Con la de hoy, Scioli acumula al menos ocho denuncias penales en su contra
Con la presentada hoy por la diputada Mónica López, el gobernador Daniel Scioli suma al menos seis denuncias penales en su contra desde que está al frente de la Provincia. La mayoría de las causas no tuvo demasiada actividad, aunque algunas pueden complicarse.
Seis son las que tomaron más estado público. ATE, por asignaciones familiares; el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, por la expropiación de Wasserman; el matrimonio López Roberti, por duplicado, y el Observatorio Internacional de Prisiones son los denunciantes en estos casos.
En junio de 2010, ATE, AJB y Cicop, que, a través de CTA, denunciaron por “incumplimiento de deberes de funcionario público” al Gobernador, a raíz de la falta de equiparación del piso de asignaciones, luego de una suba establecida por la Nación. Scioli, indican los gremios, violó así el artículo 26 de la ley 10.430 durante cerca de 8 meses. La denuncia sigue vigente, y los gremios reclaman el pago retroactivo de la diferencia.
Un año antes, en agosto de 2009, la Asamblea Ambiental NO + CEAMSE denunció al Gobernador por el incumplimiento del convenio homologado por la Corte que disponía el cierre del CEAMSE de Punta Lara. La presentación se hizo ante la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas (UFIC). Un año atrás, los denunciantes ratificaron, tras una consulta de la fiscalía, la voluntad de continuarlo. Es la última novedad que hay del caso.
Entre las denuncias que acumula Scioli hay una que lleva la firma del Observatorio Internacional de Prisiones, por “no haber garantizado el derecho humano de seguridad que solicitaron los vecinos del barrio La Cárcova”. En concreto, le achacan su “inacción” que, sostienen, provocó “el asesinato de un niño de 13 años que fue víctima del fuego cruzado de dos bandas de narcotraficantes”.
En concreto, la responsabilidad de Scioli pasaría por no haber hecho las gestiones para conseguir que se incorporen más Gendarmes al barrio, lo cual, sostienen, provocó ese desenlace. Según pudo reconstruir INFOCIELO, la denuncia se presentó en Noviembre de 2013, y la primera audiencia llegó tras más de 5 meses. Para colmo, hubo extravío de notificación y desde el Observatorio nunca se enteraron. No obstante, las autoridades judiciales permitieron una declaración posterior, sin citación. La causa duerme el dueño de los justos en la UFIC.
Hace casi un año, en agosto de 2013, el matrimonio López-Roberti impulsó una denuncia contra el Gobernador por el “abandono” de la Autopista La Plata Buenos Aires. El legislador que responde al intendente de Tigre, Sergio Massa, indicó que la decisión de presentar la denuncia se tomó ante la eventualidad de posibles accidentes que se pudieran producir.
En 2012, el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas denunció penalmente al Gobernador por el presunto pago de “sobreprecios” en el pago de la expropiación de la ex fábrica Wasserman, por la cual desembolsó más de 100 millones de pesos, pese a que un dictamen de la Fiscalía de Estado recomendaba pagar un cuarto de ese valor.
Según pudo reconstruir INFOCIELO, el avance de la causa es tendiente a nulo. Hasta el momento, la UFIC solicitó los expedientes del concurso de acreedores y el de la expropiación inversa, en un juzgado de San Isidro. Paolini no parece demasiado convencido en seguir adelante, indicaron.
En ese mismo año, el diputado de la CC, Walter Martello, denunció a Scioli tras la decisión de renovar automáticamente las licencias de los bingos. La denuncia alcanzó también al titular de Loterías, Jorge Rodríguez. En concreto, Martello solicitó que se investigue por la probable comisión de los delitos de “fraude por violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”, como así también por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Como en los demás casos, el fiscal requirió los decretos al Poder Ejecutivo, y no avanzó en la causa.
Martello tiene el antecedente de haber denunciado a Scioli, junto a su entonces ministro de Salud, Claudio Zin, en 2008, a raíz de la firma del decreto que declarón la emergencia sanitaria. Por entonces, se solicitó que se declare la inconstitucional la norma que habilita al ministerio a realizar contrataciones directas sin el control de la Legislatura y exigió que los funcionarios denuncien ante la Justicia las irregularidades supuestamente descubiertas en el ministerio en materia de licitación, que sirvieron de amparo para la firma del decreto.
En cuanto a la denuncia en sí, sostiene que tanto Scioli como Zin incumplieron sus deberes de funcionarios públicos al no denunciar penalmente las irregularidades que declararon haber hallado en el proceso de contratación de la cartera, durante la anterior gestión, a la par que sostuvieron que no existían causales legales para dictar la emergencia administrativa y funcional del ministerio por el término de 180 días.
Fuente: Infocielo