“La infraestructura a veces necesita una inversión que vamos tratando de hacer como corresponde pero siempre demanda muchísimo mas”, dijo recientemente en una visita a la ciudad de Azul el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari. Según publicó El Tiempo no hubo más palabras al respecto.
Claro, tampoco hay mucho más para decir. Aunque no sea demasiado lo que dijo, es la primera vez que Ferrari se anima a tanto. Antes, el encargado había sido el subsecretario de Política Penitenciaria bonaerense, Juan José Baric, quien sin vueltas, y ante la sorpresa de la cúpula de Justicia, manifestaba que el Plan A quedaría trunco.
Sí, tal como informó La Tecla tiempo atrás, la crisis pegó para todos. Extra e intramuros. Urgido por costosas demandas coyunturales para sostener el sistema y los problemas económicos que nunca se fueron, el gobierno de Vidal se vio obligado en los últimos meses a cambiar el rumbo en una de las patas de la política penitenciaria: la reducción de la sobrepoblación carcelaria.
El “Plan A”, de hace dos años, que incluía un ambicioso proyecto de una década, con emprendimientos de megaconstrucciones de unidades penitenciarias y otras medidas, no pudo avanzar. “La idea original tuvo que ser modificada, tuvimos que hacer un cambio de dirección debido a la situación económica”, reconoció Baric.
Para el funcionario, el “escenario crítico” con el que se encontraron cuando asumieron terminó por consumir los recursos que iban a destinar a la construcción de tres cárceles modelos en las localidades de Sevigné (Dolores), Agote (Mercedes) y una tercera que se debatía entre los distritos de Magdalena y Olavarría.
“Había abandono de lo más variado”, agregaba el subsecretario en un mano a mano con La Tecla. Por caso, en la Unidad N° 35 de Magdalena se cayó el muro principal del penal, y en Sierra Chica, los desechos cloacales iban a un descampado, que luego desbordó y terminó con los desperdicios sobre la ruta.
Surgió entonces el “Plan B”: un compilado de acciones a corto y mediano plazo para reducir la sobrepoblación carcelaria. Entre las medidas se encuentran la expulsión del país de presos extranjeros y el traslado de varios miles de reclusos al sistema federal. Eso sí, de aquel viejo proyecto que también La Tecla presentaba en exclusiva, nada de nada.
LO QUE IBA A SER, NO FUE Y NO SERA
«Cárceles, un plan a futuro: dónde estarán los nuevos complejos que albergarán a unos 4 mil internos», titulaba este medio allá por septiembre de 2016, cuando la crisis no era lo que es hoy, cuando faltaba un año para las legislativas. En ese entonces, con bombos y platillos, Ferrari y los suyos presentaban el Plan Estratégico 2016-2026.
“No vamos a poder resolver durante esta administración el problema del hacinamiento en las cárceles. Nosotros heredamos una situación que indica que la última cárcel grande que se construyó es de 2001. Y por agregar algo, las últimas tres cárceles que recorrí son de 1887, de 1880 y de 1909”, decía ante La Tecla el ministro de Justicia.
El objetivo general es “reducir el hacinamiento (no terminar con él) aumentando la cantidad de plazas disponibles”. Así las cosas, a corto plazo se preveía la construcción de alcaidías, sobre todo para descomprimir las comisarías. Y a mediano y largo plazo se estimaba la concreción de, al menos, tres complejos penitenciarios, que contendrán, aproximadamente, a 4.000 internos.
Aunque todavía ni siquiera se había puesto un ladrillo, el más avanzado era el de la localidad de Sevigné, en el partido de Dolores. El complejo, similar al de General Alvear, se erigiría en unas 55 hectáreas que el municipio cedió a la Provincia. Hasta el lugar ya habían llegado los arquitectos y especialistas de Justicia, que dieron el ok, y así se avanzaba con el primero de muchos pasos que finalmente serían en falso. Es más, nunca se dieron.
Si bien en un principio se habló de una unidad pequeña, lo cierto es que se iba a tratar de un complejo de considerables dimensiones. “Teniendo en cuenta el tamaño del predio, tenemos pensado construir un complejo penitenciario grande, con capacidad para 1.500 o 2.000 internos, aproximadamente”, indicaba el mencionado Baric.
“Va a tener tres o cuatro unidades internas. Existe la posibilidad de hacer unidades de mínima, mediana y máxima seguridad. Se calculan dos años de construcción. Lo único que hay hasta ahora es la cesión de tierras, o sea que se debe empezar de cero”, añadía confiado el funcionario; el mismo que reconoció que fracasó.
“Hay un proyecto ya iniciado. La idea es crear un complejo similar al de la Unidad 30 de General Alvear, que tiene tres unidades para 500 personas (mínima, mediana y máxima seguridad) y, a su vez, cuenta con estándares que internacionalmente satisfacen, por ejemplo, a organismos de Derechos Humanos (losa radiante en las celdas, sistema radial de planta baja con pabellones cortos, etcétera)”, decía Baric.
Y menos se avanzó con el segundo complejo, pues en ese entonces no había definido siquiera un lugar físico, aunque sí se sabía que, al igual que el de Dolores, tendría capacidad para 1.500 o 2.000 internos. “Tenemos espacio en Magdalena y en Sierra Chica, pero la idea es tratar de asentarlo en un terreno que tenga un acceso más directo al Conurbano, que es de donde salen la mayoría de los detenidos y donde están los juzgados. Eso evita traslados largos e innecesarios”, añadía Baric.
Por último, en Agote (Mercedes), una localidad de poco más de 1.500 habitantes, se proyectaba una Unidad Penitenciaria para unos 800 reclusos, la cual iba a empezar a construirse durante este 2018. La particularidad de esta obra es que sería costeada con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Obvio, nada de esto avanzó ni avanzará. Ya lo reconoció Baric, y de a poco también empieza a soltarse Ferrari.
Fuente: La Tecla