Frente a los tribunales federales de Comodoro Py, convocada para exigirle a jueces y fiscales que no sean “cómplices de la corrupción” y que “agilicen las causas”, hoy se hará una marcha organizada por dirigentes vinculados al oficialismo a partir de las 15. La movilización provocó un fuerte rechazo de magistrados e investigadores, que exigen un cambio en los procedimientos para tener más herramientas para cumplir con su tarea.
Un juez federal que tiene en sus manos varios expedientes sensibles lo grafica: “Tengo entre 700 y 800 causas”. La cifra es elevada, pero más aún si se tiene en cuenta que el equipo de su juzgado es reducido, de apenas 40 personas. El magistrado se queja, además, porque la mayoría de los expedientes que resonaron en el mundillo judicial en los últimos tiempos tienen una ingeniería especial, con vínculos comerciales y económicos complejos. “¿Cuántas personas te imaginas que trabajan en cada causa?”, interpela. “Uno, con un asistente”, responde, algo indignado.
Lejos de ser una excepción, la alta cifra de causas en manos del juez que habla con este medio y prefiere no revelar su identidad es una costumbre, al menos en los juzgados federales, que en el último tiempo adoptaron cierto protagonismo a partir de investigaciones resonantes al poder político y económico. “Estamos colapsados”, dice.
No son pocos los magistrados y fiscales que rechazan la marcha de hoy. Dos jueces federales coincidieron en que existe una “estrategia de responsabilizar a la Justicia sin distinción”, y lanzaron una queja compartida: “Entramos en la misma bolsa por todos los males de la Argentina”. Pero además, exigen modificaciones claves para agilizar los procesos, sobre todo en causas complejas, con muchos vértices y puntas filosas.
Ayer, la dirigente de la Coalición Cívica y una de las organizadoras de la marcha, Marcela Campagnoli, lanzó una comparación entre el sistema brasilero – que condenó por corrupción a empresarios y políticos en un tiempo relativamente acotado – con el argentino, donde recién ahora comenzaron a elevarse a juicio oral y público unas pocas causas por delitos de corrupción política.
Sin embargo, otro juez federal aclara un dato. “En Brasil, el juez Sergio Moro tiene una sola causa, el Lava Jato. En la Argentina, yo tengo entre 700 y 800 causas. Ellos reformaron estructuralmente su sistema judicial. La Justicia se compone de las leyes, pero también de reglas de procedimientos que deben modificarse”, pidió el magistrado.
Otro juez federal, que también prefirió el anonimato, dijo que es respetable que se lleve a cabo una movilización, aunque consideró que es algo “más ideológico”. Incluso, destacó que “las investigaciones de corrupción han progresado notablemente en los últimos años”. Por eso, se esperanzó en que pronto comenzarán juicios orales y habrá sentencias.
Puertas adentro de Comodoro Py, tanto jueces de primera instancia como los de Cámara coinciden en un punto clave: es necesario modificar códigos de procedimiento que permitan agilizar las investigaciones, responsabilidad que no le corresponde el Poder Judicial, sino al Ejecutivo y al Legislativo. Sin ir más lejos, pocos días atrás la recientemente creada Asociación de Jueces Federales (AJUFE, el mismo nombre que tiene la asociación en Brasil), planteó una serie de modificaciones que podrían permitir avances clave y reducir los tiempos de una Justicia que, coinciden, es lenta.
Los jueces se quejan porque el resto de los países de la región tienen sistemas judiciales más expeditivos. “No lo hacen acá porque desde la política conviene arrojar las culpas a la Justicia, la Argentina es la oveja negra de la Justicia en el continente”, grafica otro magistrado con despacho en Comodoro Py.
Entre los reclamos que hacen varios magistrados se destacan la modificación de los procesos y la creación de una agencia de investigación especial y una policía judicial. En parte, los jueces atribuyen cierta demora a la complejidad de muchos delitos que deben investigar, de “cuello blanco”, es decir: criminalidad organizada, con una ingeniería compleja, que incluye aspectos financieros para analizar en detalle.
AJUFE también exige cuestiones casi históricas, como la cobertura de los juzgados federales que están vacantes. Otra de los reclamos es que aquellos jueces que tienen “megacausas” puedan ocuparse exclusivamente de ellas, como ocurrió en Brasil con Moro y el Lava Jato, y evitar que haya causas donde intervienen varios magistrados que se pisan.
“Las nuevas investigaciones son lentas. En Brasil, cuando hay un hecho probado, se envía a juicio y se obtiene una condena. Acá no se puede hacer eso”, remarcó el magistrado con varios años de experiencia. Y no tarda en quejarse de la marcha convocada para esta tarde: “No estamos mal por la Justicia en general. La clase política no quiere tener sistemas expeditivos, porque si se avanza en investigaciones también pueden aparecer”.
Fuente: bigbangnews.com