«Perderemos todos, pero los gobernadores van a perder aún más». La sentencia emitida por un funcionario nacional de línea directa con Mauricio Macri ya fue comunicada a los mandatarios provinciales del PJ. Si el Senado convierte en ley la modificación al Impuesto a las Ganancias acordada entre Sergio Massa y el kirchnerismo, un eventual veto presidencial tendrá efectos políticos y económicos adversos para todos y todas.
Anoche fueron citados los gobernadores para hacer pública su postura en el Senado el próximo martes. Ese mismo día, a las 19.30, habrá reunión de labor parlamentaria para definir si se trata el proyecto sancionado en Diputados sobre tablas. Sólo se habilitará la votación si hay un acuerdo superior a los dos tercios de los 72 senadores nacionales para reformar la iniciativa y devolverla a Diputados.
El Gobierno nacional volvió a resbalar en su estrategia, esta vez, a través de Gabriela Michetti. La titular de la Cámara alta adelantó que Macri vetaría la ley en caso de ser aprobada por el Senado. La vicepresidente le hizo el trabajo fácil al peronismo. Mientras la Casa Rosada trabaja en un operativo de eventual asfixia financiera y presión política para que los gobernadores eviten la conversión en ley del proyecto Sergio Massa-Axel Kicillof-Diego Bossio, la vicepresidente le adelanta el final de la película al peronismo. Los gobernadores sintieron alivio al enterarse, vía Michetti, de que el Presidente vetaría la ley. ¿Para qué evitar el costo político de un veto ya decidido de antemano? ¿Qué mejor que apoyar una ley que da rédito electoral porque aumenta el salario de bolsillo y, encima, esta destinada a un veto de Macri?
Hay un aspecto clave: los presupuestos provinciales ya fueron votados por las respectivas Legislaturas y tienen estimaciones de recaudación y partidas afectadas que, de aprobarse el proyecto en el Senado, nunca ingresarán a las arcas de los Gobernadores. Además, en base al pacto Fiscal, la Nación todavía tiene pendientes los tramos de devolución del 15% de la coparticipación federal, unos 90 mil millones de pesos. Este cóctel, combinado con la posibilidad de un veto parcial de la ley, no total, se convertiría en una pesadilla financiera para las provincias, no sólo para la Casa Rosada. El Presidente tiene la potestad de vetar parcialmente una ley. Es decir que podría dejar en pie los impuestos a la minería y el aumento de los gravámenes al juego que afectan directamente a los gobiernos distritales. Un veto quirúrgico para que los peronismos provinciales paguen el costo del acuerdo entre Massa y el kirchnerismo.
El veto no le saldría gratis al peronismo. El Poder Ejecutivo Nacional esta vez no pide compromisos. Simplemente ya le adelantó a los gobernadores que el costo fiscal para las provincias equivaldría a cuatros meses extra de pérdida de fondos de la coparticipación federal, otros $30 mil millones más allá de la eventual restitución del 15%. El veto parcial iría acompañado con un decreto correctivo de las escalas y el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para inyectar más dinero en los salarios 2017, año electoral. También habrá mejora para los monotributistas.
El camino del veto parcial podría terminar complicando más a las provincias que la actual sanción de Diputados. Massa podría convertirse en el verdugo de la liga de gobernadores si la lapicera de Macri altera la ley vía veto y decreto complementario, en caso de aprobarse en el Senado. No sería la primera vez que un decreto de Macri modifique el contenido de una ley. El Presidente viene de retocar la ley de blanqueo para que familiares de funcionarios puedan regularizar bienes adquiridos antes del ingreso de sus parientes al cuerpo del Estado. Desde la ciudad de Alta Gracia el Presidente expresó su confianza en que el martes en la Cámara alta, el jefe del Frente para la Victoria-PJ, Miguel Angel Pichetto, «conduzca el bloque peronista».
Fuente: ámbito.com