Según la entidad empresaria, en mayo se han perdido 3.870 empresas en relación con febrero de este año y se registraron 46.400 empleos menos en abril que en enero, proyectándose que en el año se destruirán hasta 120.000 empleos registrados y casi 280.000 totales.
El sector hotelero-gastronómico tenía, a fines del año pasado, 50.000 empresas en actividad, con más de 650.000 empleados.
La caída de la actividad en hotelería en junio fue de 94,9%, y el número de empresas hoteleras que prevén el cierre de continuar la situación actual alcanza al 75 por ciento.
De acuerdo con una encuesta desarrollada por FEHGRA en los primeros días de este mes, apenas el 3% de los empresarios hoteleros consultados pudo abonar el total de los salarios de junio; el 21% pagó o pagará el aguinaldo totalmente; el 27,7% pagó servicios públicos y el 17,9% pagó impuestos.
Solo el 10,8% pudo pagar proveedores, y tan solo el 1,5% pudo cobrar sus cuentas pendientes.
Por su parte, la caída de la gastronomía en junio fue de 80,2% y el número de empresas gastronómicas que prevén el cierre -de continuar la situación actual- alcanza el 74%, de acuerdo con el relevamiento.
El 21% de los empresarios gastronómicos pudo pagar el total de los salarios de junio, solo el 12% abonó o abonará el aguinaldo totalmente; pudo pagar totalmente los impuestos el 7,1%; los servicios, 16,9%; el alquiler, 12,1% y las cargas sociales, 10,8%. El 23,7% pagó a proveedores y solo el 2,4% pudo cobrar sus cuentas pendientes.
En este marco, FEHGRA sostuvo que ve «con mucha preocupación» el proyecto aprobado mediante dictamen de mayoría en la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, que consagra un «Plan de Auxilio, Capacitación, Infraestructura y Promoción para el Turismo Nacional», con medidas «insuficientes en un contexto de gravísima crisis como la que atraviesa la actividad».
Por ese motivo, insistió con la «sanción urgente» de una ley de emergencia para el sector, que incluya la continuidad de la asistencia del Estado en el pago de los salarios; la reducción de las tarifas de los servicios públicos y el diferimiento de sus vencimientos; créditos a tasa cero y flexibles para capital de trabajo; exenciones impositivas y reducción del IVA en los servicios prestados.
Fuente. BAENegocios