Los datos duros muestran que en Argentina hay 92.000 personas presas, 500.000 personas que tienen un familiar en la cárcel y aproximadamente 150.000 niños, niñas y adolescentes que tienen un familiar privado de su libertad. Sin embargo, cómo el encarcelamiento atraviesa la vida de esas miles de familias, cómo se reconfiguran los vínculos afectivos, cómo afecta a los hijos tener a su madre o padre presos y cómo se ejerce el rol paterno o materno desde el encierro son sólo algunas de las preguntas que aún no tienen respuestas en las políticas de seguridad. Para explorar ese terreno, visibilizar las situaciones y proponer algunas vías de acción, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), junto con la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (Acifad), la oficina Regional para América Latina y el Caribe de Church World Service (CWS) y el apoyo técnico y financiero de Unicef, encaró una investigación cuyos resultados presentó esta semana.
Si bien muchas de las cuestiones que surgieron fueron advertidas en su momento por la Procuración, toman otra dimensión desde la óptica de las personas privadas de su libertad. «El informe busca visibilizar el impacto que tiene y cómo atraviesan esta situación las personas que tiene un familiar preso, en un contexto donde no hay política públicas pensadas para ese colectivo que es enorme y nunca estuvo en la agenda política», explicó Triolo.
Y agregó que lo primero que sucede, el primer golpe, «es la soledad en la que queda envuelta la familia cuando uno de sus integrantes es privado de su libertad. Sin orientación, sin lugar a dónde recurrir. Un mundo nuevo en el que no saben cómo hacer, cómo contar la situación, cómo explicarle a un hijo que su mamá o su papá está preso, con quién hablarlo. Ausencia y soledad, es la primera marca» producto, en parte, «de la falta de articulación y las políticas fragmentadas de las instituciones para tener un abordaje integral que de soporte a las familias».
El informe señala que la mayoría de las personas detenidas y sus familiares pertenecen a los sectores más pobres, por lo cual, las detenciones agravan la vulnerabilidad. «En el 62% de los casos la persona detenida constituía el principal aporte económico del hogar». Además, «las visitas a las unidades carcelarias, la concurrencia periódica a los juzgados y defensorías; la necesidad de proveer a las PPL de los insumos básicos como vestimenta, elementos de higiene o comida, así como la permanente compra de tarjetas» telefónicas para sostener los vínculos, incrementan los gastos familiares.
En el caso de los niños, niñas y adolescentes, los allanamientos son, en muchos casos, la primera experiencia de violencia que deben afrontar. Después llega el momento de resolver al cuidado de quién quedan, y ahí el informe señala «importantes diferencias según se trate del encarcelamiento de su padre o su madre. Mientras que la enorme mayoría de los varones presos señalan que sus hijos/as se encuentran a cargo de sus madres (84%), menos de un 20% de las mujeres detenidas indicó que los padres de sus hijos/as son los responsables de su cuidado y custodia (19%)». Algo similar sucede con los adolescentes «de entre quince y diecisiete años, cuyos padres y madres mencionaron que no viven ni se encuentran a cargo de ningún familiar, por lo cual están solos. Mientras que solo el 5% de los hijos o hijas de padres presos están en esta situación, el porcentaje se duplica cuando la encarcelada es su madre».
Al respecto, Triolo sostuvo que buscaron impregnar con perspectiva de género el estudio e interpelar la voz del hombre, para que la mujer no quede en el rol estereotipado de las tareas de cuidado familiar.
Del relevamiento surge también que tras la detención del adulto, los NNA pasan «a ocupar roles de cuidado de otras personas, desfasados respecto de sus momentos vitales», siendo la situación más común la de hacerse cargo de hermanos menores. Los relatos de los chicos en el estudio van desde el deseo e interés por sostener los vínculos con la persona detenida, a cómo tuvieron que reconfigurar sus vidas para hacerse cargo de hermanitos o el estigma escolar que implica la detención de un familiar.
«El objetivo fue visibilizar los obstáculos que conspiran contra el mantenimiento de los vínculos, algunos simples, como acondicionar el espacio de visitas, y el empoderamiento de la familia y la persona presa que despliegan estrategias frente a estas situaciones, que implican un plus de sufrimiento. Además de generar una serie de recomendaciones en las que trabajar, porque hay que entender que la persona a la que se mete presa tiene una historia, una familia, hijos, en los que la detención impacta».
Fuente. Pagina12