La muerte de la renombrada periodista y diputada porteña en un procedimiento médico diagnóstico rutinario causa consternación. Una endoscopía –que es un estudio de uso frecuente en la práctica médica y, en general, de altos niveles de seguridad– terminó abruptamente en el fallecimiento de la paciente. Más allá de que este caso se encuentre bajo investigación judicial, la gravedad del tema merece una evaluación más general.
Para ello resulta pertinente apelar al Índice de Acceso y Calidad a la Atención Médica que publicó la prestigiosa revista internacional de medicina The Lancet. Se trata de un indicador que busca medir la calidad de los sistemas de salud de 195 países basándose en las tasas de mortalidad de 30 factores de muerte evitables. Uno de ellos son los “Efectos Adversos de los Tratamientos Médicos” que mide la mortalidad por complicaciones provocadas por medicamentos, dispositivos médicos e incidentes ocurridos durante la atención médica y/o quirúrgica por reacción anormal del paciente o complicación posterior. En otras palabras, muertes provocadas por errores en los tratamientos médicos.
El indicador adopta valores entre 0 y 100. A mayor valor, menor frecuencia de muertes por efectos adversos de los tratamientos médicos. Tomando países de la región aparece que:
- Los sistemas de salud de Colombia y Chile arrojan valores para el índice de 77 y 71, respectivamente.
- Los sistemas de salud de Uruguay, Perú y Brasil se ubican en valores entre 52 y 59.
- El sistema de salud de Argentina apenas alcanza el valor de 41.
- Estos datos señalan que la cantidad de muertes por efectos adversos de la medicina en Argentina es significativamente más alta que en los países vecinos. Ciertamente que este tipo de indicadores adolece de imperfecciones y sesgos, pero la magnitud de las diferencias con los otros países es muy sugerente. El caso de la periodista y legisladora es más resonante porque la paciente era una persona pública que vivía en Buenos Aires, pero es altamente probable que sea una más de las miles de muertes anónimas provocadas por malas prácticas en la aplicación de los tratamientos médicos.
En la organización del sistema de salud argentino prevalecen la desarticulación y las superposiciones entre los hospitales públicos, las obras sociales y las prepagas. Los ciudadanos hacen un enorme esfuerzo financiero para sostener su funcionamiento, pero gran parte de los recursos se diluyen en ineficiencia y la alta permeabilidad a la corrupción. El rechazo a medir calidad es visceral de manera que es muy dificil reconocer y premiar a quienes hacen bien su trabajo e identificar y penalizar las malas prácticas.
Uno de los principales factores que explica la crisis es la errónea idea de que los malos resultados es por falta de recursos y no por mala administración. Dentro del generalizado proceso de decadencia, las acciones tradicionales del Ministerio de Salud nacional no ayudan a una mejor gestión. Por un lado, porque se autoasigna un rol de ente rector del sistema cuando no lo es, debido a que en el arreglo constitucional de la Argentina la regulación y el control sanitario es responsabilidad provincial. Por el otro, porque induce al despilfarro al ejecutar programas que invaden funciones provinciales y municipales. Desde el nivel nacional se distribuyen medicamentos, dispositivos médicos, se construyen o reparan hospitales o se paga parte de las remuneraciones del personal de los centros de salud provinciales y municipales. Esto puede ser políticamente muy atractivo pero sanitariamente es muy ineficiente e induce a las autoridades sanitarias provinciales a abandonar roles centrales como es el control de la calidad médica, entre otros.
Un papel relevante que debería jugar el Ministerio de Salud nacional es establecer un sistema de medición y acreditación de la calidad que publique con rigurosidad, objetividad y transparencia los resultados de las intervenciones médicas de los efectores públicos y privados de todo el país. Con esta herramienta la población podría saber qué se hace con los recursos que invierte en salud y ser la base para establecer reconocimientos económicos a los profesionales e instituciones sanitarias que se esfuerzan por la capacitación y la búsqueda de la excelencia médica y penalizar la mediocridad.
Fuente. Informe Nacional IDESA