Cómo el macrismo profundizó el aislamiento digital
La pandemia está dejando al descubierto el impacto que tienen las políticas públicas en todos los órdenes de la vida. Evidencia también lo necesario que es el acceso a las tecnologías para que el mundo siga funcionando en un contexto de aislamiento social. Nuestras vidas están más atravesadas que nunca por la mediación de programas, dispositivos y conectividad.
Internet aparece como el servicio esencial que nos permite acceder a la educación y al ejercicio de nuestros derechos en general. Nuestra vida social se ve condicionada a desarrollarse en un espacio no democrático. ¿Quién abre la puerta de lo digital? ¿Cómo se explica que la llave de acceso a derechos esenciales en este momento, y probablemente de ahora en adelante, este mediado por intereses económicos de grandes empresas? ¿Cuál es el rol del Estado y que capacidades tiene para abrir caminos de igualdad en este espacio?
Para pensar algunas respuestas, debemos volver sobre lo hecho. Quizás, el contexto ayude a prestar atención sobre lo revolucionario que fue el Plan Conectar Igualdad, y el “modelo 1 a 1”, un dispositivo para cada estudiante. Diez años atrás, el Estado ya había comprendido el rol de la computadora como herramienta para el aprendizaje, la comprensión, la interpretación y la acción en el complejo mundo que habitamos. Se partía de la idea de que la compu no era un bien de lujo, sino un objeto personal que garantizaba un derecho. Llegaba a las escuelas de todo el país con el nombre del estudiante, y de esa forma se introdujo en millones de casas generando vínculos intergeneracionales novedosos. El Programa fue anulado por el gobierno de Mauricio Macri mediante el decreto 386/2018 con el argumento que ya un alto porcentaje de niñes poseen computadoras y los que no, tienen celular -desconociendo las distintas funciones y usos de dichos dispositivos-. Suficiente, sentenciaron. A partir de allí, se comenzó a otorgar equipamiento tecnológico solamente a las escuelas.
Mauricio Macri también tuvo una política muy clara en lo que respecta a las telecomunicaciones. En el año 2014, la ley “Argentina Digital” puso en funcionamiento el Fondo Fiduciario destinado al Servicio Universal. Las empresas de telecomunicaciones debían destinar el uno por ciento de sus ingresos totales a este fondo, y así financiar infraestructura, para que el servicio de Internet se extienda por aquellos territorios cuya rentabilidad no justificaba la inversión por parte de las empresas. Dicho Fondo fue subejecutado de manera sistemática desde 2015 hasta 2019. Mientras tanto, el ente encargado, ENACOM, avaló la fusión entre Cablevisión S.A. y Telecom Argentina, permitiendo la concentración de más de 30 millones de clientes.
De aquellos polvos, estos lodos. Hoy nos encontramos con miles de pibes sin computadoras, cientos de barrios sin conexión, y la imperiosa necesidad de construir un modelo democrático de acceso a las tecnologías.
En los últimos meses, se llevaron adelante medidas a nivel nacional que son buenos puntapiés para dar respuesta a las problemáticas mencionadas: el congelamiento de tarifas del servicio a Internet, el anuncio de fondos destinados a la conectividad en barrios populares, y del Plan Juana Manso, por parte del Ministerio de Educación, sumado al rápido e importante desarrollo de “Seguimos Educando”.
Mientras tanto, en los barrios más humildes de la Ciudad más rica de la región, miles de familias invirtieron sus últimos pesos mensuales en “comprar datos” para poder hacer la tarea escolar. La mayoría lo hizo mediante el celular, ya que desde el año 2015, el modelo “1 a 1” de entrega de computadoras del “Plan Sarmiento” se retrasó de 1er a 4to grado. Desde que comenzó el aislamiento social, directivos y docentes realizan esfuerzos enormes para encontrar a sus alumnos; saben que lo más importante es no perder el vínculo. Los días de entrega de alimento en las escuelas se transformaron en un momento de intercambio de fotocopias y mensajes. El aumento de los casos positivos de COVID-19 en los barrios populares trajo aparejado que muchas familias ya no se encuentren en esas filas, y que el único dispositivo tecnológico de la casa esté destinado al contacto con los familiares internados o aislados en hoteles.
Esta situación permite desmitificar aquella idea de que les niñes de hoy son “nativos digitales”, como si hubiera una condición biológica, y no económica y social, que permita vincularse con la tecnología. La forma en que las nuevas generaciones se conecten con el mundo digital, y las herramientas que la escuela brinde para la inserción en este mundo sea un ejercicio de incidencia efectiva y con mirada una mirada crítica, son parte de una definición política de largo aliento.
¿Cuál es el esfuerzo que realiza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para garantizar la conectividad de estos miles de pibes que ven cercenado su derecho social a la educación? Por ahora, ninguno. Queda muy claro el rol fundamental que cumple la escuela en la construcción de una sociedad mucho más justa. Cuando la escuela se cierra, aparecen las consecuencias de un modelo de ciudad profundamente desigual. La necesidad garantizar la conectividad de forma universal, comenzando por los barrios populares, es parte de la agenda de derechos que en la ciudad. Si se escucha esta demanda y se desarrollan políticas en este sentido, debemos tener la mirada muy atenta para exigir que amplíen derechos y fortalezcan lo público, y no que favorezcan la apropiación de ganancias por parte de las empresas de telecomunicaciones, de las pocas que aumentaron su rentabilidad durante la pandemia.
Fuente. eldestape.com