El presidente Mauricio Macri promulgó el decreto 93 a fines de enero, que prohíbe las designaciones en el sector público nacional de parientes hasta en segundo grado, incluidos cónyuges y uniones convivenciales del presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, ministros y funcionarios con rango de ministros (Art.1). El plazo que tenían dichos funcionarios para desvincularse de sus cargos en el gobierno venció el 28 de febrero. A pesar de que son aproximadamente cuarenta los funcionarios alcanzados por la norma, hasta el momento sólo se efectivizó la renuncia de trece de ellos, entre los cuales se encuentra el presidente y gerente general de Arsat (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA), Rodrigo de Loredo, yerno del ministro de Defensa, Oscar Aguad, designado cuando su suegro era ministro de Comunicaciones, cartera que fue absorbida luego por el Ministerio de Modernización.
En el Gobierno se especuló con la posibilidad de aplicar excepciones, al considerar como antecedente el desempeño positivo de algunos funcionarios en el cargo, como el caso del renunciante presidente de ARSAT. A la evaluación positiva de su gestión se sumó la presión que ejercieron algunos representantes del sector privado, como por ejemplo, la Cámara Argentina de Cable-operadores e Internet pyme (CACPY), conducida por Marcelo Tulisi. El directivo consideró que ARSAT había cumplido con su tarea como empresa pública, en particular, por llegar con internet a localidades donde los privados no lo hacen.
¿Cuáles son las bondades de la gestión de De Loredo que fueron tan bien valoradas? Posiblemente se relacionen con los primeros balances contables al inicio de su gestión, que resultan poco claros ante la orfandad de datos de la gestión anterior. Según estas fuentes, De Loredo asumió al frente de ARSAT con un pasivo de $315 millones, a finales de 2016 los ingresos fueron positivos en $75 millones y 2017 cerró con un saldo a favor de $367 millones, tras haber facturado más de $1.500 millones, de los cuales el 70% provino del sector privado. A estos datos publicados en La Nación, De Loredo los sustentó con algunas convicciones acerca de la relación público/privada del funcionariado de Cambiemos: «En vez de ser un CEO que aprende a hacer política, soy un político que está aprendiendo a ser CEO”, afirmó.
Una política pública que independice la rama satelital e impulse a la vez la industria nacional asociada a su desarrollo, no debiera sustituirse con el análisis contable de un breve período. En 2015, el Congreso sancionó la Ley 27.208 de Desarrollo Satelital, que declaró de interés y prioridad nacional el desarrollo de la industria en lo que respecta a satélites geoestacionarios de telecomunicaciones. También aprobó el Plan Satelital Geoestacionario Argentino (PSGA), que estipula la fabricación de ocho satélites nuevos hasta 2035.
Las directrices más importantes en la materia impulsadas desde ARSAT contradicen los fundamentos de dicha norma: en 2016 se frenó el desarrollo del tercer satélite, se autorizó la operación de siete satélites extranjeros que compiten con los propios; se firmó una carta de intención que retomara el desarrollo del satélite Arsat 3, creando para ello una nueva sociedad, Newco, en la cual el Estado es socio minoritario, mientras que la empresa de capital privado Hughes con la que se firmó el acuerdo retendría el 51% del paquete accionario de la nueva compañía. Según este documento, el Arsat 3 se fabricaría en Invap, con la misma estructura de las misiones previas a un costo solventado por la compañía argentina de 230 millones de dólares. «Están delegando atribuciones que están prohibidas en la Ley 27.208 de desarrollo de la industria satelital», opinó Jorge Aliaga, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y nexo entre Arsat y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva durante la última gestión.
Ya son doce los satélites privados autorizados por esta gestión, que compiten con Arsat 1 y 2 en los servicios que prestan. Y para dar sustento a las afirmaciones de Héctor Huici, secretario de Tecnologías de la Información y Comunicación, quien definió al desarrollo de la Televisión Digital como una “mochila de plomo” por su escasa rentabilidad, se frenó la instalación de antenas de televisión digital (ver aparte) y se discontinuó la entrega de decodificadores, además del despido de ciento ochenta trabajadores de la TDA vinculados al desarrollo de contenidos.
Se barajan varios nombres para suceder a De Loredo en el cargo: Henoch Aguiar, vicepresidente dela compañía, experto en la materia. Proviene del partido radical y fue el secretario de Comunicaciones de la gestión de Fernando de la Rúa que, en 2000, terminó de desrregular al sector.
También, del mismo riñón de la compañía, Sergio Tarallo (subgerente general) o Raúl Martínez (director de Arsat), ex SOCMA, y por ello, muy vinculado a Macri. También se baraja el nombre de Emiliano Kargieman, CEO de Satellogic, la empresa argentina que diseña nano satélites.
Si bien la experiencia histórica e internacional demuestra que todo desarrollo tecnológico está vinculado a un rol activo por parte del Estado, todo indica que el rumbo de la política pública para ARSAT, más allá de quien sea el sucesor de De Loredo en el cargo, es el de profundizar el desguace de la empresa vía su apertura a la explotación privada.
Fuente. LetraP