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Tarifazo: de los impuestos municipales y otras mentiras

El gobierno nacional busca por estos días descargar en las provincias y municipios el peso de la suba de tarifas, tratando así de ocultar la feroz transferencia de ingresos de los hogares a unos pocos accionistas y multimillonarios de la energía.

Con ¿desconocimiento?, insisten,por ejemplo, en que los municipios dejen de cobrar tasas sobre las boletas de luz. Sin embargo, (descontando el bajo impacto real que podría tener esa medida) esa es sólo una posibilidad para el interior del país ya que en el área de cobertura de Edenor y Edesur (más de 10.000.000 de personas) el régimen tributario está definido por la ley 14.772, que establece la jurisdicción nacional sobre la Capital y gran parte del conurbano, y por el decreto 714/92, de creación de EDENOR S.A. y EDESUR S.A. a los fines de la privatización de la actividad de distribucion y comercializacion de energía eléctrica.

En el artículo 19 del decreto se fija en un 6% la contribución que deben abonar a las municipalidades en “concepto de único impuesto y contribución, tanto de índole fiscal como en lo referente al uso del dominio público municipal”. Es decir, en lugar de multiplicar los porcentajes que cada municipio podría cobrar a las empresas por derecho propio y según establecen tanto la Constitución Nacional y provinciales de promoción de las autonomías municipales, la normativa nacional estableció un 6% uniforme para toda el área de cobertura de estas empresas.

Si realmente el presidente Mauricio Macri quiere que los municipios no cobren tasas, debe solicitarle a su secretario legal y técnico que le redacte un decreto modificatorio del 714/92, evitar que se constituya alguna mayoría parlamentaria que pueda derogar el mismo y garantizar con el presidente de la Corte que no se lo declaren inconstitucional.

Cualquiera sea el camino, lo que tienen que entender en el gobierno nacional es que la autonomía municipal sin recursos es una quimera. La alternativa, es la abolición de la representación local y la vuelta de los interventores nombrados por el Poder Ejecutivo. Ya sabemos, siempre, las alternativas a la democracia y al Estado de Derecho, devienen en algún tipo de dictadura.

Fuente: El Destape

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