No fue una iniciativa del Gobierno, fue una condición del Fondo. La clave para entenderlo está en la deuda: para los técnicos del organismo, la Argentina comenzó a presentar un panorama de deuda que va de la calificación de “sustentable pero no con alta probabilidad” que podría llegar a la “insustentabilidad” en los números de su deuda. Llegar a esta última condición implicaría para la Argentina la imposibilidad de recibir los próximos u$s5.400 millones de aquí a fin de año.
Como es sabido, el crédito stand-by que el FMI le dio a la Argentina es “excepcional” (técnicamente hablando) porque el monto va más allá de lo que le corresponde al país. Según la normativa del Fondo, sólo podía otorgar ese tipo de programa a un país si se cumplía con determinados requisitos, entre ellos, que presentase algún tipo de proyección alentadora para conseguir fondeo en el mercado de capitales (bonos) y una deuda pública “sustentable” con “alta probabilidad”.
Como Argentina ya no puede emitir bonos (tasa alta), no accede a préstamos de otros países, la única condición que podía ofrecerle al Fondo para que comience a destrabar el desembolso de los u$s 5.400 millones es la de “reperfilar” la deuda cuyo vencimiento se produzca durante el cronograma original de repago del préstamo del FMI.
Cláusulas de acción colectiva para todos
Otra de las novedades es que no habrá, en principio, canje de deuda. Según altas fuentes oficiales, “esto se trata de aplicar cláusulas de acción colectiva”. Esto es, que si una mayoría definida aprueba modificación a los términos de emisión original, se aplica a todos los tenedores. “Los títulos bajo Ley Nueva York tienen esas cláusulas y dicen que si el 75% de una serie o el 66% de un grupo de series los tenedores lo aprueban, pasa”, señaló.
Pero el dato más relevante es que, para los bonos con legislación local como los Bonares, los Bopomo, los Bogato y los Boncer, no existe esa cláusula. La idea sería proponerle al Congreso que las incluyan. Se necesitaría, en principio, mayoría especial en ambas Cámaras. Según la fuente, “de esa manera también se le daría la oportunidad de dar el apoyo institucional a una idea que al próximo gobierno le debería interesar si es exitosa en despejar el perfil de vencimientos”.
Para eso el Gobierno estima que se aplicaría la misma cláusula en la deuda de legislación local, es decir, que se aplicarían los mismos condicionamientos que rigen los bonos con legislación extranjera.
Si bien una de las medidas consiste en que las Lecap Letes Lecer y Lelinks (se calculan unos u$s13.000 millones) en poder de los inversores institucionales serán refinanciadas, Lacunza anunció que se elevará al Congreso un proyecto de ley que provea las herramientas necesarias para promover “un reperfilamiento voluntario de vencimientos de capital bajo jurisdicción local, sin quita de capital ni intereses y con la sola extensión de plazos”. Al mismo tiempo, el Gobierno señaló que “se da inicio del proceso de reperfilamiento de los bonos bajo legislación extranjera, bajo las cláusulas de acción colectiva, con el mismo fin de extender los plazos de vencimiento, sin quitas de capital ni intereses, a fin de completar un perfil financiero menos exigente para el período 2020-23, que genere alivio financiero para la concreción de políticas económicas y sociales que inserten al país en un sendero de crecimiento sostenido”.
Por último, según las autoridades, “además de haber cumplido estrictamente con todas las metas fiscales y monetarias del acuerdo con el FMI para dar continuidad al acuerdo vigente, hemos propuesto a ese organismo internacional iniciar el diálogo, que inexorablemente deberá concluir en el próximo mandato, para reperfilar los vencimientos de deuda con ese organismo internacional”.
Fuente: ámbito.com