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Fuga de presos: alarma y preocupación por las altas cifras

El robo y toma de rehenes sucedido ayer en Tortuguitas pone en agenda un tema alarmante: la fuga de presos. Son 105.209 los detenidos en cárceles comunes que están prófugos de la Justicia, y eso sin contar a los 57 represores también fugados.

Fuga de presos: alarma y preocupación por las altas cifras

“Soy Marcelo Leonardo Ameijeiras”, se presentaba ayer ante las cámaras uno de los delincuentes que mantuvo de rehén a una familia en Tortuguitas mientras el caso era retransmitido por los medios de comunicación. “No estamos jugando, no estamos drogados. Queremos las garantías de vivir” declaró el delincuente. Y acto seguido lanzó un comentario que apuntó directamente a la estructura carcelaria a nivel provincial y federal: estamos acá “porque el sistema penitenciario tiene problemas”, aseguró Ameijeiras señalando las falencias que permiten la cantidad de fugas sucedidas en todo el país.

Si bien el caso de Tortuguitas es un delito que deberá ser investigado por la Justicia, el comentario del delincuente sobre la cantidad de fugas que se producen dentro del sistema penitenciario resulta, cuanto menos, llamativo. De hecho el propio Ameijeiras es uno de los más de los 105.209 detenidos que permanecía prófugo tras escapar el sábado pasado de una Comisaría de Moreno, junto a otros seis presos.

Números alarmantes

Hasta el 23 de agosto de 2013, según el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria la cifra total de detenidos fugados de cárceles comunes es de 105.209, mientras que en 2001, según cifras de la Policía Federal, el número de prófugos alcanzaba los 101.171.

Algunas de las fugas más resonantes también sucedieron este año. En agosto último 13 presos escaparon de la cárcel de Ezeiza – considerado el complejo penitenciario más seguro del país- tras realizar un boquete. Ello provocó la renuncia del director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Victor Hortel y en su lugar fue nombrado Alejandro Marambio.

“Soy el máximo responsable político de esta fuerza, asumo la responsabilidad que me cabe, por eso he presentado mi renuncia indeclinable”, aseguraba Hortel a horas de conocerse la fuga de detenidos, mientras desplazaba de sus cargos a 19 funcionarios del complejo carcelario.

El primero de noviembre se conoció la noticia de que doce presos se habían fugado de un penal en Río Negro, por un túnel de la ex alcaidía y el seis del mismo mes dos presos saltaron un alambrado en la unidad 26 de Olmos y huyeron. Resulta llamativo que en noviembre se produjeron seis fugas de manera consecutivas. Hubo noticias sobre presos que se escaparon los días 6,8,9,10 y 11 de noviembre.

Represores prófugos

Además de los prófugos fugados de cárceles comunes, en el último tiempo ha sido noticia la huida de represores condenador por delitos de lesa humanidad. Hasta hoy y según cifras oficiales del Ministerio de Justicia, son 57 los prófugos buscados por la justicia en diferentes causas de lesa humanidad. Entre los casos de fuga de represores dos de los más resonantes ocurrieron en el transcurso de este año.

El martes último el teniente coronel retirado Alejandro Lawless, procesado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, se fugó mientras la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo trasladaba a la Alcaidía de Tribunales, mientras en julio de este año el Mayor retirado Jorge Antonio Olivera, se fugó del Hospital Militar Central Cosme Argerich, junto a Gustavo Ramón de Marchi (ambos condenados).

En todos esos casos el Ministerio de Seguridad de la Nación dio lugar a una búsqueda con pedido de captura pública y resarcimiento económico para todos aquellos ciudadanos que aporten información valiosa al proceso de investigación. Se presume que las fugas militares son posibles gracias a una cadena de complicidades que incluye a las fuerzas de seguridad. De hecho, se descubrió una millonaria trama económica ilegal que sostiene a éstos y otros prófugos de la justicia procesados y/o condenados por su participación durante la última dictadura cívico militar, como a Raúl Angel Córdoba, Luis Esteban Kyburg, Juan Bautista Lucero y Emilio Alberto Rimoldi Fraga.

A partir del caso de los fugados del Hospital Militar –julio de este año- la Justicia ordenó que los represores detenidos no pueden viajar a centros sanitarios para realizarse chequeos médicos, que fue el argumento utilizado por los trasladados al Hospital Militar para concretar finalmente la fuga.

Fuente: Infonews

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