El Gobierno dispuso la emergencia en materia penitenciaria por tres años a raíz de la sobrepoblación carcelaria, déficit habitacional, cantidad de detenidos sin sentencia. También emitió duras críticas al Poder Judicial, por la escasa utilización del sistema de videoconferencias y la limitación de las audiencias solo a los horarios de atención al público.
“El déficit habitacional persiste y, según lo señalado por el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, puede afectar las condiciones de salubridad y añadir factores de violencia intracarcelaria”, advirtió el Ministro de Justicia Germán Garavano en la resolución.
En la misma resolución informó que capacidad operativa de alojamiento ideal a esa última fecha alcanza las 12.235 plazas, lo cual determina una sobrepoblación superior al 12%.
El Ministerio añadió que “mientras no pueda concretarse el traspaso de los aludidos órganos judiciales al ámbito de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, el alojamiento y la custodia de las personas privadas de libertad por disposición de los tribunales nacionales en lo criminal y correccional con asiento en dicha Ciudad continúa a cargo del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, hecho que también resiente las capacidades físicas de alojamiento de personas con las que cuenta dicho organismo”.
Fuente. minuto1