«El Presidente de la Corte es quien fija la agenda de los puntos que van a ser tratados. ¿Para qué lo hizo, si sabía que iban a aplicar la ley?», se preguntó a los gritos la diputada nacional Elisa Carrió este miércoles para volver a disparar sospechas sobre su enemigo íntimo: el juez Ricardo Lorenzetti, titular del máximo tribunal de Justicia que, hace diez días, volvió al centro del debate político. El 3 de mayo sus cinco miembros, en un voto dividido, habilitaron la conmutación de penas del 2 por 1 para genocidas presos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. La jefa de la Coalición Cívica, y socia menor de la alianza Cambiemos, defendió el arresto domiciliario para los acusados mayores de 75 años que tienen prisión preventiva. La mujer bramó en medio de una sesión extraordinaria de la Cámara Baja para corregir velozmente el alcance del fallo que permitió beneficiar al genocida Luis Muiña con la aplicación del cómputo de prisión preventiva, conocido como 2 x 1, que está previsto en el artículo 7° de la ley 24.390. Al día siguiente el Senado hizo lo propio y sancionó una norma de cuatro artículos donde establece que esa conmutación “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en los delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra”.
La corrección del Congreso contó con el apoyo urgente del Gobierno para despegarse de una resolución que había promovido en secreto, y a veces no tanto. Parte del análisis que baraja el entorno del Presidente gira en torno a una interpretación autocelebratoria de la «capacidad de respuesta» del oficialismo para curarse en salud antes de que fuera demasiado tarde. No todo son rosas: la movilización relámpago que buscó repudiar el fallo superó el medio millón de personas, reunió por primera vez en 13 años a casi todos los organismos de derechos humanos y generó un rechazo público cuyas consecuencias todavía no son medidas dentro del tráfico constante de encuestas y estadísticas que consume el Presidente y su jefe de Gabinete Marcos Peña.
El 2 x 1 mordió el arranque de una campaña electoral que el Ejecutivo buscará empezar lo más tarde posible, para que sea «lo más breve que se pueda». Detrás de esos mapeos, algunos interrogantes del Gobierno están centrados en la génesis de la tormenta. En las razones que, como dijo Carrió, llevaron a Lorenzetti a incluir ese punto dentro del temario que deberían votar sus colegas. El fallo contó con los votos favorables de Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco, una tríada que cuenta con dos jueces que fueron propuestos por Macri luego de un intento fallido de nombrarlos lor decreto. Las opiniones en contra del criterio de «ley mas benigna» en crímenes de lesa humanidad corrieron bajo la firma de Juan Carlos Maqueda y Lorenzetti. Tres a favor y dos en contra. La división de criterios puso a la Corte en un nivel de exposición negativa, cuya corrección comenzará a aplicarse cuando Macri firme el decreto para promulgar la ley que votaron las dos cámaras legislativas esta semana. No es el único freno: en el mismo tiempo la cantidad de fallos para negar o limitar la aplicación del «caso Muiña» se encamina hacia la decena. La última señal la dio este viernes el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que rechazó el pedido de libertad del ex capellán de la Bonaerense Christian Von Wernich, condenado a perpetua.
La corrección de un poder a otro surtirá efecto con el correr de los días, pero los heridas dentro de la Corte seguirán abiertas. Algunos añejos conocedores de Lorenzetti dentro del Palacio de Tribunales, interpretan que el titular de la Corte puso el tema en tratamiento para «hacerles pisar el palito a los dos nuevos» y volver casi imposible que le compitan por la Presidencia que se renueva en 2019. La hipótesis de la «zancadilla» a Rosenkratz y Rosatti suma matices con respecto al antecedente previo al debate sobre el 2 x 1, que data de febrero, cuando los jueces decidieron blindarse de la adhesión de la Argentina al Pacto de San José de Costa Rica establecida con la reforma constitucional de 1994. Esa legislación internacional implica que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pertenece a la OEA, deben ser acatadas en los casos donde el país esté involucrado. El caso “Fontevecchia y otros c/ República Argentina”, que luego blindó al Estado ante una posible condena de la CIDH por el 2 x 1 tuvo un sólo oponente a principios de este año: Maqueda, que perdió en un cuatro a uno impuesto por Lorenzetti y los tres jueces que tres meses después votarían la conmutación de penas que desató el escándalo.
El freno obligatoriedad a la obligatoriedad del Pacto de San José de Costa Rica también podría tener impacto en otro caso que está a un paso de resolución: la detención de la dirigente social Milagro Sala en Jujuy, provincia gobernada por el radical Gerardo Morales, uno de los cinco distritos donde manda el oficialismo. La decisión de los cortesanos sobre la prisión preventiva aplicada a la líder de la organización Tupac Amaru sería concederle el arresto domiciliario, suponen en dentro de la Casa Rosada, mientras aguardan que el plan de reducción de daños por el 2 x 1 surta efecto y los cortesanos vuelvan a influir en la agenda con un fallo determinante sobre una prisión política que incómoda a Macri.
Fuente: Letra P