El 14 de julio se presenta el proyecto de contribución extraordinaria a las grandes fortunas

Privilegiar este proyecto implica una admisión tácita de los errores cometidos en la explicación pública de la intervención a Vicentin, y la voluntad de enmendarlos.

El cumpleaños del pequeño Néstor Kirchner

La intervención/expropiación de la cerealera santafesina concita aproximadamente las mismas adhesiones y repudios que se expresaron en los guarismos electorales de octubre de 2019, lo cual se debe en parte a la falta de preparación oficial para formular un anuncio del que no estuvieron al tanto con suficiente antelación ni el ministro de Agricultura, ni el Procurador del Tesoro, ni el Inspector General de Justicia y al que se le asignó una importancia desmesurada, sobre la base de frases simples pero de significado impreciso como soberanía alimentaria o empresa testigo. Esta fue una oportunidad que no desaprovecharon los grupos políticos que desde el 19 de marzo estaban buscando cómo golpear a un gobierno cuyas decisiones ante la pandemia le granjearon uno de los niveles de aprobación más altos para el primer semestre en la Argentina post-dictatorial.

En cambio, el impuesto a las grandes fortunas atrae al 70% de la población y es una señal hacia el conjunto del patronato, no sólo hacia una oveja negra enredada en sus propios chanchullos.

En los últimos días se definieron las dos cuestiones que aún seguían pendientes sobre la instrumentación del impuesto, en el que trabajaron los diputados Máximo Kirchner, Carlos Heller y Hugo Yasky, y que dio lugar a consultas con el Presidente y con el ministro de Economía, Martín Guzmán:

El piso a partir del cual se aplicará será un patrimonio de 200 millones de pesos.
Lo recaudado tendrá asignación específica.

El piso de 200 millones de pesos circunscribe a 11.000 personas la población que será alcanzada por la contribución extraordinaria, es decir el 0,024% del total de lxs argentinxs, lo cual no deja dudas sobre la justicia de la medida.

Los aproximadamente 3.000 millones de dólares que se recauden no irán a paliar el déficit fiscal, como deseaban algunos funcionarios, sino que se destinarán a tres propósitos:

El financiamiento de las inversiones comprometidas por la ley que creó el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
La inversión en proyectos gasíferos, tanto de YPF como de compañías privadas, y
Créditos blandos a las pymes, que dinamicen la economía.

El proyecto de ley del Renabap fue inspirado por el Papa Bergoglio y presentado en el Congreso por el radical Mario Negri, la heroína cívica libertadora Elisa Carrió y el diputado de PRO, Nicolás Massot, y fue apoyado por las distintas fracciones del peronismo. Fue promulgado en noviembre de 2018 pero transcurrido un año y medio, no se ha avanzado en su aplicación por falta de los más de mil millones de dólares que debían invertirse por año para expropiar y urbanizar terrenos dentro del régimen de integración socio urbana y regularización dominial. Kirchner incluyó el financiamiento de este programa como prioridad para la asignación de los recursos que generará la contribución extraordinaria. El 14 de julio cumplirá siete años su hijo Néstor. Es también un nuevo aniversario de la Revolución Francesa.

Entre los anuncios presidenciales del viernes, pasó desapercibido lo que dijo del Ingreso Familiar de Emergencia, IFE: se pagará por tercera vez en el AMBA y en Chaco. Es decir, sólo allí y no en el resto del país donde la reapertura de actividades no lo torna imprescindible para la supervivencia. Todavía no está decidido, pero es posible que la restricción geográfica vaya acompañada por un incremento en el monto de la transferencia, que en vez de 10.000 pesos podría llegar a 15 o 20.000.

Selvas de marfil

Un par de subcomandantes descienden de sus selvas de marfil para escarnecer al gobierno por lo que consideran un retroceso en el caso Vicentin, y las redes se recalientan con declaraciones de apoyo a la medida, para consumo de lo que Artemio López definió como audiencias redundantes. Esto tranquiliza a las distintas alas de la militancia del send y el enter y no le hace cosquillas a la realidad.

En cambio, el director ejecutivo del grupo, Máximo Padoan, nieto de Máximo Vicentin, aseveró en forma categórica que el plan de rescate del gobernador Omar Perotti “es mucho peor que el DNU de Alberto Fernández”: el Presidente dispuso la intervención por dos meses, el gobernador hasta la conclusión del concurso de acreedores. Por eso, el juez provincial Fabian Lorenzini no lo aceptó e insistió en mantener al directorio en sus puestos, si bien ha empezado a indagar sobre el patrimonio de algunos de sus integrantes.

Son dos visiones excluyentes. O Fernández arrugó, como sostiene la agrupación Animémonos y Vayan, o afinó la puntería y está más cerca del blanco. El gobierno nacional presentó un pedido de reposición ante el propio Lorenzini, y el de Santa Fe reclamó que la causa pasara al fuero contencioso administrativo federal de la Capital, recurso que está a consideración de la jueza María Alejandra Biotti, aquella que impidió que diversos juzgados del interior pusieran freno a los tarifazos del gas en 2016.

Gianfrancamente

Biotti también rechazó el pedido del entonces diputado Felipe Solá de inconstitucionalidad del artículo 6 del Decreto N° 1.206/2016 por el que Macrì amplió la posibilidad de blanquear dinero sucio a familiares de funcionarios, causa que ya llegó en apelación a la Corte Suprema de Justicia. Sobre el mismo tema presentó esta semana un proyecto de ley la diputada Graciela Camaño. Solicita dejar sin efecto ese artículo del decreto, “por resultar nulo de nulidad absoluta e insanable por contravenir normas y principios básicos de orden público constitucional”. Sus argumentos son que un decreto reglamentario no puede modificar una ley y que el Poder Ejecutivo ni siquiera por vía de necesidad y urgencia puede legislar en materia tributaria.

Muy cierto, pero desde que publiqué los datos del blanqueo de Gianfranco Macrì, hermano del ex Presidente (622 millones de pesos, que entonces equivalían a 35,5 millones de dólares), se arrastra un equívoco: la autorización para hacerlo no provino del decreto sino de la propia ley. El entonces Frente de Todos, cuyo expositor fue el ex ministro y actual gobernador Axel Kicillof, propuso incluir en la prohibición de blanquear a los familiares de funcionarios hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad. Esto hubiera alcanzado a toda la parentela: hermanxs, abuelxs, nietxs, primxs, tíxs, sobrinxs, cuñadxs. También Solá y algunos radicales plantearon lo mismo. Pero el oficialismo y el adelantado camaleón Micky Vainilla sólo prohibieron blanquear a progenitores, hijx y cónyuges. Es decir que los hermanos, como Gianfranco, podían hacerlo.

Lo que el decreto reglamentario hizo es permitir que también los familiares excluidos pudieran beneficiarse siempre que demostraran que esos bienes “se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha” en que el familiar directo asumió su cargo. Más útil que derogar el decreto, que en cuatro años ya generó derechos adquiridos, sería averiguar si Franco Macrì, Alicia Blanco Villegas o alguno de los cuatro hijos emancipados de Maurizio se presentaron, lo cual ratificaría la presunción de que aquel fue un decreto con nombres y apellido.

Casus belli

También demuestra que el gobierno no desea convertir la intervención a Vicentin en un casus belli con el sector agropecuario y mucho menos con el conjunto del patronato, que es lo que intenta la oposición pura y dura, y privilegiar otros temas que considera más importantes. Pronunciamientos categóricos en favor de la intervención por parte de gremialistas campestres, como el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, el ganadero Pedro Salas, desaconsejan emblocar a todo el sector como enemigo, cuando no lo es. Salas le dio un paseo inolvidable en una entrevista por radio a un vocero del oportunismo propatronal. “Hay que estar alucinado para comparar esta situación con la de Venezuela. ¿Usted sabe que Venezuela importa alimentos?”, le dijo. Nunca esta veleta había recibido semejante sopapo que le hiciera dar varias vueltas en redondoQuedan de todos modos muchas preguntas por hacer. Por ejemplo:

—¿Alberto no sabía que el anuncio le vendría como anillo al dedo al ala dura del PRO?

—No.

—¿ Cómo es posible?

—El gobernador de Santa Fe le había transmitido que cuando se supiera que el gobierno se haría cargo del rescate del grupo económico transnacionalizado Vicentin, habría expresiones de júbilo en su provincia.

Las reacciones siguieron distintas líneas. En el norte santafesino, donde Vicentin tiene su sede histórica, sus directivos se cuidaron de pagar todos los granos recibidos de los productores y el banderazo tuvo inserción social, lo mismo que en las comunas más prósperas de la Ciudad Autónoma. En la zona de Rosario y el sur de la provincia, donde los hermanos Nardelli y Beto Padoan dejaron un tendal, nadie los considera víctimas de la voracidad estatal.

Otro de los errores fue disponer en el DNU que la expropiación alcanzaría a la sociedad Vicentin SAIC, lo cual implicaría asumir también sus pasivos, en vez de circunscribirse a sus activos.

La relación de Vicentin con el ex Presidente Maurizio Macrì tiene una dimensión oculta que es conocida por los demás actores del negocio de cereales y oleaginosas. La compañía de los hermanos Nardelli y Padoan era el instrumento mediante el cual Macrì intentaba controlar el principal negocio de exportación de la Argentina. Macrì y sus empresas, no el Estado.

Una de las constataciones más llamativas es que la capacidad de crushing de la cerealera concursada creció en forma notable durante los cuatro años del gobierno de Macrì, pese a que en el conjunto del mercado había importante capacidad ociosa. La producción local de soja ronda los 50 millones de toneladas y el volumen de procesamiento posible es casi 50% mayor. Con capacidad para moler 50.000 toneladas diarias entre sus distintas plantas, Vicentin llegó a representar el 24% de la molienda en el país.

Su expansión se realizó sobre la base de crédito de la mesa de dinero del Banco Mundial, de bancos agrícolas europeos y de bancos locales, comenzando por los públicos (Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires). El Nación es su principal acreedor y le estuvo practicando reanimación cardiopulmonar financiera cuando sus signos vitales ya se habían extinguido.

Como un vulgar esquema Ponzi, la pirámide se derrumbó en cuanto les Fernández derrotaron a Juntos por el Cambio en las elecciones presidenciales de octubre pasado. Los accionistas de Vicentin habían sido los principales aportantes de la fórmula Macrì-Micky Vainilla. Luego de recibir un último y suculento crédito del Banco Nación, al margen de las relaciones técnicas que sus autoridades estaban obligadas estatutariamente a seguir y de ceder la mayoría accionaria de Renova a la suiza Glencore (entre cuyos accionistas se destaca el fondo BlackRock), Nardelli, Padoan y sus familiares más próximos emprendieron una veloz operación de insolvencia programada, vendiendo y donando propiedades, para no responder ante los acreedores estafados, en la fila donde comparten penas proveedores de granos, trabajadores y bancos. La línea de tiempo elaborada por Berco para sus Brotes Verdes a partir de los datos del expediente judicial no deja lugar a dudas. Tampoco las tienen el Banco Mundial y los otros acreedores internacionales, que pidieron que un juzgado de Wall Street investigue donde fueron a parar mil millones de dólares que desaparecieron de la vista entre julio pasado, cuando Vicentin presentó estados contables rozagantes, y diciembre, cuando se declaró abatida por el stress financiero.

En marzo, cien días después de la cesación de pagos, Gustavo Nardelli fue detenido por la Prefectura, que le secuestró su yate Champagne, cuando navegaba por el río Paraná en violación de la cuarentena, en compañía de una mujer. El yate, de casi 20 metros, está tasado en más de un millón de dólares.

El 4 de diciembre de 2019, el conglomerado se declaró en cesación de pagos, el 6 le ofreció al Presidente electo el 60% del paquete accionario, siempre que permitiera a los Nardelli-Padoan conservar el 40% y eludir la responsabilidad por el ostensible vaciamiento.

En la segunda reunión con los nietos de los fundadores, el ya Presidente Alberto Fernández dijo que, mirando la documentación del caso, le llamaba la atención la cantidad de empresas del grupo familiar. El almirante de aguas turbias Nardelli respondió con displicencia: “Esos son sellos que creamos para contraer deudas”. El cinismo de la expresión ante la pregunta presidencial describe la calaña de su interlocutor.

Estos entretelones no son conocidos por el conjunto de la sociedad, porque Alberto trató de no profundizar la polarización con un sector que en la Ciudad Autónoma y en el centro del país está dispuesto a creer que el Presidente huele a azufre y que su Vice tiene pezuñas.

El Presidente tiene el propósito de narrar esta historia en detalle, en una presentación que haría el martes 30, aunque esto responde más a una necesidad de desahogo ante lo que siente como una injusticia que a una decisión meditada, dentro de un plan mejor pensado que los pasos iniciales. Lo que tiene por delante es un dilema donde cada solución tiene su contra:

Seguir acompañando la alternativa Perotti, aunque por segunda vez las previsiones del gobernador no coinciden con los datos de la realidad, lo cual no asegura el resultado.
Derogar el DNU de la intervención, para no dejar en pie el precedente de que un juez de pueblo puede prevalecer sobre la voluntad presidencial, consignada en un decreto que, mientras no sea repelido por las dos cámaras del Congreso, tiene fuerza de ley. Ambas variantes alimentarían los desbordes interpretativos desde las diversas izquierdas de papel.
Enviar al Congreso el proyecto de expropiación, precisando los activos del grupo que interesan. En este caso, el riesgo es que no haya número suficiente y se repita el rechazo legislativo como en 2008.

Vicentin no debería convertirse en una sinécdoque de la imprescindible reforma institucional que permita conocer y regular el comercio exterior y el trasiego de divisas. Esto vale para todos los rubros centrales de las exportaciones e importaciones argentinas. Al día de hoy, el Estado Nacional no posee una empresa dotada de la tecnología actual que le permita saber cuál es la cantidad exacta de petróleo que extraen las empresas privadas, lo cual no afectaría el dominio provincial de los yacimientos. Aunque cueste creerlo, impuestos y regalías se basan en la declaración jurada de esos grandes mentirosos. Los tratados bilaterales de inversiones, que atan al país al arbitraje de las propias empresas multinacionales en el CIADI o la Cámara de Comercio de París, las leyes de entidades financieras y de inversiones extranjeras, el control de cambios y la legislación impositiva tienen infinita mayor relevancia que el destino de una empresa particular, por importante que sea. Si nada de eso se emprendiera, daría lo mismo bajo qué bandera quedara tal o cual empresa. La palabra clave en el mundo de hoy es regulación. Tomar el rábano por las hojas no es lo más aconsejable.

Mercado y Estado

Mientras el gobierno medita el camino a seguir, tres dirigentes de la primera línea del oficialismo accedieron a un encuentro solicitado por cinco capitostes del empresariado, en el que se abordaron con franqueza las perspectivas de la relación entre el peronismo en el gobierno y el patronato. De un lado se sentaron:

Un ministro del Poder Ejecutivo,
Una autoridad política del Frente de Todxs y
Una representación institucional del Congreso de la Nación.

Del otro, formaron:

El líder de una de las más antiguas cámaras patronales, que observa con más interés que nadie lo que sucede con Vicentin y no porque le preocupe el interés nacional;
Un banquero representativo de buena parte de sus colegas locales, que ha sido convencido oficialista con todos los gobiernos que se sucedieron desde 1983;
Uno de los grandes petroleros con intereses en Vaca Muerta;
Un gran constructor que pasó una semana detenido en la Encuadernadora del Doctor Glock, hasta que confesó haber pagado para que el Estado le cancelara deudas por obras realizadas, y
Un inversor en emprendimientos energéticos, de intrincada relación con el ex Presidente Maurizio Macrì y sus negocios.

La autoridad política dijo que el gobierno necesita empresas privadas fuertes, que contribuyan al crecimiento y a la creación de empleo, pero que los hombres de negocios necesitan de un Estado fuerte que fije y haga cumplir reglas del juego.

Uno de los asistentes del otro bando expresó entre cuatro paredes la preocupación que el macrismo vocifera en público acerca del respeto oficial por la propiedad privada.

—Si tuviéramos vocación por avanzar sobre la propiedad privada hubiéramos planteado la expropiación de Cargill, no de Vicentin, que es un agujero negro de deudas y estafas —fue la respuesta.

Sería excesivo decir que hubo grandes coincidencias o que se llegó a acuerdos de algún tipo. Pero la apertura de canales de diálogo es en sí significativa.

Sobreactuaciones

Siempre existe el riesgo de sobreactuaciones, como el encomio presidencial al testaferro del ex Presidente Maurizio Macrì, Marcelo Mindlin, ofensivo para quienes denunciaron y combatieron la promiscua relación de este tipo de hombres de negocios con el poder político capturado por sus pares.

Alberto lo describió como un empresario nacional que invierte en el país, sin mencionar que entre las distintas empresas que figuran a su nombre, encabeza la lista de quienes mayores activos externos han formado durante los cuatro años del macrismo, con 1.600 millones de dólares, repartidos entre Pampa Energía, Petrobrás, Transportadora de Gas del Sur y Edenor. Mindlin, quien blanqueó 44 millones de dólares en 2017, figura como comprador de la empresa familiar de los Macrì, IECSA, pero la investigación del fiscal Franco Picardi determinó que la venta fue simulada y que Mindlin es socio de los Macrì en una compañía offshore establecida en el Estado norteamericano de Delaware, que a su vez es accionista de SACDE (el nombre con que renació IECSA, para que se perdiera mejor el rastro, una costumbre inveterada de los Macrì en sus negocios en todo el mundo). Esa empresa se llama Emes Energía Argentina LLC. Emes son las iniciales de Marcelo Mindlin y Maurizio Macrì. Tampoco la veracidad de la transferencia previa de Franco Macrì a su sobrino Angelo Calcaterra estuvo libre de sospechas. Se realizó en 2007, días antes de que Maurizio Macrì asumiera como alcalde porteño, para evitar ostensibles conflictos de intereses. Franco Macrì denunció que entre sus hijos y sus sobrinos lo habían despojado de la empresa que creó y la familia se enzarzó en una disputa judicial. Los hijos pidieron que se declarara demente al padre. Cuando murió, Maurizio Macrì dijo que había sido parte de un sistema corrupto. Ése no es el modelo empresarial en el que pueda basarse el futuro argentino.

Fernández alega que fue él quien dispuso que se investigara quiénes formaron activos externos. Además, Mindlin fue el primero que aceptó sin protestar la desdolarización de las tarifas. Cuando, además, el gobierno las congeló, recurrió a Fernández para explicarle que estaba en medio de una inversión de 350 millones de dólares, en la principal central térmica nueva. El presidente le repuso que la terminara con los fondos que sacó del país. Es la central que el Poder Ejecutivo inauguró por videoconferencia, desechando la propuesta de Sergio Massa de asistir en persona. En sus breves palabras, Fernández trazó una comparación tácita con Vicentin. En este caso no hubo agujeros negros en la contabilidad de los bancos públicos, dijo.

Bien dicho. ¿Alcanza? Creo que no.

En 1981, la SIP otorgó un premio a la libertad de expresión a Jacobo Timerman. Durante la asamblea de la organización donde se entregó el premio, el subdirector de La Nación, Claudio Escribano, pronunció un discurso descalificatorio del colega perseguido y despojado por la dictadura militar. “No te pedían tanto, Claudio”, le respondió Timerman.

Fuente. Horacio Verbitsky para el Cohete a la Luna