Choque de concepciones

Si la jueza y el fiscal federal que llevaron desde el comienzo la causa por desaparición forzada eran proclives a favorecer la concepción de inocencia de la Policía Bonaerense, la balanza parecería equilibrarse con los nuevos enviados desde la Procuración luego de la visita de la madre de Facundo Castro al Presidente Alberto Fernández.

Una notable diferencia de criterios se hizo patente a partir de las medidas solicitadas por los fiscales Héctor Andrés Heim y Horacio Azzolin, que no contaron con la firma del bahiense Santiago Ulpiano Martínez y que chocaron con una generalizada negativa de la jueza Gabriela Marrón. Los pedidos y sus respuestas se enumeran aquí para facilitar una rápida visualización:

Pedido de los fiscales Azzolin y Heim	Respuesta de la jueza
Secuestrar cinco decenas de teléfonos de policías: dos de Curuhuinca (entregó uno casi vacío); otro de Siomara Flores, y los de efectivos de siete rangos, de sargentos a comisarios.	NO
Pedir a las empresas de telefonía datos sobre 17 teléfonos de policías que tuvieron una participación menor.	NO
Exigir a la subcomisaría de General Daniel Cerri “libros de guardia, actas” y registros de “movimientos del personal, móviles y personas aprehendidas, y dispositivos móviles utilizados por la dependencia”.	NO
Allanar la subcomisaría de Cerri.	NO
Volver a inspeccionar el calabozo donde hallaron el amuleto-sandía, y usar luminol en todas sus dependencias.	NO
Permitir la participación del instructor Marcos Herrero, con su perro Yatel, y de la forense Virginia Créimer.	NO
Secuestrar la libreta del capitán Alberto González en la que anotó el 30 de abril datos de la testigo H ‘antes’ que los de Facundo y con 75 días de antelación.	SI
Ordenar al municipio de Villarino que envíe los datos de las lectoras de patentes cercanas al puesto zoofitosanitario entre el 30 de abril y el 8 de mayo.	SI
Solicitar a Google, Facebook, WhatsApp e Instagram información sobre contenidos de las cuentas de los policías Curuhuinca, Sosa, González y Flores.	SI

Es palabra de su señoría

La jueza Marrón, de familia naval y esposa de un militar, acaba de tomar distancia de su universo conceptual para cuestionar que se reedite contra la Policía “una persecución de clase inaceptable en la evolución democrática de nuestro país”. Luego de salvar a determinados agentes, sembró dudas sobre el perito y sus perros a la vez que minimizó pruebas y menospreció a los fiscales. Sus principales señalamientos son reordenados aquí:

Sobre los policías

La muerte de Facundo no ocurrió en el patrullero sino en el cangrejal, sin que se detectaran lesiones vitales ni signos de intervención de terceros.
Es posible que un cabello que podría corresponderse con Facundo haya entrado al móvil mientras el policía chequeaba sus datos.
Que un policía borre contenido de su celular no lo convierte ni en sospechoso de un delito ni pone en riesgo su inocencia.
El reclamo social es entendible. Es fácil para la sociedad creer que haya sido la policía. Pero el juez necesita prueba. Invadir la intimidad sin pruebas porque son policías es aplicar el Derecho Penal de Autor. Ser policías no los vuelve delincuentes ni culpables.

Sobre los perros

Puso en duda los hallazgos del perro adiestrado por el perito Marcos Herrero.

Independientemente de que se acredite que el amuleto era de Facundo, merece un párrafo aparte el origen del hallazgo que –a esta altura de la investigación– pone en duda su legalidad y por ende su validez.
La ciencia y la técnica –a través de profusa bibliografía– dan cuenta de que los animales entrenados pueden oler rastros humanos durante un cierto período de tiempo y que se habría superado el lapso.
Resulta forzoso que el Ministerio Público Fiscal, en cumplimiento de sus deberes y facultades, investigue el accionar del perito frente a la gravedad de la circunstancia apuntada.

Sobre los fiscales

La estrategia escogida por los acusadores se asemeja a una auténtica ‘excursión de pesca’, inaceptable en un Estado de Derecho.
Disponer medidas probatorias sin que esté claro qué se está buscando atenta contra el éxito-validez de la investigación.
El estado de perplejidad de los fiscales sobre las supuestas conductas sospechosas no parece orientarse a buscar la verdad sino a compeler la responsabilidad policial en el evento.
Las medidas no se pueden hacer “por las dudas”, “para ver qué encontramos” (…) La fiscalía tiene que hacer un esfuerzo mayor para probar los extremos que desliza e invoca (y) elaborar un plan estratégico, agotar la investigación a través de un trabajo a conciencia.
De las hipótesis desarrolladas por los acusadores no se reconstruye una teoría coherente, lógica, razonable y completa.

Sobre la causa

Las medidas no pueden implicar violación a valores fundamentales, como la intimidad, la propiedad y la libertad.
El pedido tiene que ser desechado, no puedo habilitar su producción, ya que puede causar un perjuicio indebido, irreparable y prohibido.

Respuestas

La primera defensora del instructor canino es Cristina Castro, quien desde hace meses repite cuán ofensivas le resultan las dudas sobre alguien que ayudó a esclarecer tantos casos. “¿Acaso plantó los cadáveres que fue hallando?”, se pregunta. Sus perros encontraron el collar de Santiago Maldonado y hallaron a personas extraviadas como Micaela Ortega, Araceli Fulles, Marito Salto y otras. La mamá de Micaela, de 12 años, relató: “Habían venido de toda la Policía… Y lo que no encontró la Científica, lo hizo él”. Ella contactó a Herrero con la familia Castro. En el caso del niño Marito, violado y descuartizado en Quimilí, el cuerpo fue hallado gracias a su trabajo a pesar de que había transcurrido un año y medio.

La querella institucional

Luego del choque de criterios enumerados, la Comisión Bonaerense por la Memoria (CPM) evaluó que la jueza incurre en una “arbitraria y antojadiza interpretación de la prueba y expresa una temprana valoración que sólo puede arrojar un resultado: el cierre de la causa sin conocer la verdad”.

La CPM dice que comparte con los fiscales Heim y Azzolín que “la hipótesis más robusta sigue siendo la desaparición forzada seguida de muerte”. Por eso se despacha contra la jueza con un comunicado del que aquí se rescatan los principales pasajes:

“La decisión de la jueza parece adoptada en la voluntad de no investigar”.
“Pone en peligro el curso de la causa y es casi una declaración de sentencia que sólo será garantía de impunidad”.
“Las recomendaciones internacionales obligan a medidas que promuevan una investigación profunda, expeditiva, eficaz y respetuosa… Todo lo contrario a lo que hace la jueza”.
“(…) llega a cuestionar la palabra de Cristina Castro, y se pronuncia en extenso para desacreditar el perito adiestrador canino Marcos Herrero”.
“Busca restar valor a dos pruebas claves: el amuleto hallado en el puesto de Teniente Origone y un pedazo de turmalina encontrado en un patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca, el mismo que el 8 de mayo, sin razón y a decenas de kilómetros de su radio de circulación, estuvo en la zona donde fueron hallados los restos de Facundo”.

Esto último apunta a un dato que no está ligado a la autopsia: el móvil policial estuvo entre las 12 y las 15.45 en la zona del cangrejal y hasta 800 metros de donde se halló el cuerpo esqueletizado.

Por último, el organismo de derechos humanos le señala contradicciones a la jueza:

Invalida el hallazgo de objetos pero no cuestiona las actas de allanamiento y registros ni a la Policía Federal, la Gendarmería o los testigos.
Si fuera imposible encontrar rastros 72 horas después de la desaparición de una persona, ¿por qué ordenó y avaló el peritaje en su momento?

Fuente: ALBERTO MOYA para El Cohete a la Luna