«No se encuentran situaciones que merezcan ser señaladas como irregulares, con lo cual se refleja la razonabilidad de la operatoria desarrollada por ENARSA». La conclusión pertenece a la contadora María Fernanda Inza, quien actuó como auditora contratada por la Universidad Nacional de Buenos Aires para controlar la compra de gas natural licuado (GNL) a través de los contratos que llevaron a la cárcel a Roberto Baratta. El ex número 2 de Julio De Vido no ahorró detalles en el escrito que presentó ante el juez Claudio Bonadío, el magistrado que ordenó la detención de ambos.
Inza es la actual secretaria de Legal y Técnica del gobierno bonaerense. La funcionaria custodia la legalidad de los actos administrativos de la gobernadoraMaría Eugenia Vidal. No sólo eso: es la tesorera de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y fue funcionaria de Mauricio Macri en la Ciudad y en la Casa Rosada.
BIOFRAFÍA. Contadora y docente. Estudió en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Entre 2008 y 2011 fue directora general Técnica y Administrativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo en ese momento del ahora presidente Mauricio Macri. En diciembre de 2015, asumió como subsecretaria técnica de la Presidencia y un año después se mudó a la provincia para ejercer su cargo actual de secretaria de Legal y Técnica tras el pase de Julio Conte Grand a procurador general de la Suprema Corte de Justicia. En el plano político, es la tesorera de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.
La declaración de Baratta pone en el ojo de la tormenta no sólo a la funcionaria, sino también a los organismos de control, como la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (SGN).
Baratta estaba a cargo de la Subsecretaría de Control y Gestión del Ministerio de Planificación, que era una de las partes que conformaban el Programa de Energía Total (PET), lanzado por el gobierno kirchnerista en 2007 para paliar la crisis energética. El programa se pensó originalmente para que tuviera una vigencia de 90 días, pero se extendió. Los motivos fueron la crudeza de los inviernos, el crecimiento de la industria y la caída en la producción local de gas.
Ante el juez Bonadío, Baratta se llamó a silencio, pero presentó un extenso escrito al que accedió este medio, donde da su versión sobre los motivos de la importación de gas y cómo era la operatoria.
Los contratos pasaban por varias auditorías, internas y externas, antes de que se consumaran los pagos cuestionados judicialmente. Baratta y De Vido están presos, acusados de pagar sobreprecios en la adquisición de GNL.
Uno de los controles era ejercido desde el año 2008 por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), tarea encomendada a la contadora Inza, quien, según la declaración de Baratta, concluyó que «la comparación de la información entre los distintos documentos analizados al momento, les permitió acreditar la razonabilidad de los mismos», es decir, de los precios pagados.
También Inza certificó que, en base a la documentación relevada, «se observa que el Plan de Gas Natural Licuado se desarrolló conforme lo dispuesto por la normativa vinculada al» Programa Energía Total (PET).
Para finalizar, la funcionaria de Vidal sentenció: «No se encuentran situaciones que merezcan ser señaladas como irregulares, con lo cual se refleja la razonabilidad de la operatoria desarrollada por ENARSA».
Según está escrito en el expediente judicial, en los informes (todos firmados por la contadora Inza, incluido su dictamen de 2016 que aprueba el ejercicio 2015) «se destacó que la operatoria desarrollada por ENARSA era la adecuada y que no se verificaban situaciones irregulares».
En otro tramo de su escrito, Baratta señaló que los organismos de control no hicieron objeciones. como tampoco las hizo la empresa Shell, cuya filial local era presidida por el actual ministro de Energía, Juan José Aranguren. «Sirve como ejemplo el hecho de que la Multinacional Shell participó en muchas de las licitaciones, siendo adjudicataria en algunos casos y en otros no; y Shell no formuló queja, ni reclamo ni acción administrativa o judicial por el hecho de no haber sido adjudicataria de algunas licitaciones», argumentó Baratta.
Sobre el final de su presentación, el ex funcionario solicitó que se cite como testigos a la comisión fiscalizadora de la empresa estatal ENARSA desde el año 2008 a 2015, intervinieron en las operaciones de compra de GNL.
También pidió que sean llevados ante los estrados el presidente de la UCR porteña y flamante vicedecano de Ciencias Económicas Emiliano Yacobitti y al decano de esa casa de estudios, José Luis Giusti, quienes «de diferentes maneras ejercieron las facultades de la Unidad de Seguimiento y Control del» Programa Energía Total (PET), para que expliquen «los procesos de fiscalización que se efectuaba de cada ejercicio PET/GNL anual».
La lista de testigos propuestos continúa con Santiago Carnero, director de YPF en representación del Poder Ejecutivo Nacional; Miguel Galuccio, Ceo de YPF al momento de la operatoria PET/GNL entre 2013 y 2015, y al funcionario macrista Sebastián Scheimberg, quien ocupa el cargo de Baratta y en 2016 aprobó el ejercicio PET 2015.
Un dato que no es menor: Baratta sostuvo en el expediente que la Auditoría General de la Nación (a cargo del dirigente radical Leandro Despouy) recibía informes trimestrales de la operatoria y nunca hizo objeciones.
También señaló que la Aduana «verificaba toda la documentación de los cargamentos con uso de un sistema de precios de referencia para las importaciones de comercio internacional» con miras a evitar la sobrefacturación o subfacturación de los bienes que ingresan al país. «Y nuestro país, al ser miembro de la OMC, debe seguir e instrumentar determinados mecanismos de observación y validación de precios en forma obligatoria para garantizar la razonabilidad de los mismos”, indicó el ex funcionario.
Luego de todos los controles de las importaciones de GNL por la Aduana, resultó que ENARSA «no» tuvo «ningún sumario iniciado a instancias de ese organismo con respecto a los precios del GNL o alguna otra observación», sostuvo Baratta.
Todo esto figura en el expediente que se tramita en el juzgado federal de Bonadío, quien ya adelantó que a él no le interesa investigar a las empresas que vendieron el combustible al Estado argentino.
Fuente: Letra P