entre julio y diciembre del año anterior. En tanto, el de septiembre, entre enero y junio de ese año. “El retraso es de entre 3 a 9 meses (6 meses promedio), que es menos que la fórmula del 2017, que tenía un retraso de 6 a 9 meses (7,5 meses promedio)”, escribió Roberto Arias del Ministerio de Economía en su twitter.

Normativa. La propuesta del Gobierno incluye una cláusula de “legislación constante”, que no estaba vigente durante la fórmula de 2008, que establece que los cambios en la política tributaria no tengan efecto en la movilidad.

Inflación. La fórmula que se debatirá en el Congreso no contempla a la inflación como parte de los parámetros para la actualización, como si lo hacía la de 2017. Tampoco tiene un fondo compensador como proponían expertos en la Comisión Previsional, para los años como este en donde cae la recaudación tributaria y los salarios reales. Según el Ministerio de Economía, en un país con elevada inflación como Argentina, la fórmula se tornaba “insostenible” en un contexto de inestabilidad macroeconómica.

AUH. La propuesta del Gobierno es importante no sólo porque influye en los haberes de más de 7 millones de jubilados y pensionados. Sino porque además hay 18 millones de beneficios que se actualizan por la movilidad, como es la asignación universal por hijo. En 2008 esto no ocurría.

Fuente. Pagina12

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