La decisión fue adoptada por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi que determinaron que el juez Bonadio fije la fianza que deberán pagar los empresarios y señalaron que no podrán salir del país ni ausentarse de sus lugares de residencia por más de 48 sin dar aviso a la justicia.
Los jueces de la sala I del tribunal de apelaciones sostuvieron que no había elementos para determinar que el encarcelamiento de los empresarios fuera necesario para garantizar el éxito de la investigación de la supuesta cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo.
«No se verifica en este supuesto la concurrencia de indicadores de riesgo de suficiente entidad como para sostener que la restricción personal impuesta es la única alternativa viable a los fines de garantizar el éxito de la investigación», aseguraron.
Además, señalaron que no se detectaron elementos que permitan determinar que los empresarios asumieron conductas tendientes a obstruir o eludir el accionar de la justicia.
Fuente: ámbito.com