Tras el freno de la Justicia al incremento en los montos de la boleta de gas, el Gobierno apuesta a cobrar las nuevas tarifas a partir del 1 de noviembre, aunque muchos dudan que se concrete. Para esa fecha, el macrismo espera que Enargas, el ente regulador, emita un informe con un resumen de lo expuesto en las audiencias públicas que se desarrollarán el 12 y 13 de septiembre.
De esta forma el objetivo del Poder Ejecutivo es tener definidos los nuevos aumentos antes de la llegada del verano, según consignó Clarín. Sin embargo, estos incrementos tendrán algunas diferencias con los impulsados en abril pero se anunciarán con la premisa original: disminuir el déficit fiscal.
A pesar de que aún se discute, el incremento que planteará el Gobierno no sería muy diferente del 400% que tenía planeado inicialmente, aunque sin tope.
En ese sentido, el Gobierno dialogará en las próximas tres semanas con las empresas productoras de gas, las distribuidoras y transportistas. En ese intercambio se espera que las firmas planteen números sobre la mesa y se sumará a los gobernadores a esa discusión.
La idea es que las provincias patagónicas tengan mayores regalías si aumentan el precio del gas en boca de pozo.
Luego de que finalicen las audiencias públicas, Enargas realizará un informe sobre lo expuesto por las partes y los eventuales cuestionamientos. El ente regulador detallará su propio punto de vista y elaborará un informe. El Gobierno quiere que la nueva resolución no tenga cuestionamientos.
Además se buscará corregir algunos errores como sucedió en Santa Fe. Allí, el kirchnerismo aplicó una suba de 200%, pero la mayoría no la pagó porque se consiguió una cautelar a su favor. La nueva administración les subió un promedio de 400% -como hizo en casi todo el país- y eso terminó generando un aumento de 600%: el 200% que no pagaron entre 2014 y 2015 más el 400% de 2016. También ocurrió en Mar del Plata y Bahía Blanca.
Fuente: bigbangnews.com