El resultado de aplicar el impuesto a las Ganancias sobre los depósitos en caja de ahorro, plazo fijo, tenencias de Lebac y Fondos Comunes es de $ 10.692 millones al año, es decir un 0,1% del PBI y sólo 2,5% del total de la recaudación del impuesto a las Ganancias de un año.
Explican que la renta en el sistema financiero «ni llega a empardar con la inflación» y si además se le pone un impuesto, el resultado será un sector financiero que en vez de crecer se achicará.
Cabe recordar que Argentina es uno de los países de la región que cuenta con una relación del ahorro bancarizado (depósitos/PIB) del 18% cuando en la región es del 30%. Además, la medida está en contra del espíritu del gobierno de Cambiemos, que apuesta a incentivar los depósitos en el sistema financiero para que, vía el crédito, vuelva al circuito productivo. «El castigar con un impuesto al ahorrista lo único que provocará será que se fomente la dolarización de la cartera», se quejan.
«Si la intención hubiera sido contemplar el costo fiscal, se hubiera restablecido que todos los jueces paguen ganancias. Eso solo son unos 20.000 millones de pesos», afirman las áreas técnicas con indignación.
Como recuerda el especialista Mario Rapisarda, en 1996 la ley 24631 eliminó exenciones que regían del impuesto a las ganancias de los sueldos de los jueces, pero luego en una acordada, la Corte Suprema la anuló. «Es de suponer que con este antecedente y amparándose en el principio de igualdad ante la ley, los nuevos magistrados se resistan a pagar ganancias», explica.
Para Rapisarda se «debe recaudar donde existe manifestación de capacidad contributiva, como por ejemplo, los recitales musicales no pagan IVA porque están exentos, la cría de caballos de polo tiene una ley del año 1967 [Ley 17117] que exime de impuestos nacionales. En Bienes Personales a igual modelo de auto paga el mismo impuesto una persona que lo tiene totalmente pago, que quien aún lo está pagando en cuotas, porque estas deudas no son deducibles», grafica así las inequidades tributarias existentes.
Aún el proyecto no fue siquiera sancionado y ya surgieron los reclamos empresarios. El comunicado del Foro de Convergencia Empresarial que agrupa a todas las principales entidades del país, insiste en «la necesidad de reducir la presión impositiva como condición para promover la inversión privada y la generación de empleos». El foro «hace un llamado a la responsabilidad de los dirigentes políticos de todos los partidos para que trabajen en conjunto con el Gobierno Nacional» para que «todos los argentinos asumamos que mantener cuentas públicas equilibradas es un requisito indispensable de crecimiento con equidad social».
Es que los hombres de negocios temen que estas iniciativas terminen minando la confianza que generó el cambio de Gobierno en un contexto donde el mundo se ha tornado más competitivo.
Si bien el empresariado no fue muy colaborativo con la administración Macri, según señalan en la Rosada, parece que en esta oportunidad están dispuestos a apoyar. Es que «el miedo no es zonzo». El temor empresario es que con el año electoral prosperen iniciativas que para financiar busquen gravar la actividad productiva.
Fuente: ámbito.com