En octubre de 2012, el gobierno de Cristina Kirchner sancionó una normativa que modificaba el Reglamento General de la Actividad Aseguradora y obligaba a las compañías del sector a destinar el 3% de su cartera de inversiones a instrumentos PyME. De esta manera se incentivaba el financiamiento del sector PyME, el mayor creador de empleos del país y se genereba un círculo virtuoso que dinaminazaba la economía.
Siete años más tarde las Pymes son las grandes víctimas del modelo impulsado por Mauricio Macri desde la Casa Rosada. A los tarifazos impagables de los servicios públicos se sumó la abrupta caída del consumo, la profundización de la recesión y las altísimas tasas de interés que les hace imposible financiarse y operar en descubierto.
Además amplió la variedad de instrumentos financieros y dio un plazo escalonado de 0,5% por mes para llegar, entre marzo y junio, al nuevo piso de inversiones en instrumentos PyME. Se mantuvo sin cambios el tope máximo de inversión del 20%.
Entre los nuevos instrumentos PyME que podrán suscribir se encuentran cheques de pago diferido, facturas de crédito electrónicas, pagarés avalados, certificados de obra pública emitidos a favor de pymes, obligaciones negociables, valores fiduciarios y/o valores representativos de deuda emitidos por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo.
En 2012 la encargada de presentar la medida en el Salón Malvinas Argentinas del Palacio de Hacienda había sido la entonces ministra de Industria Débora Giorgi. «Esta medida es parte del compromiso del gobierno de Cristina y de Néstor Kirchner, desde 2003, en poner a las pymes en el centro de la escena. Eso significa mayor densidad industrial, crecimiento federal y aprovechar las ventajas competitivas que ofrecen las pymes», dijo Giorgi en aquel entonces.
Para el gobierno de Macri, la decisión de profundizar esta medida del kirchnerismo apenas supuso un escueto comunicado tras la publicación de la resolución en el Boletín Oficial.
Fuente: Minut0uno