Cruzar del Senado a la Cámara de Diputados consume no más de 3 o 4 minutos. El camino más corto es a través del primer piso del Congreso, donde hay un paso que une el pasillo en el que se ubica la Sala de Prensa de la Cámara alta con el Salón de los Pasos Perdidos. Sin embargo, el proyecto para declarar la emergencia ocupacional, prohibir despidos y establecer el régimen de doble indemnización que fue aprobado por los senadores el miércoles pasado está muy cerca de cumplir una semana en ese tránsito. Ni la vicepresidenta, Gabriela Michetti, ni el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, remitieron aún el expediente al otro cuerpo parlamentario, con el único objetivo de demorar su trámite.
El Senado es hoy una cancha de vóley. De un lado Pinedo y, del otro, Michetti. Entre ellos se pasan la pelota, de un lado a otro de la red, deslindando responsabilidades por la decisión de congelar el traspaso de la ley anti despidos a Diputados, lo que llevó a que este martes el presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria (FPV), Héctor Recalde, elevara un escrito al presidente de la Cámara, Emilio Monzó (PRO), intimando a que exija el envío inmediato del texto para su pronto tratamiento en comisiones.
El responsable de conducir la sesión del miércoles y firmar la aprobación del Senado fue Pinedo, porque Michetti estuvo otra vez de viaje. La primera en la línea de sucesión presidencial, sin embargo, ya lleva varios días en el país. Voceros de la presidencia de la Cámara alta vinculados a Michetti no se anduvieron con vueltas para despegarse del asunto. “El proyecto lo firmó Pinedo, porque Gabriela no estuvo. Se encargaba Pinedo de girarlo. Pregúntenle a él”, fue la escueta respuesta ante las consultas de la prensa. Mientras tanto, en el despacho de Pinedo, un hombre muy reconocido por sus pares por su labor parlamentario y sus “buenos manejos” legislativos, intentaban atajar la andanada de llamados sin tener una respuesta clara: lo único que podían prometer era una charla con el senador, más tarde, para que el propio presidente provisional diera las explicaciones pertinentes.
La nueva política que, al menos en el terreno discursivo, intenta encarnar el macrismo, se insertó esta vez en las herramientas menos honorables de la política parlamentaria para evitar lo que en el Gobierno ya avizoran como inevitable: la sanción de la ley anti despidos que el empresariado le exigió al propio Macri, días atrás, que vete en caso de salir airosa del Congreso, promesa que el jefe de Estado no sólo les dio sino que se encargó de ventilar, aunque off the record, a todos los medios.
“Aprobado un proyecto de ley por la Cámara de su origen, pasa para su discusión a la otra Cámara. Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para su examen; y si también obtiene su aprobación, lo promulga como ley”, dice el artículo 78 de la Constitución Nacional, el mismo que las autoridades de PRO están incumpliendo ante el silencio cómplice de sus socios en la alianza Cambiemos, la UCR, abanderados históricos de la institucionalidad y los reglamentos.
La demora que el macrismo le imprimió al proyecto que obtuvo el voto de dos tercios de los senadores -48 votos a favor y 16 en contra-, por lo pronto, ya logró parte de su objetivo: evitó que la oposición reclamara su debate en la comisión de Presupuesto, que conduce el diputado Luciano Laspina (PRO), que este martes a las 14 se reunía para debatir el plan de exención del IVA a jubilados y beneficiarios de planes sociales que envió el Poder Ejecutivo. Según el reglamento de la Cámara baja, la firma de tres miembros de esa comisión alcanzaría para obligar al presidente a poner en discusión el proyecto en la próxima sesión. Ahora, la oposición podrá usar esa herramienta y ponerle tres firmas a la ley anti despidos, cuando llegue; lo que no saben es cuándo Laspina volverá a reunir a la comisión, ya que la intención era firmar este mismo martes el dictamen a las rebajas en el IVA.
Lo que encendió la alarma en el Gobierno es el anuncio que este lunes hizoSergio Massa: su interbloque de 38 diputados intentará introducir modificaciones Al proyecto aprobado por el Senado; pero, si no lo lograse, igualmente ordenará votar a favor de ese dictamen. Por eso, como informa este martes La Nación, el oficialismo instruyó al presidente del bloque de PRO,Nicolás Massot, a tender redes de contacto tanto con el massismo como con el bloque Justicialista para acordar reformas a la ley que votó el Senado.
Puntualmente, quiere excluir a las pymes del régimen anti despidos y de doble indemnización, algo que ninguna parte aceptaría, ya que la reglamentación se transformaría en una cáscara vacía: más del 70% de los puestos de trabajo en blanco están en las pymes, por lo que la legislación sólo serviría para cubrir a menos del 30% de los trabajadores, que, a su vez, dependen de las empresas más grandes radicadas en el país y que mayor margen tienen para absorber el costo financiero de duplicar una indemnización para achicar su planta de operarios.
Lo que intentan evitar en el Gobierno es exponer a Macri a la antipática decisión de cumplir su promesa a los empresarios y vetar la ley que, el viernes pasado, reclamaron cientos de miles de trabajadores en la movilización convocada por las centrales obreras. Igualmente, insisten con habilitar ese camino. “El veto es una herramienta constitucional, pero no podemos descartarlo o no descartarlo hasta que pase por el Congreso”, expresó el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Y hasta la propia Michetti blanqueó esta posibilidad: “Si la ley sale con esta idea de la doble indemnización, es probable que el Presidente la vete”.
Fuente: LetraP