Sin grandes anuncios –más bien todo lo contrario-, el Gobierno, a través del Ministerio de Modernización, avanza en la implementación de una auditoría sobre toda la administración pública nacional con la intención de evaluar la cantidad de empleados que existen en cada repartición, pero, sobre todo, con cuántos debería contar en función de la productividad de cada área. El Plan de Análisis de Dotaciones -tal es el nombre del programa- realiza un escaneo minucioso, sector por sector, en los 22 ministerios para, entre otros objetivos, identificar «empleados jubilables y aquellos que podrían acceder al retiro voluntario».
La puesta en marcha de esta iniciativa, que viene precedida por despidos masivos aplicados en la mayoría de los organismos nacionales no bien se inició la gestión PRO, coincidió con las expresiones de descrédito de las principales espadas del oficialismo hacia los empleados públicos.
«Empleo inútil» y «grasa militante» fueron algunas de las descalificaciones utilizadas por parte de distintos funcionarios del gabinete, descripciones que fueron legitimadas por el presidente Mauricio Macri cuando, en ocasión del acto de 1° de mayo, cuestionó «el ausentismo y el abuso de las licencias que nos perjudican a todos» y, más recientemente, en Tucumán, en el acto por el bicentenario de la Independencia, pidió a las organizaciones sindicales que desistieran de realizar reclamo en favor de la reducción de las jornadas laborales.
Según el borrador del proyecto, la iniciativa debería implementarse en algo más de diez meses, a partir de dos etapas claramente diferenciadas que parten de una realidad de la función pública de la que «se desconoce la magnitud, capacidad y características actuales y potenciales de la fuerza de trabajo que está a su servicio».
Este medio se comunicó con la oficina de prensa del Ministerio de Modernización, donde se limitaron a confirmar que el programa ya comenzó a implementarse, aunque no respondieron a las consultas sobre los pormenores del análisis del empleo público.
La primera etapa, ya en marcha, consiste en la planificación y organización del programa, la conformación de los equipos de trabajo y la capacitación de sus integrantes, mientras que la segunda etapa, la más extensa, ejecuta el programa en cada ministerio, recopila y sistematiza la información y la eleva a Modernización.
Para este segunda tramo, la cartera a cargo de Andrés Ibarra se encargó de conformar 25 equipos que trabajan “in situ” en los organismos y están integrados por dos funcionarios de la coordinación del programa, uno o dos “administradores gubernamentales” y ocho “relevadores”. Se trata de personal vinculado a los departamentos de Recursos Humanos que interactúa con el equipo que pone a disposición cada organismo.
Según consta en el proyecto, “las dotaciones adecuadas” se definen mediante “el análisis y desarrollo de indicadores de productividad”, metodología cuestionada por buena parte de los “administradores gubernamentales”.
Consultado, uno de ellos opinó que «este tipo de proyectos no es nuevo y, por lo general, no apunta a generar despidos, sino más bien a ofrecer retiros voluntarios y poner un límite al plazo de excedencia a quienes ‘sobren’ según el análisis de personal que hagan».
Respecto de la evaluación según la productividad, consideró que «puede llegar a ser aplicado en dependencias que trabajen con parámetros duros, como en sectores jurídicos, pero hay muchos lugares que no se prestan a esos criterios. De hecho, en la mayoría de los organismos, hay dependencias que se prestan y otras que son incompatibles pero comparten escalafón».
DESPIDOS. Durante los primeros meses del gobierno de Cambiemos, el propio Ibarra comandó un proceso de revisión de contrataciones que, con el argumento de la jerarquización de la carrera pública, concluyó con el despido de más de 11.000 empleados públicos, ajuste que no lo privó de nombrar a su esposa, Carla Piccolomini, como directora de Relaciones Institucionales de Radio y Televisión Argentina (RTA).
En esa primera tanda, las «bajas más significativas» se produjeron en los ministerios del Interior (1.342 desvinculados), de Desarrollo Social (1.165), de Cultura (1.124), de Salud (837, incluidos los 600 del Hospital Posadas) y de Energía (702).
MÉTODO. Para entender cómo se debe desarrollar esta nueva auditoría, el instructivo de Modernización pone como ejemplos a tres organismos, uno de ellos el Centro Cultural Kirchner, donde, a poco de asumir, el titular del Sistema Nacional de Medios Públicos, Hernán Lombardi, rescindió los contratos de más de 400 empleados.
Otro de los casos con los que ejemplifican es el área de Atención Vecinal de la Comuna 6 de la Ciudad de Buenos Aires, lo que ratifica la sospecha de que el programa es una réplica del que llevó adelante Ibarra durante su gestión al frente de la cartera de Modernización porteña.
«El antecedente inmediato es el estudio de dotaciones que hicieron cuando fueron gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, que, al igual que este nuevo plan, se sostuvo sobre jubilaciones y retiros voluntarios a gran escala, con condiciones muy ventajosas», indicó el funcionario consultado, que, además, evaluó que «la prioridad no es económica, sino despejar la vacante para sacarse de encima gente ‘molesta’ y meter gente propia».
Además, Fabián Pietro, quien fue el gerente operativo en la Planificación de Dotaciones en el Gobierno porteño y comandó el equipo del Ministerio de Modernización, migró junto con su jefe hacia el Gobierno nacional, mientras que una parte importante de su equipo se trasladó a la Dirección General de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, uno de los organismos donde hubo decenas de despidos.
Sin embargo, las diferencias en magnitud son notables, dado que la dimensión nacional del plan apunta a evaluar a los trabajadores, «dotaciones» según el plan oficial, de 22 ministerios, 74 secretarías, 187 subsecretarías y 450 direcciones generales, donde cumplen funciones unos 200.000 empleados públicos.
Fuente: Letra P