Como defensa, un buen ataque. El Grupo Macri –es decir, el holding de la familia del Presidente- cuestionó en duros términos a la fiscal de cámara Gabriela Boquín, la funcionaria judicial que detonó el mayor escándalo político de la era Cambiemos con el dictamen en el que concluye que el acuerdo alcanzado entre la Casa Rosada y la empresa Correo Argentino S.A. es “abusivo” y representa un grave perjuicio para el Estado nacional.
Según informó este miércoles el diario La Nación en su edición digital, mediante un escrito firmado por el presidente y uno de los abogados del Correo, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, la empresa planteó que la fiscal Boquín actuó de modo “espurio”.
La firma, que realizó un descargo ante la Justicia una semana después de que estallara el escándalo, opinó que la fiscal incurrió en numerosas «inexactitudes», barajó cifras sobre el supuesto perjuicio fiscal de un modo «llamativo y espurio» y arribó a «conclusiones erróneas» con notoria «liviandad», precisó La Nación.
«La Señora Fiscal no puede ignorar que: (i) ha sido el propio Estado el que provocó la presentación de este concurso; (ii) que ha sido también el Estado el que desapoderó de todos sus activos a la empresa, sin reparación alguna; y (iii) que ha sido también el Estado quien se ha rehusado a encontrar una solución integral a todos los diferendos», afirmaron.
La fiscal Boquín acusó al Gobierno de armar una ingeniería “abusiva” a la medida de la familia presidencial: a partir de un informe de la oficina especializada del Ministerio Público, aseguró que el acuerdo supone “una quita –a la deuda que mantiene el Correo con el Estado nacional- de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033”, cuando los deudores terminarían de cancelar las 15 cuotas que se ofrecen a pagar a partir de 2018.
Además, reveló que, mientras negociaba para que le perdonaran 70.000 millones de deuda y ofrecía pagar el resto financiado al 7 por ciento, la familia Macri demandó al Estado nacional por “daños y perjuicios” causados por “la falta de pago de inversiones realizadas por la concursada”. Y le reclamó un interés del 11 por ciento. Por eso, la fiscal entiende que la propuesta homologada por el Gobierno es “más abusiva aun”.
Fuente: Letra P