La Tarifa Social eléctrica: un derecho en extinción

El esquema establecía 150 kWh/mes gratuitos para los beneficiarios. La principal crítica a esta medida radica en que la bonificación se otorgaba para un nivel de consumo que resulta escaso para una familia, si se tienen en cuenta las características climáticas, edilicias y económicas de los hogares a los que se apuntaba. En los consumos superiores se aplicaba un cuadro tarifario especial con un descuento de sólo el 15% sobre el cargo variable respecto a la tarifa plena.

A poco más de un año de su implementación, en un contexto de creciente inflación y caída del salario real, la Tarifa Social sufrió su primer recorte. Se estableció un nuevo esquema en el cual se quitó la gratuidad sobre los 150 kWh/mes, teniendo que pagar un cargo variable equivalente al 40% del correspondiente a la tarifa plena.

Esto implicó que para un consumo de 144 kWh/mes el incremento interanual (2016- 2017) fue del 757%. El consumo excedente a este primer tramo se pagaba de manera diferencial hasta 300 kWh/mes y por encima de este valor se pagaba el mismo precio que aquel establecido para los usuarios de tarifa plena, pero sin perder el beneficio sobre los primeros tramos de consumo.

A pesar del recorte a la tarifa social, el ex Subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria (y actual titular del ENRE) Andrés Chambouleyron, continuaba defendiendo la medida tal como se esboza en una publicación del ex Ministerio donde se sostiene que la Tarifa Social Federal es un “subsidio específico en favor de grupos de usuarios vulnerables” destinado a “la población debajo de la línea de pobreza, que requiere de manera indispensable la prestación regulada y subsidiada de los servicios”. El mismo documento señala la importancia de la implementación de un esquema federal, que permite la centralización y trazabilidad de los subsidios focalizados para un total de 4,1 millones de hogares (31% del total país). Una vez más, solo se trató de medidas de marketing político dado que los sectores de menores recursos debieron afrontar cada vez mayores costos para la energía.

Como si esto no fuera suficiente, tal política de focalización de subsidios fue eliminada del ámbito nacional a fines de 2018 como parte del consenso fiscal aprobado por ley 27.469, trasladando la responsabilidad de su implementación a cada provincia. La tarifa social hoy difiere según cada jurisdicción, en algunas provincias se mantiene el esquema formulado desde el gobierno nacional, en otras fue modificado eliminando el subsidio para una parte de la población. Tal fue el caso de Córdoba, donde el conflicto entre nación y provincia llegó a los diarios locales a través de una solicitada firmada por el Secretario de Energía Gustavo Lopetegui, en la que señalaba a la provincia como responsable de la eliminación de la Tarifa Social.

El Gobierno de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, para el área de concesión de Edenor y Edesur mantuvieron el esquema de Tarifa Social anterior. Sin embargo, la Tarifa Social en el resto de la provincia de Buenos Aires corrió otra suerte. Pese a que la Resolución N° 186 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos del Gobierno de la Provincia establece “la continuidad de los regímenes y mecanismos de instrumentación vigentes al 31 de diciembre de 2018” los cuadros tarifarios de Edelap, EDEN, EDES, Edesa y cooperativas aprobados por el organismo de control provincial contradicen la norma.

Esta Tarifa Social se estructura de la siguiente manera: quienes no excedan los 300 kWh/ mes mantienen un subsidio equivalente al que tenían hasta diciembre último, mientras que quienes superan los 300 kWh/mes pierden el beneficio sobre el total del consumo.

La provincia de Buenos Aires tiene un alto índice de pobreza, viviendas con poca aislación térmica y electrodomésticos poco eficientes que implican un mayor consumo eléctrico. Sumado a esto el 18% de la población utiliza la electricidad para tener acceso al agua y el 25% no tiene acceso al gas por red (según datos de la EPH-INDEC). A esto se le agrega el incremento interanual del 51% de la garrafa de 10kg (siendo que el subsidio de la garrafa social solo se incrementó en un 12%). En este contexto se estima que hogares por debajo de la línea de pobreza superan el consumo límite y por ende perdieron el beneficio de la Tarifa Social. Esto a su vez representa una fuerte discriminación en comparación a la tarifa social implementada en la jurisdicción que opera Edenor y Edesur, un 58% menor.

Para sintetizar, en materia de política tarifaria el Estado nacional viene reduciendo fuertemente los subsidios a la generación, las generadoras de electricidad cobran tarifas en dólares y las transportistas y distribuidoras actualizan las propias por medio de la indexación por índices de precios. Mientras que los usuarios vienen sufriendo incrementos muy por encima del índice salarial. Pero esto aún es más alarmante respecto a la población vulnerable, aquella que está por debajo de la línea de pobreza, que ve incrementar de manera cotidiana el precio de un servicio básico y esencial como es la electricidad. La política tarifaria del actual gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires una vez más ajusta sobre los sectores más vulnerables eliminando lo que ellos mismos sostuvieron cuando implementaron el tarifazo energético: subsidios focalizados a través de una Tarifa Social. Otra muestra que deja en claro quienes “ponen el hombro”, en palabras del presidente Mauricio Macri, para continuar con el cronograma de pagos del FMI y con la agenda de ajuste fiscal del gobierno.

Fuente. BAE Negocios

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