El fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello ordenó las primeras medidas de prueba en la causa por las cientos de identidades que Cambiemos utilizó para lavar dinero durante la campaña de 2017 que ya suma 467 casos, todos ellos correspondientes a personas que reciben planes sociales y viven en villas de la provincia de Buenos Aires.
Según anticipó el periodista Martín Ángulo a través de su cuenta de Twitter, Di Lello solicitó a la Cámara Nacional Electoral información sobre los domicilios y las afiliaciones partidarias -si existen- de los primeros 205 aportantes falsos denunciados en la investigación. Y a la ANSES, si son beneficiarias de planes sociales. Ambas con carácter de urgente.
Además, Di Lello le solicitó a Gendarmería Nacional constatar si los domicilios son reales y cuáles son las condiciones socioeconómicas y de la vida de esas personas. Para ello, tomó a 50 casos al azar, determinando los primeros y los últimos 25 por orden alfabético y no a las 205 personas.
Cabe destacar que el fiscal decidió iniciar una causa preliminar a partir de la investigación publicada por este medio, lo que incluyó la declaración testimonial del periodista a cargo del artículo.
En paralelo, en Comodoro Py se tramita otra causa penal, en este caso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, originada por la Organización No Gubernamental La Alameda.
Recientemente, también se reveló que los casos ya ascienden a 470 y que, todos ellos, sin excepción, fueron afiliados también al partido gobernante, lo que adicionaría nuevos delitos en los que se incurrió.
Fuente: El Destape