En la actualidad, la designación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires se rige por el artículo 175 de la Constitución provincial donde se expresa que serán designados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, otorgado en sesión pública por la mayoría absoluta de sus miembros, es decir con el voto positivo de 24 senadores.
Pero el presidente del bloque Peronista del Senado bonaerense, senador Patricio García, rápido de reflejos, presentó hoy un proyecto de resolución, que propone modificar el Reglamento Interno de la Cámara, para regular la prestación de acuerdos en la designación de Jueces que luego integrarán la Suprema Corte de Justicia.
La iniciativa parlamentaria que pretende modificar el mecanismo a través del cual el Senado bonaerense debe realizar la prestación de acuerdo se da ante la reciente confirmación de que el ministro Juan Carlos Hitters abandonará ese cuerpo el próximo 31 de octubre y se especula que el mismo camino tomaría otro ministro, en rigor el ministro decano, Héctor Negri.
El senador de Florentino Ameghino afirmó, tras su presentación, que “en el marco de las reformas constitucionales del 1994, tanto en Nación como en provincia de Buenos Aires, y además de la incorporación de institutos específicos (como el Defensor del Pueblo, el Consejo de la Magistratura), se ha operado un cambio más profundo aunque menos perceptible”.
“Nuestra forma de gobierno –continuó García- merced a la mención expresa del “Sistema Democrático” como vector fundamental de los principios constitucionales de convivencia social, ha comenzado a mutar de una república representativa clásica a una república democrática y participativa en la cual, la clase política no tiene el monopolio de la adopción de la totalidad de las decisiones que hacen a nuestro sistema institucional”.
En ese sentido, el senador opositor agregó “prueba reciente de ello han sido los sucesos relacionados con los aumentos de la tarifa del gas –sin participación de los usuarios a través de las audiencias públicas-, que ha sido anulado por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por carecer de la instancia de la necesaria presencia ciudadana”.
Asimismo, el presidente del bloque Peronista dijo que “la reforma constitucional provincial no ha sido ajena a ello. Y pese a que el sistema de designación de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de nuestra provincia, no ha sido modificado, estamos convencidos de que decisiones de semejante envergadura, como es la designación para cargos vitalicios y que entre sus competencias constitucionales, cuentan con la potestad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes, requiere un proceso especial que garantice, de cara a la sociedad, la mejor decisión”.
De este modo, el senador García manifestó que “desde nuestro bloque proponemos la reglamentación de la facultad de otorgar acuerdo por parte de este Senado, tal como en su momento el Presidente Néstor Kirchner hizo en el año 2003 auto limitándose, para la designación de algunos de los miembros de la Corte”.
Específicamente, en la iniciativa legislativa presentada, se propone requerir al propuesto -el aspirante a ministro de la Suprema Corte bonaerense que remita el Poder Ejecutivo- una amplia declaración jurada, de actividades y bienes que permita dar cuenta de sus condiciones de idoneidad profesional y moral, sin perjuicio de detectar posibles conflictos de intereses en su futura función.
Además, se establece la posibilitar que la ciudadanía formule impugnaciones debidamente fundadas, antes de que el Cuerpo legislativo considere el respectivo pliego y se consigna la obligación de realizar una audiencia pública en la que se ventilarán las impugnaciones formuladas, a efectos de tomar una “decisión fundada, legitimada por la participación ciudadana”, según se expresa.
Fuente: Infocielo