Entre abundantes definiciones jurídicas de un discurso que pretendió ser una clase magistral de derecho penal, la diputada nacional Elisa Carrió sugirió durante el debate por el freno al 2×1 que los represores de mayor edad deberían contar con el beneficio de la prisión domiciliaria. Pasó la sanción de la ley, pasó la impactante marcha de los pañuelos, y la líder de la Coalición Cívica reivindicó esa teoría.
“Estoy de acuerdo con que las personas mayores de 75 años tengan prisión domiciliaria, hayan cometido delitos de lesa humanidad o no”, insistió la cofundadora de Cambiemos este viernes en diálogo con radio Mitre, y agregó: “No creo que responda al derecho humanitario que gente de 80 años esté detenida en cárceles comunes”.
Carrió fue una de las protagonistas del debate en la Cámara de Diputados, donde se gestó la letra chica de la ley para excluir del beneficio del 2×1 a los autores de delitos de lesa humanidad. Fue en ese marco que deslizó su opinión por primera vez: “Nosotros no nos podemos comportar como los genocidas. No le podemos mostrar a la sociedad que gente de 90 años está hundida en una cárcel, porque esto no responde al humanismo”, sostuvo. Pasadas las 23, cuando se votó el proyecto aclaratorio del fallo de la Corte, la diputada ya no estaba en el recinto.
“Acá hay una gran hipocresía, porque lo que hubo no fue un fallo incorrecto de tres jueces”, explicó Carrió este viernes, al indicar que Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti “fallaron conforme lo que establece el artículo segundo del Código Penal, que dice que siempre se aplica la ley más benigna”.
La diputada volvió a responsabilizar al kirchnerismo por la omisión legislativa que operó como resquicio para el fallo supremo. “Durante doce años el Congreso de la Nación no modificó el Código Penal en el artículo segundo diciendo que esto no se aplica a los delitos de lesa humanidad”, repitió, y añadió: “El Parlamento no puede decirse escandalizado por el fallo, si el problema es el propio Parlamento”.
Por otra parte, no perdió la oportunidad de echarle parte de la culpa a su enemigo íntimo, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, al observar que es “quien fija la agenda de los puntos que van a ser tratados” por el máximo tribunal. “¿Para qué lo hizo?”, se preguntó, al advertir que el magistrado “sabía” que el resto de los cortesanos “iban a aplicar la ley”.
Fuente: Letra P