“¿Qué debe hacer un gobierno republicano frente a estos brotes violentos, que surgen entremezclados con manifestaciones legítimas? ¿Cómo debe emplear el Estado la fuerza, cuyo monopolio detenta?”, se preguntaba un escandalizado Luis Alberto Romero en las páginas de La Nación, en referencia al rechazo popular y combate callejero que obligó a posponer el tratamiento parlamentario de la reforma previsional durante la jornada del 14 de diciembre de 2017. En su nota, además, nos recordaba el sacrosanto principio de la representación democrática (aquello de que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes), para culminar con un llamado a la aplicación de la autoridad (o sea, a la represión) para salvar a la democracia de lxs revoltosxs. Lo curioso, es que el connotado historiador argentino publicaba la nota un 3 de enero, no sólo cuando ya habían pasado unas semanas del hecho que provocara su enojo, sino incluso cuando la aprobación de la reforma del cálculo previsional ya se había logrado. Es que en el medio, entre el 14 de diciembre y principios de enero, ocurrió lo que la prensa interpretó como una señal de morigeramiento por parte del gobierno nacional de su programa de ajuste para el año siguiente. Romero respondía exigiendo al gobierno que cumpla con su propia promesa de administrar el orden. Tal vez, intuía el inicio de una crisis económica y política abierta.
¿Qué son las crisis económicas?
Empecemos por el principio, ¿a qué se llama crisis? A izquierda y derecha, las crisis económicas tienen un mismo sentido: caída de la actividad económica, baja tendencial en la producción de bienes y servicios. Caída del producto que se expresa en distintos desequilibrios de las cuentas públicas y en la regresión de diferentes indicadores laborales y sociales (caída del salario, aumento del desempleo, de la pobreza, entre otros). Explicaciones. A grandes rasgos, podemos identificar dos tipos de explicaciones que se escuchan a diario. La más fuerte, sostiene que la crisis se produce por una excesiva regulación pública del mercado, que interfiere en su “autorregulación”. La otra plantea, a la inversa, que la crisis se produce por la falta de regulación del Estado sobre el mercado. Aunque distintas en sus intenciones y fundamentos, ambas comparten el supuesto de que las crisis son producto de una mala gestión: se regula demasiado o se regula poco. De este modo, el eje de estas explicaciones de las crisis económicas, se deposita fuera de la propia lógica de reproducción de la economía capitalista. De allí los shows televisivos de economistas (algunos con saco y corbata y otros sin corbata, pero casi siempre en masculino) tirándose por la cabeza errores de diagnóstico y de gestión para explicar los momentos de crisis. El problema serían las ideas y las políticas inspiradas en éstas. Pero… ¿Y si la explicación no está en las ideas? ¿Y si la explicación no está en el cielo sino en la tierra?
Capitalismo.
Cuando decimos en la tierra, nos referimos al modo en que la sociedad contemporánea organiza la producción y reproducción de la vida: el sistema capitalista. Las crisis son intrínsecas a este modo de organización social vigente y responden a su propia lógica interna de funcionamiento. No constituyen una anomalía, un desvío producto de ideas incorrectas o malas gestiones, y han acompañado al capitalismo desde sus inicios, variando sus intensidades (caídas más o menos profundas), sus escalas (nacionales o mundiales) y sus tiempos (más o menos prolongadas).
La dinámica capitalista es cíclica y ha pasado históricamente por momentos de fuerte acumulación (altas tasas de crecimiento), de moderada acumulación (bajo crecimiento o desaceleración) y finalmente de crisis…para luego volver a empezar. Esto, cabe aclarar, no significa una evolución natural o preestablecida: las tensiones entre capital y trabajo y sus expresiones en la lucha de clase impactan sobre estos movimientos. Las crisis no son entonces simples accidentes, sino que representan momentos necesarios de la reproducción capitalista; momentos en que se re-ajustan y resuelven desequilibrios que se crean en su desenvolvimiento.
¿Cómo la crisis re-ajusta el funcionamiento del mercado? Mediante la depuración de capitales de baja productividad media (quiebre de empresas), la desvalorización de capital (empresas que pierden valor), y la desvalorización de mercancías en general y de una en particular: la mano de obra. Así, la depuración y desvalorización de capitales y mano de obra son condiciones para que el capital encuentre condiciones de rentabilidad e invierta relanzando el proceso de acumulación (de crecimiento).
En este sentido, la caída del salario, el aumento de la desocupación y, por ende, la miseria de la gran mayoría de la población, han sido la forma de resolución de las crisis en toda época y geografía del capitalismo. Solo luego del ajuste se generan las condiciones para la recuperación del ciclo de acumulación, donde primero el empleo y luego los salarios se recuperan (en general siempre teniendo como techo el momento previo a la crisis). Es lo que en la jerga de los economistas se llama “rebote”.
En un país en concreto, las crisis también se deben tramitar con la normalización de las condiciones macroeconómicas: estabilidad fiscal, de cuenta corriente y monetaria (tipo de cambio estable y baja inflación). Al ajuste de estas variables, que son condiciones políticas y económicas para la acumulación, es lo que se suele llamar: “trabajo sucio” (los más pudorosos le llaman también: “sanear las cuentas públicas”). Claro que estos planes de ajuste están sometidos a la política, más específicamente: a las relaciones de fuerza entre las clases sociales. La posibilidad o no del ajuste (y su magnitud) implica la capacidad del capital de imponerse políticamente a la clase trabajadora y al conjunto del pueblo.
Crisis 2001 y crisis vigente en Argentina.
Es recurrente, en la prensa, la homologación de la actual crisis a la crisis del año 2001. Pero son varias sus diferencias, entre las que destacamos dos. En primer lugar, la crisis de 2001 fue una crisis general, económica y política; que combinó el agotamiento del esquema de la convertibilidad con la deslegitimación del régimen político. En cambio, la actual crisis, por ahora, es fundamentalmente económica, siendo encauzada por el régimen políticoinstitucional. Otra diferencia importante refiere a la magnitud de la crisis económica. La crisis de principio de siglo implicó una caída del producto mucho más profunda que la actual y, por consiguiente, de los indicadores laborales y sociales. Por ahora, el curso de la crisis no ha adoptado esa profundidad. Si bien son crisis diferentes, y más allá de las explicaciones, existe una memoria histórica y social que conecta los impactos de una y otra; impactos que cayeron y caen sobre las espaldas de lxs trabajadorxs.
Crisis actual: una primera caracterización.
Ensayar un intento de respuesta a esta pregunta exigiría, en principio, inscribir la coyuntura abierta de crisis desde mediados del año pasado, en tendencias económicas y políticas de mediano plazo. En este camino, el sociólogo Adrián Piva argumenta que a partir del año 2012 se agota el proceso de crecimiento económico iniciado a mediados de 2002 en el país, y comienza una etapa de estancamiento económico que, desde abril de 2018, se transforma en crisis abierta.
La baja generalizada de la actividad económica desde el año 2012 genera la demanda de ajuste por parte del empresariado, que es resistida por la clase trabajadora. Mientras que en el kirchnerismo predominó el desplazamiento hacia adelante del ajuste, el macrismo intentó llevar adelante el ajuste para relanzar las condiciones de acumulación. Pero, al menos hasta principios de 2018, la política de ajuste se encontró con un fuerte bloqueo popular que impidió su éxito.
Luego de esta fase, y ya bajo el acuerdo con el FMI, se inicia un período de fuerte avance del proceso de ajuste que da paso a su vez a la crisis económica abierta aún en curso.
La pulseada ajuste-clase trabajadora.
Retomando la caracterización propuesta por Piva, podemos ahora profundizar en el análisis. -Gradualismo forzado. El objetivo central del macrismo fue relanzar el ciclo de crecimiento económico, es decir, reimpulsar el ciclo de negocios en franco deterioro desde 2012. Esto implicaba llevar adelante el ajuste pospuesto y su condición política: lograr una derrota más o menos contundente de la clase trabajadora. Pero Cambiemos se encontró con dos obstáculos para cumplir su propósito. Por un lado, no contaba en sus espaldas con una crisis abierta que legitimara el ajute (como fue la crisis hiperinflacionaria para el menemismo, o la crisis de la convertibilidad para el duhaldismo). Por otro lado, la clase trabajadora no venía de un golpe subjetivo como el de la hiperinflación y una fase de baja en el ciclo de luchas (coronado por la derrota de los ferroviarios en el año 1992) que permitió la hegemonía menemista, sino de un proceso de recomposición iniciado hacia mitad de los años noventa y continuado luego desde el 2000.
Este proceso de recomposición es el que impuso el límite político al programa de máxima del gobierno, que lo fuerza al llamado “gradualismo”. -La clase trabajadora organizada. En un estudio sobre la dinámica del movimiento obrero sindicalmente organizado durante el período 2002-2015, el historiador Iñigo Carrera señala que a partir de la huelga general de noviembre de 2012 y sobre todo en las siguientes cuatro huelgas desarrolladas en 2014 y 2015, se abre un nuevo momento dentro de ese período donde las acciones de paro toman mayor envergadura, mayor unidad de acción de los cuadros sindicales (CTA Autónoma, CGT-Moyano, CGT Azul y Blanca) y paro de trabajadorxs afiliadxs a sindicatos que no pararon.
Esta dinámica de rechazo a la política nacional, se intensifica posteriormente ya bajo el gobierno de Cambiemos, donde se llevan adelante cinco huelgas generales con altos niveles de adhesión y de unidad: 6 abril de 2017, 18 de diciembre de 2017, 25 junio de 2018, 25 de septiembre de 2018, y 29 de mayo de 2019.
Pero el antagonismo entre el capital y el trabajo, no solo se manifiesta bajo la forma sindicallaboral, también puede adoptar la forma de protestas ciudadanas donde convergen diferentes fracciones sociales. Es el caso de las masivas movilizaciones en rechazo a los tarifazos en los servicios de gas y electricidad.
El ciclo de protesta contra los tarifazos de Cambiemos, se inicia el 14 de julio de 2016, pero posee sucesivas manifestaciones: el 4 de agosto de 2016; el 16 de marzo, el 19 y 20 de diciembre de 2017; el 18 de abril, el 20 de septiembre, el 28 de diciembre de 2018; y continúan durante este año (por ejemplo el 4 y 10 de enero).
Esta dinámica de aumento del conflicto social desde el año 2012, que refleja el proceso de composición de clase, es la base del bloqueo popular al ajuste. En gran medida el kirchnerismo había tramitado el bloqueo popular al ajuste mediante su desplazamiento hacia adelante, a costa del estancamiento y el desequilibrio en las cuentas públicas.
El macrismo buscó realizar el ajuste pospuesto, emprendiendo una política de ataque contra el trabajo, pero al menos en una primera fase tuvo grandes dificultades para llevarlo adelante. De ahí la impaciencia de Romero. Veremos que cuando el gobierno actual avanzó más contundentemente en el ajuste, fue a costa de la continuidad de su proyecto político.
Pasaron cosas: la coyuntura 2018-2019 -Tire y afloje.
El periodo de Cambiemos en el gobierno tuvo un claro punto de inflexión: el 14 de diciembre de 2017. Es cuando, luego de la creciente presión por la lucha callejera, el oficialismo debe suspender la sesión parlamentaria donde buscaba aprobar la reforma previsional. La movilización contra la reforma previsional, protagonizada por los movimientos sociales, por las dos CTA, por la CGT y organizaciones de izquierda; expresó el punto más alto del rechazo a la política de ajuste de Macri. Aunque luego la reforma previsional sería aprobada el 18 de diciembre, en medio de una huelga general y nuevas movilizaciones; fue una victoria pírrica del oficialismo, ya que el límite político al ajuste había quedado aquel día. Quedaba enterrado, por el momento, el “reformismo permanente” (reforma laboral, previsional e impositiva). Tras estos sucesos, el 28 de diciembre en una conferencia capitaneada por el Jefe de Gabinete Marcos Peña; el entonces Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne anunció el cambio en la metas de inflación para el año 2018, anteriormente fijadas por Alfonso Prat-Gay en su paso por el Ministerio de Economía.
El cambio de metas de inflación (de la franja 8% al 12% al 15%), significaba una señal de relajamiento de la política de restricción monetaria, y el morigeramiento de la política de ajuste. -Combo: corrida cambiaria + devaluación + inflación. La espiral que articula estos tres elementos tiene lugar desde fines de abril de 2018.
La corrida cambiaria, aunque alentada por el cambio de las condiciones internacionales (suba de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, FED) y facilitada por la apertura de la cuenta financiera; expresaba en el fondo -como sugiere Adrián Piva- la respuesta descoordinada de los capitales individuales al desafío de diciembre de 2017.
Los capitales desarmaron su deuda tomada en pesos y realizaron su ganancia en dólares, cortando de hecho el financiamiento privado internacional. Finalizaba el financiamiento internacional de acreedores privados, sobre el que se había basado parte del ciclo de endeudamiento del gobierno, por la falta de condiciones políticas y macroeconómicas de estabilidad. Toda deuda, pública o privada, se sostiene siempre sobre la apuesta futura de subordinación de la clase trabajadora, que es la condición para el repago. Cuando esa condición se ve amenazada, el capital escapa fugando. Lo que en este caso tomó la forma de una crisis financiera.
-Y ahora… ¿quién podrá “ayudarnos”?
En este contexto, donde se expone la crisis en su sentido más claro, el gobierno nacional estableció en junio de 2018 un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El acuerdo stand by firmado y renegociado en varias oportunidades (como ha sido analizado en Tramas 6 y Tramas 13) se sostiene sobre un programa fiscal y financiero que profundiza el ajuste. En este marco, se agudizó la recesión.
Según datos de CIFRA (2019), entre abril de 2018 y abril de 2019 se sostuvo la caída de la actividad económica y se profundizó la caída del salario real, alcanzando un 9% de mayo de 2018 a mayo de 2019. En el mismo período, la caída del empleo registrado fue de 216 mil puestos de trabajo y aumenta la pobreza, alcanzando un 35,4% en el primer semestre de 2019.
El escenario hoy.
El avance del proceso de ajuste sobre las condiciones de vida del pueblo se viene dando en correlación con un retraimiento de las acciones de lucha. Los conflictos laborales con paro fueron declinando: en 2016 fueron 1.310; en 2017, 1.010 y en 2018, 833. Esta dinámica continuó durante el curso de este año. Como señala el último Informe del Observatorio del Derecho Social, la conflictividad laboral en el segundo trimestre de 2019, disminuyó respecto del mismo período en 2018 (21%). Esto se explica principalmente por una fuerte caída del conflicto en el sector público (del 47% con respecto al mismo período en 2018).
En este punto, surgen varias preguntas: ¿A qué se debe la baja en los niveles de conflicto social? ¿Cuánto incide en esta baja del conflicto la estrategia contención e institucionalización del conflicto de actores sindicales y políticos? ¿Qué importancia tienen factores como el miedo y la incertidumbre que pesan sobre la subjetividad del trabajo? Esta tendencia, ¿se mantendrá en el mediano plazo? Abordar estas preguntas nos lleva a pensar el periodo de transición entre el gobierno de Macri y el que iniciará Alberto Fernández el próximo 10 de diciembre.
El presidente electo y la alianza política en la que se apoya, han “ordenado a la tropa” detrás de expectativas de inauguración de una nueva etapa en la que se recuperaría lo perdido durante los cuatro años de macrismo. En este marco, Fernández habla de pacto social y de relanzamiento del crecimiento económico; recuerda a Néstor Kirchner y asegura que vuelven “para ser mejores” y, al mismo tiempo, advierte lo profundo de la crisis, los condicionamientos que plantea la deuda y -desde ahorallama a contener la lucha social.
Nuevas preguntas se abren ante lo que viene: ¿qué condiciones tendrá el nuevo gobierno para “prender la economía”?, ¿con quiénes y en qué términos elegirá construir consensos?
El problema perspectiva.
El estancamiento, primero, y la crisis abierta más recientemente no solo signan gran parte del proceso político y económico de los últimos años, sino que además son una clave para buscar alguna pista del escenario que se abre con la derrota de Cambiemos. La nueva administración hereda el objetivo de reimpulsar el proceso de acumulación de capital. ¿Qué codiciones posee para esto? ¿Ya está realizado el ajuste y sobreviene la recuperación de los niveles de actividad económica? Son preguntas de difícil respuesta.
A favor, para cumplir este objetivo, es que precisamente parte del ajuste se realizó: se desvalorizó fuerza de trabajo y capital. Si es suficiente, no lo sabemos. Como factor en contra, se encuentra el peso de la deuda pública con acreedores privados y con el FMI que serán una fuerte presión para mantener políticas contractivas. Por esto, en la renegociación de la deuda se juega gran parte del margen de maniobra de la futura política económica. Aún con sus diferencias, el escenario marcado por la presión para el ajuste y por el bloqueo popular al mismo que se abre desde el año 2012, guarda relación con otros momentos de la historia argentina.
Para describir esta lógica de vetos recíprocos en que ninguna de las dos clases puede imponerse clara y duraderamente sobre la otra, hace un tiempo algunxs apelaron a la imagen del “empate” o del “equilibrio catastrófico”. En el período de posguerra, la burguesía lograba desempates transitorios apelando al orden y disciplinamiento que garantizaban las fuerzas armadas. Aunque el terrorismo de Estado que ejecutó la última dictadura cívico-militar, permitió posteriormente articular la dominación bajo la forma democrática, administrar la insubordinación del trabajo no dejó nunca de ser un problema. Esto se expresó, por ejemplo, en la impotencia del alfosinismo tardío para quebrar la resistencia e imponer la reestructuración capitalista que exigía la burguesía y los organismos internacionales; el desempate aquella vez corrió a cuenta del mercado: fue la violencia hiperinflacionaria con la disolución de la moneda como equivalente general la que pavimentó el paso al ajuste estructural. Las formas concretas de resolución de las crisis son siempre históricas, por lo que no podemos adivinar el devenir de la actual, aunque si podemos prever que en algo de eso tendrá que ver la lucha de clases.
Fuente. Tramas.Boletín de noticias sobre trabajo y sociedad de Bahía Blanca. Colaborador invitado: Emiliano Fernández. Analé Barrera y Lucas Castiglioni
Foto: “mise en place para salir del fondo” Autor: Horacio Culaciatti