La gobernadora María Eugenia Vidal recibió, el jueves de la semana pasada, a diputados de Cambiemos, en un encuentro que se centró en los ejes de la política oficialista en la Legislatura para este año.
«Nos pidió que estemos muy activos», aseguró entonces el titular de la Cámara Baja, Manuel Mosca, acerca de los parámetros marcados por el Ejecutivo a sus espadas legislativas.
El bolivarense explicó que la mandataria bonaerense “nos pidió mucho trabajo, que estemos muy activos en la discusión de lo que va a significar la paritaria docente, donde queremos ampliar el debate y hacer participar a todos los actores que pretenden una educación pública de calidad”. Y cumplieron, porque el tema del regreso a clases, aunque puesto en duda tras el fracaso de la paritaria, fue un caballito de batalla del oficialismo en las redes sociales.
Sin embargo, en las últimas horas La Tecla conoció que hay un tema que preocupa y desvela a Vidal, y que en dicho encuentro se los comunicó de manera taxativa a los diputados de Cambiemos.
En concreto, les pidió que avancen con un tema pendiente, que pretende transformar en ley este año, el último de su gestión: el del combate a los denominados «motochorros».
De acuerdo con una fuente legislativa, la orden bajada por Vidal llegó directamente hasta Matías Ranzini, hombre de confianza del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y Presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, en presencia de otra legisladora con peso en este tipo de temas: la platense Carolina Píparo.
«Apuremos ese proyecto, por favor», lanzó la Gobernadora al legislador oriundo de Zárate, algo que fue confirmado por varias fuentes de la cartera que comanda Ritondo.
Es más, desde el oficialismo creen posible que la próxima semana pueda ser tratado sobre tablas. «Ya lo pasamos por dos comisiones», aseguraron a este medio, en relación con Transporte y Seguridad.
El proyecto original fue presentado -y luego frenado- en abril del año pasado por el propio Ritondo, en compañía de Mosca y Ranzini, con puntos destacados como la obligación para los motociclistas de circular con un casco y chaleco identificados con la patente del vehículo.
Según la normativa, a quienes no lleven estos elementos se les podrá secuestrar el vehículo (no podrán cargar combustible en las estaciones de servicio), el cual tendrán sesenta días para poder retirar, seguramente previo pago de una multa, más la presentación de los pertinentes papeles.
El año pasado, se informó que a través de un convenio que deberá ser firmado por los intendentes y el ministerio no después de 45 días de promulgada la ley, los Ejecutivos municipales deberán delimitar los lugares de exclusión para el uso de chalecos y casco con identificación dominial. También se indicó que no se podrá cargar combustible sin dicha identificación, aunque no quedó del todo claro.
«No es lo mismo, por ejemplo, el movimiento en la zona bancaria de Ciudadadela o Ramos Mejía a las dos de la tarde que lo que puede ocurrir en General Guido o Coronel Pringles», explicó Ranzini en su oportunidad.
Fuente: La Tecla