El múltiple procedimiento que se realizó en simultáneo en tres locaciones fue ordenado por el juez Luis Rodríguez, quien -como informó Ámbito Financiero- ya instruía una causa conexa en su contra que se activó luego de que se revelara una trama por la que también fue imputado el titular de la AFIP, Alberto Abad, y la diputada y aliada de Cambiemos, Elisa Carrió.
Por instrucción de Rodríguez, efectivos de delitos federales de la Policía Federal Argentina allanaron el domicilio particular de Mecikovsky, ubicado en la calle Vuelta de Obligado al 1700 en esta Capital, y su oficina en la sede central de AFIP. Junto a él, fue allanado el despacho de Eliseo Devoto, subdirector de Asuntos Jurídicos. Asimismo, el procedimiento judicial se llevó a cabo en el domicilio de Alejandro G. Escudero, esposo de Adriana Raggi, subdirectora de la DGI Metropolitana.
La causa se inició el 14 de abril, aunque recién tomó estado público luego de la imputación formulada por el fiscal Eduardo Taiano contra toda la cúpula del organismo recaudador.
Denunciada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, postuló que existió una posible «asociación ilícita» y el delito de «enriquecimiento ilícito» en torno a la figura de Mecikovsky. El denunciante sostuvo que había llegado a su conocimiento que «Mecikovsky en connivencia con Devoto estarían asesorando y trabajando en paralelo en la actividad privada, y a su vez en la función pública como Contador en Off y abogado de Grupos de Empresas, disponiendo de información privilegiada».
En ese marco, la denuncia agrega que se habrían otorgado «favores económicos», y que se habrían «cobrado jugosas comisiones haciendo un uso y abuso de información que posee la AFIP para armar carpetas de clientes y llevarlos a su estudio contable jurídico en off».
Se investiga si Escudero se presentaba como intermediario para «solucionar» temas de AFIP, por intermedio de Raggi y Mecikovsky. Esa presentación fue robustusecida con una posterior que indicó que el acusado tenía negocios de consultoría de liquidación de impuestos para empresas en paralelo, lo que configuraría un nuevo delito por negociaciones incompatibles con la función pública.
Puntualmente, se ejemplificó la maniobra con el Grupo Murata (dedicado a seguridad privada) que le facturaron al Gobierno porteño y omitieron una declaración de ventas por parte de la UTE que prestó esos servicios. Así el registro era equivalente a un 10% de la facturación real de las compañías. «Mecikovsky habría armado la ingeniería contable para beneficiar a este grupo empresarial», sostiene la causa que instruye Rodríguez por una presunta estafa por $ 400 millones. Eso fue detectado por el jefe de Investigaciones Claudio Cieza, quien detecta esas inconsistencias y pone en conocimiento de sus superiores y específicamente a Mecikovsky, quien en enero estuvo a cargo del área metropolitana. Terminó desplazado.
Fuente: ámbito.com