El diputado provincial por Cambiemos, Guillermo Castello, presentó este jueves una denuncia contra el juez platense Luis Federico Arias, en donde lo acusa de haber firmado una solicitada en varios medios de comunicación contra el gobierno de Mauricio Macri. «En dicha solicitada se vierten conceptos sustancialmente impropios de un juez en funciones, se exterioriza una animosidad manifiesta para con el espacio político al que pertenecen los actuales gobernantes y se asume una posición facciosa claramente identificada con referentes y espacios políticos», se expresa en el escrito firmado por el legislador marplatense. Arias es el juez que en los últimos días falló a favor de los gremios docentes, dejando sin efecto la conciliación obligatoria dictada por la gobernadora María Eugenia Vidal.
El 7 de marzo último, algunos medios de comunicación de alcance nacional publicaron una solicitada firmada por un importante número de personas, entre los que se encontraban figuras del espectáculo, otros personajes reconocidos, y el juez Luis Federico Arias. Aquel escrito convocaba a defender la democracia, «como si los firmantes creyeran que está en peligro, reviste naturaleza radicalmente política y remite unívocamente a una pertenencia política partidaria», según el análisis de Castello.
«Ya en el primer párrafo se alude a una situación ´preocupante´ adjudicada expresamente a las medidas del Presidente Mauricio Macri, lo que ineludiblemente debe conjugarse con el quinto párrafo en el que se hace referencia a una ´persecución´ contra dirigentes políticos, sindicales y sociales y específicamente a la ´brutal embestida que desde el gobierno nacional y distintos ámbitos de la justicia y algunos medios de comunicación, llevan adelante contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner´. Los demás pasajes del texto robustecen la impronta reseñada, según la cual nuestro pueblo estaría sufriendo un ´brutal embate´ que obedecería a ´un programa´ con “tintes autoritarios que amenaza las garantías democráticas de nuestro país” que sólo puede implementarse con ´represión´ y ´cercenamiento de las libertades civiles y los derechos individuales´», continúa la denuncia presentada por el diputado de la Coalición Cívica.
«La calidad de magistrado del aquí denunciado impiden suponer que ha firmado el texto de manera desaprensiva y obliga a suponer que lo ha suscripto a conciencia y comparte cada uno de los conceptos allí vertidos. La gravedad de las manifestaciones explica que el Sr. Arias sea el único juez en funciones que firma la Solicitada», argumenta. Para Castello, allí se explica la gravedad del hecho. «La parcialidad y vocación combativa de las que sin disimulo hace gala el sindicado revisten una gravedad aún mayor por cuanto resulta titular de un órgano jurisdiccional que interviene en pretensiones relacionadas con la acción u omisión de los órganos públicos provinciales, no pudiendo soslayarse aquí que la máxima autoridad política de la Provincia pertenece al mismo espacio que le vilipendiado Presidente, con quien dice públicamente compartir las políticas que el encartado considera atentatorias contra los derechos y libertades individuales», fundamenta.
ARIAS Y LOS DOCENTES. A principios de marzo, coincidiendo con la fecha de inicio del ciclo lectivo que se vio postergado por un paro docente, los gremios celebraron un fallo de Arias. En aquella semana, la Justicia hizo lugar a la impugnación interpuesta por los sindicatos a la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que buscaba obligar a los maestros a abstenerse de participar del paro nacional de 48 horas dispuesto por CTERA, en aquel momento.
Aquella resolución del juez en lo contencioso administrativo admitía «la medida cautelar solicitada por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (S.U.T.E.B.A.) y la Federación de Educadores Bonaerenses ´Domingo Faustino Sarmiento´ (F.E.B), ordenando cautelarmente al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, a que se abstenga de ejercer cualquier hecho o acto que implique la supresión del derecho a huelga de los trabajadores afiliados a las entidades actoras, hallándose limitado el ámbito de las facultades acordadas al Ministerio de Trabajo por el art 23 inc. 4 la Ley 13.757, a formas voluntarias de autocomposición del conflicto tal como lo prevé el art. 16 de la Ley 13.552».
«Para el caso de no arribar a un acuerdo de partes, la solución del conflicto deberá recaer en algún órgano imparcial que sea creado transitoriamente de común acuerdo y al solo efecto de resolver la negociación paritaria. Todo ello hasta tanto recaiga sentencia definitiva en las presentes actuaciones, y bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 163 de la CPBA.», cerró ese fallo. Ese continúa siendo el sustento legal en el que se basan los docentes para continuar desconociendo la conciliación.
Fuente: Letra P