El presidente Mauricio Macri realizó una fuerte apuesta cuando, mientras aun la justicia investigaba las circunstancias de la muerte de Pablo Kukok, recibió como un héroe en Casa Rosada al efectivo de la policía local de Avellaneda Luis Chocobar.
No fue un error. Por el contrario fue una maniobra medida al milímetro y tras el apoyo de Macri, la plana mayor de Cambiemos con Horacio Rodríguez Larreta, Marcos Peña, Patricia Bullrichy María Eugenia Vidal a través de su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo salieron a respaldar y elogiar el accionar de Chocobar.
Poco importaba que horas más tarde se conocieran las imágenes de las cámaras de Seguridad que muestran cómo Chocobar dispara y mata por la espalda a Kukok, el delincuente de 18 años que había atacado y acuchillado segundos antes a un turista estadounidense en La Boca. El objetivo de Cambiemos no era la defensa de Chocobar en sí, sino instalar una nueva doctrina en materia de seguridad en la que la figura del gatillo fácil prácticamente desaparezca.
Ahora esta peligrosa doctrina acaba de obtener en la justicia un fuerte espaldarazo. El fiscal general Ricardo Sáenz se sumó este viernes al pedido de la defensa de Chocobar y solicitó ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional la absolución del policía acusado de gatillo fácil.
No sorprendió sin embargo su posición. Sáenz había utilizado su cuenta de Twitter el pasado 1° de febrero para elogiar la recepción como héroe que le hizo el presidente Macri a Chocobar y hasta había adelantado su posición sobre el debate. Una semana más tarde cumplió con lo que había anticipado en su cuenta en las redes sociales y pidió formalmente la absolución de Chocobar a pesar del video incriminador que obliga, por lo menos, a avanzar en una exhaustiva investigación sobre lo sucedido aquella tarde.
Sáenz no es un fiscal desconocido para el macrismo. De hecho su nombre es uno de los que suena con más fuerza en la Casa Rosada para reemplazar a Alejandra Gils Carbó al frente de la Procuración General de la Nación.
Desde 1993 se desempeña como fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en los Criminal y Correccional de la Capital Federal. Es vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, organismo que lo tuvo como presidente entre 2005 y 2010 y que en 2016 pidió la renuncia del juez Daniel Rafecas por desestimar, por inexistencia de delito, la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner.
Fue una de las principales espadas a la hora de reclamar la remoción de Gils Carbó, quien se había ganado la enemistad del Grupo Clarín cuando en 2007 falló contra la fusión de Cablevisión y Multicanal que había avalado el entonces presidente Néstor Kirchner. Sáenz es, además, secretario general de Certal, la entidad de lobby que sostienen las operadoras de cable, entre ellas precisamente el Grupo Clarín.
Fue además el organizador y la cara más visible de la movilización del 18-F en homenaje a Nisman y sostiene que la muerte del ex fiscal de UFI-AMIA podría ser calificada como un «delito de lesa humanidad».
En su dictamen sobre el caso tomó textuales y asumió como propios los argumentos de las querellas de Sandra Arroyo Salgado y de la madre del fiscal, Sara Garfunkel sin sumar elementos ni análisis nuevos que le permitieran sostener la hipótesis del asesinato.
Ahora, desentendiéndose de una prueba de peso como el video del momento en que murió Kukok, Sáenz, lanzado de lleno en la carrera por ocupar la Procuración General de la Nación evitó contrariar al presidente Macri y se mostró decidido a sostener la hipótesis del supuesto acto heroico que implicaría un fusilamiento por la espalda.
Fuente: Minutouno