El oficialismo parlamentario cambió de estrategia frente al juez Alejo Ramos Padilla, quien investiga una red de espionaje ilegal que se conoció a partir de la denuncia de un empresario contra el falso abogado Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli. Mientras que la semana pasada Mauricio Macri ordenó acusar al magistrado ante el Consejo de la Magistratura, ahora los legisladores de Cambiemos tomaron como válida la palabra de Ramos Padilla en la comisión de seguimiento de organismos de inteligencia.
Su presidente, el senador radical Juan Carlos Marino y el diputado del PRO Daniel Lipovetzky, coincidieron en validar el testimonio del juez al advertir sobre la existencia de “organizaciones paraestatales” de inteligencia. En tanto, desde la oposición, el diputado Leopoldo Moreau señaló que esas organizaciones estarían monitoreadas desde el Estado.
Ramos Padilla expuso y respondió durante tres horas preguntas en la reunión con asistencia perfecta de la Bicameral de Organismos y Actividades de Inteligencia. La reunión fue de carácter reservado, “pero no secreto”, como aclaró Marino, su presidente, en el recinto el miércoles.
Lipovetzky fue el primero en hablar. “Hasta ahora en la investigación no aparecen organismos de inteligencia sino que son agentes paraestatales. Hay una organización paraestatal que estaría violando la Ley de Inteligencia, que involucra a D’Alessio y a ese vínculo extraño que mantiene con Etchebest (el empresario que denunció la extorsión)”, dijo el diputado macrista. “D’Alessio es un personaje de mucha verborragia que tira datos. Ramos Padilla debería avanzar con medidas de prueba sobre sus dichos”, dijo Lipovetzky, en un claro giro del oficialismo que pasó de querer enjuiciar al juez a reivindicar su palabra.
En ese sentido también habló el propio Marino, quien en la puerta del anexo del Senado sostuvo que ratifica “lo dicho por el juez de que hay una organización paraestatal que hay que desterrar”.
En tanto, el diputado del Frente para la Victoria (FpV) Leopoldo Moreau, presidente de la comisión de Libertad de Expresión que llevó al juez a exponer en Diputados la semana pasada, contradijo a sus pares oficialistas. Para Moreau, “está claro que no se trata de una organización paraestatal sino que cuenta con recursos y control desde el Estado”. “Es una forma de privatización de la inteligencia monitoreada por agentes de la AFI”, disparó el legislador.
La semana pasada el Ejecutivo, a través de su ministro de Justicia, Germán Garavano, inició el pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura, contra el juez tras sus dichos en Diputados. Esta semana, la diputada Elisa Carrió llamó «imbécil» al funcionario. Ahora, los legisladores de Cambiemos, dejaron de lado los cuestionamientos al magistrado y se centraron en despegar el funcionamiento oficial de las acciones que se están descubriendo de parte de agentes de inteligencia en relación a delitos contra empresarios, periodistas y políticos.
Fuente: teimpoar.com.ar