Cómo será la nueva normalidad para las pequeñas y medianas empresas

Más aún para las PyMEs exportadoras, que históricamente suman incertidumbre de la mano de la falta de infraestructura y logística adecuadas, una competitividad cambiaria oscilante que Argentina no puede sostener en el tiempo, la imposibilidad de financiar a largo plazo inversiones suficientes para ganar productividad, barreras para-arancelarias en mercados de destino (potenciadas ahora por la pandemia) y problemas para la provisión de insumos locales competitivos. Aún tras el deterioro de los últimos años, en 2019 las PyMEs explicaron cerca de 17% de las exportaciones argentinas, con preponderancia en una docena de complejos exportadores como porotos (donde explicaron el 91% de las ventas al exterior), ajo (89%), miel (81%), garbanzos (80%) y plomo (76%).

Para las PyMEs, la incertidumbre económica es mayor que nunca, aunque sin dudas no es nueva. La macroeconomía argentina ya arrastraba seis años de estancamiento seguidos luego por una severa recesión desde abril de 2018. El Covid-19 vino no sólo a profundizar esa contracción económica sino a derrumbar cualquier expectativa sobre el futuro: ya no se trata sólo de entender cuándo se saldrá de la crisis y cuántos años demoraremos en retornar a un nivel pleno de actividad, sino de qué nuevas demandas enfrentarán las empresas tras la pandemia.

Los próximos meses no sólo significarán entender cuál es la nueva normalidad tras la pandemia. También aclararán en qué situación quedará Argentina respecto de la renegociación de su deuda pública, cuál será la dinámica de la política monetaria, cómo se saldrá del congelamiento tarifario, si habrá nuevos criterios para la administración del tipo de cambio oficial y cómo reaccionarán las brechas con los paralelos; todo esto en un mundo más proteccionista, con menor coordinación global, y con un quiebre en los liderazgos occidentales.

El impacto de esta crisis en las PyMEs

Tras esta crisis las PyMEs estarán más endeudadas. La necesidad obligó a muchas empresas a posponer el pago de impuestos (ya no por conveniencia de tasas, como hace algunos meses, sino lisa y llanamente por falta de dinero para pagar) y servicios públicos, aprovechando que el corte del servicio por impago quedó temporalmente prohibido por disposición del Gobierno Nacional. En ese sentido, el 41% de las empresas industriales no cumplió con sus obligaciones impositivas en mayo y el 18% pospuso abonar las facturas de servicios públicos, según relevó el Centro de Estudios de la UIA. Aún así, la tasa de morosidad bancaria en empresas se incrementó de 3,5% en marzo de 2019 a 7,5% en marzo de 2020 y continuó subiendo durante la pandemia. Buena parte de las firmas deberán reestructurar sus pasivos a fin de devolverles sustentabilidad ante el nuevo escenario.

Las brechas cambiarias también pesan: el 40% de las PyMEs usa algún mecanismo paralelo al oficial para alguna de sus operaciones habituales. Sin dudas, la mayor parte de las transacciones se realizan al tipo de cambio oficial (pago de deudas, comercio exterior, giro de utilidades, etc.), donde el intento reciente del BCRA de introducir nuevas restricciones genera aún problemas. Pero la gestión del flujo de caja suele hacerse vía paralelos, que además pueden incidir en las expectativas de devaluación de parte del sector productivo.

En este contexto, cada PyME que cierre o que despida personal implica perder capacidad productiva, que luego costará mucho recuperar. Este es uno de los mayores riesgos de la actual profundización de la falta de un horizonte de crecimiento que Argentina ya arrastraba hacía casi una década, y que tardará varios años en recuperarse. A este riesgo mayúsculo apuntó el Gobierno Nacional con el programa ATP, medida de emergencia que (lógicamente) no podría nunca compensar completamente la pérdida de ingresos de todas las PyMEs, sobre todo en la medida en que la pandemia se prolongue.

Fuente. BAENegocios