Tras lograr el apoyo unánime de los procuradores de todas las provincias, la titular del Ministerio Público bonaerense, María del Carmen Falbo, consiguió una fortísima declaración de parte del Consejo de Fiscales Provincial, que integran todos los fiscales generales de Buenos Aires, que cuestionaron la campaña de “desprestigio y difamación” que atribuyeron a “funcionarios y legisladores” bonaerenses.
En la misiva, 17 de los 18 los fiscales generales bonaerenses -a excepción del Fiscal de Cámaras de San Martín, Dr. Marcelo Lapargo que se encuentra en goce de licencia- dieron a conocer una “declaración en resguardo” de la “persona e investidura” de Falbo, con motivo de “los constantes ataques” a la que “funcionarios y legisladores” someten a la titular del Ministerio Público.
El fondo de la controversia son las declaraciones y acciones del nuevo Gobierno en contra de Falbo, entre ellas la que encabezó el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, que hace una semana cuestionó los supuestos vínculos de la Jefa de los Fiscales con el peronismo, a raíz de su presencia en el funeral de Néstor Kirchner, en 2010.
En la misiva, el Consejo de Fiscales acusaron al oficialismo de “intentar dañar los valores éticos y morales de la Sra. Procuradora General” con lo cual, afirman, “no hacen otra cosa que distorsionar severamente el orden constitucional que rige nuestro sistema de división de poderes”.
“Es por ello que requerimos respetuosamente a quienes representan a los otros poderes del Estado, la prudencia y el respeto institucional que la situación amerita”, concluye la carta.
El texto completo:
Con motivo de los constantes ataques dirigidos a la titular del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, a través de manifestaciones públicas formuladas por funcionarios y legisladores provinciales, resulta necesario a este Consejo de Fiscales Provincial hacer conocer la presente declaración en resguardo de su persona e investidura.
Desde hace meses, la Dra. María del Carmen Falbo viene siendo sujeto de desprestigio y difamación como cabeza del Ministerio Público de esta Provincia. Las mismas aparecen fundadas en supuestas intromisiones en causas en trámite de gran impacto social y mediático, en las que se le atribuiría intervención a la Sra. Procuradora General. Sabido es que la ley de Ministerio Público tiene vedado tanto al Procurador General como a los Fiscales de Cámara y al Fiscal de Casación, impartir instrucciones particulares en cualquier proceso en trámite. Este determinante aspecto ha sido obviado deliberadamente al tiempo de hacerse públicas las críticas que se le formulan, tergiversándose de éste modo el sentido de la información.
Es nuestra obligación señalar que las manifestaciones de Funcionarios y Legisladores en el sentido indicado, amen de intentar dañar los valores éticos y morales de la Sra. Procuradora General, no hacen otra cosa que distorsionar severamente el orden constitucional que rige nuestro sistema de división de poderes. Es por ello que requerimos respetuosamente a quienes representan a los otros poderes del Estado, la prudencia y el respeto institucional que la situación amerita.
Fuente: Infocielo