Grandes empresas evaden $ 430 millones
La AFIP junto con la Justicia Federal de Córdoba y el Ministerio Público Fiscal desarticularon un entramado de estudios contables y empresas dedicadas a la generación de facturas falsas. Se utilizaban datos de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), titulares de Asignación Universal y monotributistas para redactar las facturas y conformar empresas fantasmas que presten servicios a grandes firmas, utilizando el sistema de facilidades de las Sociedades por Acción Simplificada (SAS), que creó el macrismo para la inscripción online y en 24 horas de firmas unipersonales.
Los casos se fueron conociendo a medidas que los titulares del bono familiar, monotributistas o perceptores de alguna asignación eran suspendidos de esa condición al detectarse niveles de facturación a su nombre que, obviamente, no habían realizado, explicaron a El Destape fuentes vinculadas a la investigación. Las estimaciones preliminares arrojan que las usinas de facturas apócrifas investigadas a lo largo de un año emitieron comprobantes por más de 2800 millones de pesos.
Con esas facturas falsas se habrían facilitado maniobras de evasión de impuestos por 430 millones de pesos entre 2017 y 2020. La investigación conjunta fue impulsada por las Fiscalía Federal N°1 de Córdoba, la Fiscalía Federal de San Francisco y la Fiscalía Federal N°3 de Córdoba.
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«Entre las metodologías fraudulentas utilizadas por las estudios contables y empresas investigadas se identificó la apropiación de la Clave Fiscal de personas sin capacidad contributiva para generar facturas falsas que eran utilizadas para reducir el monto de los impuestos que debían pagar sus clientes», explicó el ente recaudador que conduce Mercedes Marcó del Pont.
Cómo operaba esta banda
La investigación se inició luego de que se recibieron múltiples denuncias de personas que han sido privadas de su acceso al IFE, Asignación Universal o a facturar como monotributistas en alguna locación de servicios o trabajo que estuvieran haciendo porque se encontraban con que su situación fiscal había cambiado.
«Algunos se habían convertido en responsables inscriptos y figuraban como titulares de empresas, lo que, obviamente, no habían hecho ni tienen la capacidad económica para hacerlo», explicó la fuente judicial. Desde la Justicia Federal de Córdoba se presentó ante la AFIP la denuncia, dado que existe presunción de que esto opera a nivel nacional. «Está pasando en todos lados, en una especie de economía clandestina y paralela», explicaron a este medio.
Los allanamientos para desarticular el entramado de empresas y estudios contables dedicados a generar facturas apócrifas se realizaron en las ciudades de Córdoba, Río Cuarto, Cosquín, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Santa Fe, Sunchales y Villa María, entre otras. Las medidas judiciales también contemplaron domicilios en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
En la investigación se encontraron «usinas», integradas por personas de estudios contables que reclutaban a la gente; en algunos casos se les pagó a las personas por el acceso a la clave fiscal y al cambio de registro pero en su mayoría directamente bajo engaño les robaban la clave fiscal y los convertían en contribuyentes.
El paso siguiente era colocarlos como titulares de las empresas, bajo la estructura de las SAS, que no tienen ningún control. Las facturas se emitían y se enviaban de manera digital (vía WhatsApp y/o correo electrónico) y se presentaban ante la AFIP como gastos de las empresas y con eso achicaban y evadían todo el impuesto IVA.
Las implicadas en el entramado de evasión
Entre quienes compraban estas facturas se encuentran grandes empresas, entre ellas un conocido call center con más de mil empleados, que utilizaban este mecanismo para evadir impuestos y, se presume, lavar dinero. «Lo que hacían estos estudios es lo que se conoce como «estrellar la empresa», lo ponen a uno como titular de la empresa, y genera facturas hasta que la AFIP se da cuenta de que son falsas. El organismo ahí los ubica en el registro de facturas apócrifas, entonces esa empresa ya no sirve y la abandonan. La persona, si cobraba, dejan de pagarle y si le habían robado la clave, el daño ya estaba hecho», explicó una de las fuentes en una causa en la que rige el secreto de sumario.
Las personas que fueron damnificadas, en su mayoría de familias muy pobres, tienen derecho a presentarse como querellantes a reclamar un resarcimiento por el daño que se les han causado. estas personas son el daño visible de todo esto. Las tareas de investigación conjuntas permitieron, hasta el momento, más de 90 allanamientos y 33 detenciones. Los delitos investigados son asociación ilícita, adulteración de registros, evasión calificada y administración fraudulenta.
Los procedimientos que se desarrollaron a lo largo de dos días contaron con la participación de 328 agentes especializados de la Dirección General Impositiva (DGI) de distintas regiones del país, así como distintas fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.
Fuente. eldestape.com