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Imputaron al fiscal acusado de emitir un dictamen elaborado por Clarín

Su par Jorge Di Lello hizo lugar a la denuncia de la financiera SGI, investigada por lavado. También apuntó al estudio Sáenz Valiente, que asesora al multimedios y que había presentado como prueba un borrador del escrito cuestionado.

Imputaron al fiscal acusado de emitir un dictamen elaborado por Clarín

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió ayer la imputación de su par del fuero ordinario José María Campagnoli en los términos de la denuncia que lo acusó de haber recibido un dictamen elaborado por abogados del Grupo Clarín, en una causa por extorsión que involucra al empresario patagónico Lázaro Báez. Pero, además, pidió que se investigue si la participación de Campagnoli en ese expediente se hizo de manera paralela a la que se tramitaba en el fuero federal, tal como lo denunciaron los abogados del directorio de la financiera SGI, investigada por presunto lavado de dinero.

Di Lello solicitó varias medidas de prueba, entre ellas, las copias de una causa civil donde un letrado del estudio Sáenz Valiente adjuntó como prueba el borrador de un dictamen de Campagnoli, en lugar del documento original, cuyas diferencias con el auténtico fueron reveladas por Tiempo Argentino.

El fiscal también imputó al abogado Hernán Miguel Frisone, del estudio jurídico Sáenz Valiente & Asociados, que representa al multimedios, “y a quien lo haya acompañado” en la maniobra denunciada por el lado del Grupo Clarín. El  objetivo de la medida, que ya fue elevada al Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 6, es corroborar la denuncia presentada en la Justicia Federal el 12 de septiembre pasado por Jorge Chueco, abogado que instrumentó la venta de SGI a Helvetic Services Group, por la que el financista Federico Elaskar afirmó en televisión que había sido extorsionado y luego se desdijo.

En rigor, Di Lello impulsó la imputación en los términos del artículo 180 y para que se investigue, en base a las pruebas aportadas en la denuncia, si existió una maniobra para direccionar la pesquisa, tal como afirmó Chueco.

En la denuncia –que originalmente recaló por sorteo en el juzgado a cargo del juez Daniel Rafecas, que se excusó por haber sido denunciado por el Grupo Clarín en el marco de la causa Papel Prensa– se aseguró que Campagnoli intervino de manera “ilegal” en el expediente en el que, según se afirmó, “debió pervertir el objeto procesal de la causa transformando una investigación por el delito de administración infiel en una causa por extorsión”, y a Elaskar, de acusado a víctima.

Allí adjunto también la prueba que confirmaría la hipótesis de que existió una “confabulación” a partir de un expediente que obra en la Justicia Civil por un amparo que promovió Edgardo Raúl Levita contra la firma Artear, del Grupo Clarín, en el que Frisone aportó una “copia del dictamen emitido por el fiscal Campagnoli e Ignacio Rodríguez Varela”. En realidad, se trató de un borrador, sin valor oficial, que no contaba con las firmas de los funcionarios judiciales ni con el membrete del Ministerio Público Fiscal de la Nación. También estaban incompletas las partes dispositivas y sensibles de la investigación del fiscal, que detalló el 22 de mayo un entramado empresario que vinculaba a Báez y al resto de los imputados con maniobras financieras ilícitas.

Según Chueco, ese documento “fue un antecedente del dictamen que luego de hacerle unos pequeños cambios, el fiscal Campagnoli suscribió y presentó en la causa”, pero que, según subrayó, habría sido impulsado desde el holding con el objetivo de perjudicar en términos electorales al gobierno nacional, por su cercanía con Báez.

Fuente: Tiempo Argentino

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