Sigue firme la estrategia del gobierno para garantizar sus obligaciones y llegar a enero

El gobierno nacional sigue aferrado a su estrategia para atravesar el diferendo con los fondos buitre y la va actualizando a cada paso. Es que, en las actuales condiciones, el objetivo sigue puesto en llegar hasta enero de 2015 para, recién ahí, evaluar la posibilidad de una negociación directa con los holdouts y eludir la vigencia de la cláusula RUFO.

Es que el proyecto de ley del Pago Soberano de la Deuda Exterior de la República Argentina difundido en cadena nacional por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la semana pasada y que ingresará esta semana a las comisiones parlamentarias del Senado de la Nación para su evaluación y posterior tratamiento, busca ratificar la voluntad de pago del gobierno con relación a los tenedores de bonos reestructurados por un lado y, a la vez, impedir que se dispare esa cláusula que podría echar por tierra los dos canjes de deudas de 2005 y 2010 y elevar la deuda externa hasta casi 500 mil millones de doláres, según confirmó el ministro de economía Axel Kiciloff. Esa cifra equivale a alrededor del 100% del PBI.

El proyecto, de ser aprobado, habilitaría que aquellos tenedores de bonos reestructurados que no estén dispuestos o en condiciones de esperar una resolución negociada para enero de 2015 acepten, en forma voluntaria, el cambio de sede y de agente de pago para viabilizar el cobro de sus vencimientos en las fechas estipuladas.

De esta manera el proyecto de ley avalaría la creación de una cuenta inembargable de Nación Fideicomisos en el BCRA que remplazaría, para aquellos tenedores que así lo manifestaran, al Bank of New York como agente de pago. El proyecto, además, les confiere a los holdin la posibilidad de, ellos mismos, proponer una sede de pago alternativa al BoNY y el propio Banco Nación.

El mensaje es muy claro: la disposición de pago del gobierno nacional con relación a los acreedores que aceptaron las reestructuraciones se debe dar por descontada y no sólo eso, la Argentina buscará obstinadamente la forma de pagarles a pesar de las trabas que intermpone la justicia norteamericana entre ellos.

Por eso, y además, aquellos tenedores que desearan una solución definitiva que los inmunice de las resoluciones del juez Thomas Griesa y la justicia norteamericana en general, podrían canjear sus bonos por nuevos títulos bajo legislación argentina.

La aprobación del proyecto de ley permitiría al gobierno depositar en otra cuenta de Nación Fideicomisos creada a tal efecto una suma adicional equivalente a lo que percibirían todos los holdouts (el 7,6% que no ingresó a los canjes) en caso de que hubieran aceptado las condiciones de los canjes.

La idea es desestimular el frente que ha quedado abierto frente a la preservación de la cláusula RUFO, que son los posibles pedidos de aceleración de los títulos que ingresaron al canje de cara a los próximos vencimientos de pago que se sucederán durante este año con fechas del 30 de septiembre y el mismo día del mes de diciembre de este año y que, de sostenerse la actual situación, quedarían inmovilizados en el BoNY.

La premura del oficialismo pasa por contar con los nuevos instrumentos precisamente antes del 30 del mes próximo cuando se produzca el vencimiento por 184 millones de dólares del bono PAR. Por ese motivo se buscará que ingrese a la Cámara Alta el miércoles 3 de septiembre.

Otro frente que ha quedado sin cerrar y podría producir un desenlace que modificaría sensiblemente el escenario está asociado con el persistente reclamo de los buitres al juez Griesa para que dicte el desacato de la Argentina y, además, embargue los fondos depositados en el BoNY para prorratear los pagos entre los holdin y los holdouts. Esa variante, en principio, ha sido rechazada por el propio juez en la audiencia convocada el pasado jueves en la que, si bien criticó fuertemente la propuesta del gobierno, se negó a dictar el desacato y el embargo en lo que fue interpretado como un revés para los holdouts y un avance de la estrategia oficial.

Del mismo modo quedaría en stand by el pedido de Discovery que los mismos buitres presentaron al juez y que permitiría el embargo de bienes del gobierno argentino en territorio norteamericano a cuenta de lo adeudado, según el fallo de Griesa.

El envío del proyecto de ley, más allá de los procedimientos y tiempos legislativos, ha sido interpretado por sectores del mercado financiero como el reconocimiento oficial de la ausencia de resultados en las negociaciones entre privados que se exploraron desde fines de julio a esta parte.

La ausencia de un acuerdo primero con los bancos locales y luego con los extranjeros podría estar inaugurando una nueva etapa cuyo horizonte está puesto en enero de 2015, cuando el gobierno ya se encuentre habilitado para afrontar una negociación directa con los fondos buitre sin comprometer la cláusula RUFO.

En medio, está dicho, de lo que se trata es de evitar la aceleración de los bonos reestructurados y el embargo de los fondos depositados en el BoNY por parte del juez Thomas Griesa.

Faltando apenas cuatro meses para que la Argentina se inmunice de los efectos de la ya famosa cláusula RUFO, en estas nuevas condiciones, la posibilidad de que los tenedores de bonos reestructurados opten por una aceleración de los pagos no parece justificarse.

Es que, por un lado, la magnitud de los montos que provocaría una aceleración masiva de los bonos no haría otra cosa que producir una cesación de pagos real a la luz de esos montos con relación a las reservas disponibles en el BCRA y el consiguiente derrumbe en la cotización de esos títulos. Además, se forzaría una nueva reestructuración de la deuda. No parece justificarse en las actuales condiciones y mucho menos en caso de que existan herramientas para disponer de esos pagos en el caso de quienes así lo desearan o precisaran por algún motivo particular.

Según Ramiro Castiñeira, economista jefe de la consultora Econométrica, «el mercado primero se entusiasmó con la idea de que habría un acuerdo con los bancos locales, despues lo mismo con los extranjeros. Cuando eso se pinchó primó la idea de que nada se iba a acelerar y que en enero se pagaría todo. Con esta nueva medida empieza a aparecer la idea de que el problema no es sólo la RUFO sino que la Argentina considera injusto el fallo, y lo que empieza a ponerse en duda es si el gobierno está tratando de llegar a enero o si, por el contrario, estas son señales de que el gobierno no va a ir a un arreglo tampoco en enero», alertó.

Por el contrario, Abraham Gak, del Plan Fénix, sostuvo en diálogo con Tiempo Argentino que «sin dudas el gobierno tiene el objetivo de llegar hasta enero y la ley es funcional a eso. Se va ganando tiempo y, está bien, porque esta sentencia no tiene ni pies ni cabeza.»

Castiñeira reconoció que «la Argentina no está imponiendo un cambio, simplemente ofrece la opción. Está mostrando más voluntad de pago». Con todo, explicó que «la posición de los que creen que Griesa va a interpretar esto como un desacato se manifiesta en el dólar paralelo que ha subido. Pero los bonos vienen con esta tónica hacia la baja por la duda de que se puede no arreglar, y por lo tanto se cree que alguien tenga más incentivo a acelerar.»

Consultado sobre las posibilidades de que se produzca ese pedido de aceleración, el economista jefe de Econométrica explicó que si bien «a los tenedores de bonos no les conviene acelerar, sí hay incentivos para acelerar en el marco de prácticas especulativas. Los no tenedores pueden vender bonos a futuro a los valores actuales aprovechando que la llave para acelerar es barata (el PAR son 12 millones de dólares), compran, aceleran, desvalorizan y después el otro está obligado a comprar al valor futuro que acordó previamente. Hoy todavía no se manifiestan pero la posibilidad existe. Ya no sólo deciden Griesa, los buitres y la Argentina cómo se define esto, hay terceros que pueden intervenir. Nadie tiene la sartén por el mango», conjeturó.

Diversos economistas del establishment señalaron que el proyecto de ley chocaría con los estatutos de los fondos de inversión tenedores de bonos que impiden tener carteras con títulos con sede en países emergentes. Para Castiñeira, sin embargo, «la realidad es que los tenedores de bonos argentinos son los inversores que trabajan con títulos basura y no tienen esas restricciones. No son los fondos de pensión que exigen AAA. Son puros especulativos y en ese escenario se acaban los pruritos. Son fondos que están acostumbrados a comprar bonos con riesgo.» Por el contrario, explicó que va a «haber mucha gente que lo va a aceptar. Hay un negocio simple con esto, compro en Nueva York a 45, cambio la sede y lo vendo en el acto a 50 entrando en este canje porque uno está performing (pagando) y los otros no. Es un negocio hecho», explicó.

Para Abraham Gak, de lo que se trata es de un paso más en la dirección ya asumida: «Se trata de una continuidad de la estrategia que ha adoptado el gobierno. La propuesta es interesante y es uno de los pocos caminos que quedan. Depositar otra vez en el BoNY en el vencimiento de septiembre no se puede hacer, necesariamente hay que buscar otro camino. Los bonistas van a tener que buscar alternativas. A algunos les va a servir y a otros no. Es un buen argumento para evitar que los bonistas que entraron al canje aceleren sus bonos. Lo más importante es continuar con la política de mantener alineado a todo el mundo detrás de la estrategia de la Argentina que ejerce una presión muy fuerte sobre la situación. Por eso Estados Unidos no ha dicho aún si acepta el tribunal internacional de La Haya. Argentina tendría que buscar la manera de contar siempre con el listado actualizado de tenedores de bonos soberanos para poder desenvolver una política más efectiva y dirigida», propuso.

Será el Congreso ahora quien tenga la última palabra a la hora de avalar o no la estrategia oficial para intentar dar un cierre a la recurrente crisis de deuda externa de la Argentina.

Fuente: Tiempo Argentino