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Proponen que el estado actue de oficio por cambios en planes de las empresas de celulares

“Vamos a instar a las autoridades correspondientes a que actúen de oficio en beneficio de todos los usuarios perjudicados, tanto a la CNC, defensa del consumidor de la nación y defensa del consumidor de la provincia”, argumentó Albisu.
El legislador cita un fragmento de un matutino porteño: “Según publica el diario La Nación; las operadoras de telefonía móvil de la República Argentina quedaron, una vez más, en el centro de los reclamos de sus clientes. Con la irrupción y masificación de los smartphones y la llegada paulatina de la telefonía 4G, las compañías decidieron cambiar los abonos de telefonía móvil, sobre todo en lo referido a los paquetes de datos. Es decir, la cantidad de megabytes que incluye determinado abono (prepago o pospago) para que el dispositivo se conecte a Internet”.
“Desde las empresas deberían consultar a los usuarios sobre que tipo de programas tienen y cuáles son los que prefieren, no cambiarlos sin avisar como sucedió en este caso y que el usuario se encuentre con una factura más elevada por un servicio que mutó”, opinó el senador provincial Albisu.
Luego sostuvo que la forma de manejarse de las empresas de telefonía celular es una violación a lo establecido en la ley 24.240 de Defensa del Consumidor.
 “Cualquier modificación unilateral de planes de telefonía tienen que ser previamente notificado fehacientemente a los usuarios con 60 días de antelación, asimismo cualquier cambio debe ser previamente notificado a la CNC”, agregó el legislador.
“Lo que sucede con la empresa Movistar que sumó muchos usuarios al nuevo abono que ofrece por día debido a que esos clientes estaban adheridos a planes que no ofrecen, es una falta total de respeto al usuarios e incumple las normas vigentes”, agregó el legislador a cargo de la comisión que defiende a los Usuarios y consumidores de la provincia.
Sobre el marco regulatorio, el legislador informó que “esste tipo de manejo arbitrario por parte de las compañías de telefonía móvil es posible ya que la actividad todavía no es considerada como servicio público, lo cual permitiría un mayor control por parte del Estado, esta cuestión que debería ser definida de una vez por todas por el Congreso de la Nación y una buena oportunidad hubiera sido previo a las concesiones de las licitaciones del 4G”.
Por último, el senador de Trenque Lauquen invitó a los usuarios a que “no duden en efectuar las denuncias que consideren ante la CNC o ante las OMIC”.
Fuente: Aninoticias
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