«No participé en nada de lo que hizo». La frase pertenece al presidente Mauricio Macri. La dijo el jueves pasado, en la conferencia donde anunció que el Gobierno daba marcha atrás y mandaba “a fojas cero” el acuerdo que le condonaba una deuda multimillonaria al Correo Argentino, una empresa de la familia del jefe de Estado. El mandatario se refería al convenio que elaboró el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. Seguía al pie de la letra la estrategia trazada por la Casa Rosada para despegar al jefe del Gobierno del escándalo que estalló cuando se conoció el arreglo. Pero el propio Aguad derrumbó este martes ese castillo de naipes. «Es muy posible que supiera, pero nunca habló conmigo», dijo frente a los integrantes de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.
«Es muy posible que supiera, pero nunca habló conmigo», se sinceró Aguad frente a los legisladores y completó, tratando de salvar la ropa: «Jamás dije que no conocía (el acuerdo), dije que no hablé con el Presidente de este tema».
Antes, después de que la fiscal Gabriela Boquín diera a conocer el convenio que aplicaba una quita de más de 4 mil millones de pesos a la deuda que mantenía con el Estado la empresa telepostal controlada por el Grupo Macri -que terminarían siendo 70 mil millones en 2033, cuando la familia presidencial terminara de saldar las 15 cuotas que había pactado pagar-, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había puesto en marcha el operativo Salven al Presidente. El jefe de Estado “no ha intervenido en esta discusión”, afirmó el ministro coordinador el pasado martes 14 en una conferencia que compartió, justamente, con Aguad.
Aguad, que respondía preguntas de los diputados, dijo, no obstante, que no hubo «conflicto de intereses» en el asunto y aseguró, ahora que “ya no existe” el convenio de la quita multimillonaria: «La familia dueña del Correo Argentino (por los Macri) tiene que pagar lo que debe».
«Yo no sabía del juicio, estoy tratando de que no cobren un peso; desde el Estado no le vamos a pagar un peso», dijo el ministro, en tanto, sobre la demanda que el Grupo Macri entabló contra el Estado, por una supuesta deuda por inversiones realizada en la empresa telepostal mientras duró la concesión, entre 1997 y 2003, mientras negociaba el acuerdo del escándalo.