Crisis económica y disputa de poder: hacia el final del péndulo

La colisión se da entre aquellos que sacralizan la propiedad privada por encima de cualquier proceso de integración social con quienes resueltamente defienden a los derechos sociales expresados en el acceso igualitario al salario y la jubilación, la vivienda, la educación, la salud y todo otro bien de carácter universal y esencial para la vida humana.

Este enfrentamiento entre los derechos individuales del artículo 14 de la Constitución Nacional y los derechos sociales del 14bis del mismo texto rector no es nuevo. No obstante, ha crecido en tensión, en parte porque la crisis global les indica que deben apropiarse del Estado para asegurar sus privilegios, como lo hicieron en los ‘30, los ‘70 y con la escalada inflacionaria de los ‘80. En esa dirección han adoptado un rechazo absoluto al resultado de las urnas, embistiendo al gobierno electo desde el inicio.

El otro dato novedoso es que la quinta administración peronista, a diferencia de sus antecesoras, se ha visto impotente hasta ahora para superar el conflicto alcanzando acuerdos y disciplinando actores.

En estos días, hemos visto como una multitud se movilizó en homenaje a los 75 años del 17 de octubre, conmemorando la génesis del movimiento que integró política y socialmente a los sectores desposeídos. En contraste, se visibilizó el conflicto en la provincia de Entre Ríos por la herencia de la familia Etchevehere, dónde el ex ministro de Agricultura del macrismo no tuvo límites para movilizar una patota violenta hacia el campo para desalojar por la fuerza a su hermana. Se profirieron todo tipo de insultos hacia Juan Grabois, que respalda a Dolores Etchevehere en el desarrollo de un proyecto agrario comunitario. A su vez, Patricia De Ferrari, legisladora cordobesa de Cambiemos, invocó a los “falcon verdes” para “administrar justicia” contra el dirigente social.

Estas imágenes contrapuestas se produjeron en medio de la tensión cambiaria, donde se vislumbra el intento de producir una licuación estructural de los ingresos populares elevando la cotización de la divisa a niveles inéditos. La oligarquía percibe la oportunidad de romper definitivamente el empate social con el peronismo y actúa en todos los frentes inescrupulosamente. Otro acicate para esta conducta es la pérdida de control de los procesos electorales, como lo ocurrido en octubre del 2019 en Argentina y en octubre 2020 en Bolivia. La movilización del 17 y el triunfo de la fuerza de Evo Morales sepultaron los amagues de “golpe blando”, acelerando en la semana posterior la suba del dólar en los mercados alternativos.

El gobierno de la coalición peronista ha ensayado esquemas conciliadores, hasta el momento sin resultados positivos. Esto se expresa en los lineamientos económicos seguidos hasta el presente, pudiendo identificarse dos programas.

El programa “que no fue” que consistió en un intento de ordenamiento macroeconómico externo y fiscal de regulación pública basado en tres ejes:

1. Intervención estatal directa en la comercialización de granos y acuerdos con otros actores afines relevantes en ese mercado, como la empresa estatal china Cofco y las cooperativas tradicionales. Este derrotero se abandonó con la fallida expropiación de la concursada empresa del sector Vicentin.
2. Administración del comercio exterior con control de las importaciones, tanto en la cantidad de bienes comprados como en los pagos efectuados al exterior por ese concepto. No obstante, se produjo la inconsistencia técnica que el abultado superávit de la balanza comercial (u$s 11.000mm en el lapso enero/agosto 2020) no incrementó las reservas internacionales del BCRA, siendo las importaciones uno de los principales factores de egreso de divisas, a pesar de la caída del nivel de actividad en este período a causa de la pandemia.
3. La implementación de una reforma tributaria progresiva sobre exteriorizaciones de riqueza patrimonial y altos ingresos, para reducir la brecha fiscal y fortalecer la autonomía estatal.

Los puntos previos apuntaban a producir un orden macroeconómico acelerado, acotando los desequilibrios en las cuentas externas y las cuentas públicas heredadas del macrismo, mejorando la capacidad de maniobra del sector público y potenciando la certidumbre que significó cerrar exitosamente el programa financiero de reestructuración de deuda pública.

Las razones para no llevar adelante este esquema se centraron en la voluntad política de aplacar los conflictos con los sectores dominantes y construir un escenario de paz política, que los hechos demostraron fallido.

El programa que “sí fue” se basó en acuerdos tácitos con actores agropecuarios y financieros, a partir de reconocer estímulos al mercado que favorezcan la estabilidad cambiaria. El diseño pro-mercado se centró en:

1. Negociación con el sector manufacturero del campo para lograr un aumento de exportaciones y liquidación de divisas a cambio de una baja transitoria de los derechos de exportación.
2. Medidas a favor de los operadores financieros para reducir la volatilidad del mercado cambiario alternativo “contado con liquidación”, consistentes en bajar los plazos de tenencia de bonos antes de operarlos -de 15 a 3 días hábiles-. La intención fue dotar de más liquidez al mercado y de oferta de bonos en dólares a los fondos de inversión extranjeros a cambio de sus activos en pesos para evitar la presión de la demanda en la cotización del contado con liquidación.

Estas disposiciones, hasta el presente, no han dado los resultados esperados: las reservas internacionales del BCRA continúan descendiendo -u$s 500 millones en lo que va de octubre- y la cotización del “dólar contado con liquidación” trepó un 6% neto en el curso de la semana.

Es complejo transitar acuerdos cuando los agentes económicos más poderosos quieren imponer otro rumbo resueltamente, desafiando la voluntad popular expresada en las urnas.

De continuar este sendero, sólo quedan dos opciones no excluyentes: China y el FMI.

Fuente.  ROBERTO FELETTI para  eldestape.com