A poco menos de un año para las elecciones legislativas del 2017, el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, continúa subrogado por la jueza María Romilda Servini. No se trata de cualquier nicho, sino del juzgado más codiciado políticamente, porque es el que controla las elecciones en el territorio bonaerense.
Después de la muerte del juez Manuel Blanco, en septiembre de 2014, dicho ámbito, por decisión del Consejo de la Magistratura, quedó bajo la influencia de Servini a partir del 4 de febrero de 2016. Su subrogancia vence el miércoles 30 de noviembre. No obstante, es casi un hecho que la magistrada prorrogará su labor al frente de dicha órbita, hasta nuevo aviso.
Es que las chances de que asuma un juez nuevo dependen de la voluntad política de Cambiemos, que controla el by pass bajo el cual respira el propio órgano que la erigió. En ese marco, el concurso N° 348, que debiera llevarse adelante para definir al nuevo magistrado, duerme la siesta. ¿Por qué? Porque el oficialismo ostenta 8 consejeros de los 13 que integran el cuerpo, impone la mayoría y no impulsa el proceso de selección del juez.
Fuentes consultadas por La Tecla aseguraron que si bien la posición de la jueza Servini es “inescrutable”, objetaron la “eterna” subrogancia a una cuestión macropolítica. “Al statu quo vigente no le conviene que haya cambios”, esbozaron desde el entorno del Con-sejo de la Magistratura.
No es para menos. En un contexto donde el PRO carece de estructura política y de-be echar mano al radicalismo para fiscalizar elecciones, el Juzgado Fede-ral N° 1 de La Plata vale su peso en oro. Máxime si se tiene en cuenta que el músculo legislativo oficial busca implementar el voto electrónico, que por estas horas es ampliamente cuestionado por parte del abanico opositor por tratarse de un sistema poco fiable y permeable a sufrir intervenciones que modifiquen los resultados de una elección.
Dentro de ese contexto, el puesto de Servini resulta in-dispensable, porque la jueza tiene la facultad de bajarle o subirle el pulgar a cualquier irregularidad que pueda denunciarse en un acto comicial.
“Está todo por hacer; no se abrió la inscripción, no existen pliegos y no se tomó examen”, afirmaron las fuentes consultadas.
La Tecla dialogó con el diputado nacional de Corrientes, Gustavo Valdés, quien es uno de los alfiles que responden a Cambiemos dentro de la estructura del Consejo de la Magistratura. El correntino le bajó la espuma a la trama de las suspicacias políticas y afirmó que, lejos de cualquier dilatación pergeñada con motivos de estrategia electoral, la intención genuina es “sacar el concurso lo antes posible”.
En ese sentido, Valdés consideró que “debe primar la idoneidad”. No obstante, el legislador señaló que un concurso de este tipo “demorará entre ocho meses y poco más de un año”; con lo cual, teniendo en cuenta que las elecciones están programadas para octubre del 2017, es casi imposible que exista un nuevo juez para los comicios legislativos.
“Es un juzgado sensible y muy requerido porque es atractivo para todas las fuerzas políticas; eso implica una sobrecarga de análisis, porque se pueden presentar alrededor de 120 postulantes”, puntualizó Valdés como forma de explicar la demora.
Quien pateó el hormiguero del Consejo de la Magistratura fue otro integrante: el diputado nacional del FpV Rodolfo Tailhade. El legislador oriundo de Malvinas Argentinas produjo una interna en el órgano al plantear, puertas adentro, una maniobra irregular detrás del proceso que quieren abrir para la designación del magistrado del Juzgado Federal N° 1.
“Yo denuncio una jugada ilegal. El oficialismo está realizando una suerte de ensayo en la Provincia que consiste en dividir ese juzgado en dos: uno el electoral en sí y el otro en lo criminal y correccional. Para eso necesitan una ley, y eso no es facultad del Consejo de la Magistratura sino del Congreso, con el posterior aval de la Corte”, expresó el diputado malvinense a La Tecla.
Para Tailhade, la maniobra que quiere llevar adelante la actual conformación del Consejo de la Magistratura configura una “ofensiva electoral”, ya que “Cambiemos necesita un juez adicto que actúe como un soldado para que le garantice que no van a tener ningún quilombo cuando el voto electrónico se convierta en un bardo de acusaciones de fraude”.
Además, el legislador del Frente para la Victoria consideró que el empecinamiento del oficialismo con el juzgado que fiscaliza las elecciones en la provincia de Buenos Aires “es un globo de ensayo para potenciarlo a todo el país”, ya que “quieren avanzar ilegalmente en la creación de juzgados electorales que no están creados por ley”.
Fuente: La Tecla