POLITICA

Para Poder Judicial, reforma en jubilaciones es la nueva “125″

Escalada inicial a través de un comunicado de rechazo. Malestar subterráneo amenaza con “piquete” de expedientes. Negociaciones naufragaron. Sorpresa (y bronca) por redacción. Reunión clave en Corte, hoy.

Para Poder Judicial, reforma en jubilaciones es la nueva “125″
No fue la reforma judicial, ni los expedientes que involucran a los macristas o a los K. Lo que verdaderamente cerró la grieta en el Poder Judicial es el proyecto de ley que propone la modificación del régimen especial de jubilaciones de jueces, fiscales y defensores. Todos, con mayor o menor cercanía al Gobierno, están en contra.

Es, hoy, el único tema verdaderamente gravitante a nivel institucional, cuya escalada representa una guerra equiparable, en términos simbólicos, a “la 125” para el campo. Por lo bajo, en pasillos judiciales anticipan que no habrá piquetes en rutas. Los habrá en los expedientes, de manera transversal y en todas las instancias. La punta del iceberg se vio ayer con un comunicado de la Asociación de Magistrados que dejó traslucir el explícito rechazo. Antes, había habido negociaciones que se pensaban fructíferas, pero que dejaron atónitos a los interlocutores (también en el Ejecutivo) cuando vieron plasmado el texto de reforma.

Pero lo relevante llegará tras bambalinas: hoy habrá una reunión en la Corte Suprema entre los jueces agremiados, y sus tres representantes en el Consejo de la Magistratura. Buscarán apoyo en varias vocalías del cuarto piso del Palacio de Tribunales. Desde allí partieron señales “técnicas” de que lo tienen. La redacción del texto oficial contraría algunos de los fallos más recientes del máximo Tribunal en materia previsional. El otro ámbito para lograr modificar la iniciativa -contra reloj- será el Congreso.

La bronca se tradujo en un comunicado, moderado, para el nivel de belicosidad que se maneja de manera subterránea. Firmado por la Asociación plantea “los graves efectos que provocaría para el normal desempeño del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos, y por ende el perjuicio a la sociedad” que avance el proyecto en esos términos. Aunque reconociendo “la difícil y delicada situación económica que atraviesa el país”, dejaron traslucir que lo consideran inconstitucional y que vulnera fallos de la Corte.

Los negociadores de los jueces habían acercado al Ejecutivo un punteo sobre aspectos que estaban dispuestos a ceder para consensuar una reforma que le dejara al Gobierno margen político para considerarlo un avance (mayor porcentaje de descuentos sobre el bruto y aumento de la edad para el retiro), pero todo eso naufragó cuando vieron plasmada la redacción del proyecto, que se hizo a metros del despacho presidencial. Hubo reproches inmediatos hacia la ministra de Justicia, Marcela Losardo. Entre dientes amenazaron con un parate general de los expedientes de toda índole. Para el mundo judicial, este conflicto es de un impacto infinitamente más abarcativo que cualquier reforma orgánica que implique desarticular Comodoro Py o cualquier otro planteo puntual. Es, simbólicamente, la madre de todas las batallas. Por eso, la manifestación de ayer unificó posiciones e implicó la formal declaración de guerra a la Casa Rosada, cuya escalada aun no puede mensurarse.

Las objeciones de los judiciales abarcan casi todos los ejes del plan de reforma enviado a extraordinarias a la que le achacan “olvidos” y contradicciones:

El incremento de 5 años en la edad jubilatoria de mujeres y varones del Poder Judicial lo diferencia del régimen general, donde las mujeres pueden acceder a la jubilación a los 60 años con opción de continuar hasta los 65. Primer punto de conflicto con todas las juezas.

Se excluyen de los beneficiarios del régimen especial de jubilaciones a todo cargo que no sea “letrado”, en la jerga. Destacan que se elimina el cargo de “prosecretario administrativo” -una jerarquía que existe en todos los juzgados y Cámara- y que no se incluyó en la redacción al “prosecretario letrado de Cámara”, ambos con “firma” para tratar expedientes.

Que se eleva la cantidad de años que debe ejercerse la jerarquía alcanzada para acceder al beneficio. Mientras que hoy basta con 5, la iniciativa propone 10 continuos o 15 con interrupciones.

Como requisito, se impone la condición de tener antigüedad de 20 años en la carrera judicial, además de 10 en el ejercicio del cargo. Esa doble condición genera que quienes puedan haber sido designados desde al ámbito académico o de la matrícula incumplan alguna de las dos condiciones, según la edad en la que hayan sido efectivizados. Como indefectiblemente para el cargo de juez deberían cesar a los 75, puede que tengan diez años en el cargo, pero si su designación ocurrió luego de que cumplieran 60, no alcanzarían nunca los 20 años de carrera dentro del Poder Judicial. Hay casos, uno de ellos en la Cámara de Casación.

Otra queja (ya anticipada por Ámbito Financiero) era que el Gobierno quiere que cesen en sus cargos al cumplir la edad para poder acceder a la jubilación. Eso, los jueces, lo consideran más dañino -y contrario al régimen general- que da un margen para continuar trabajando más allá de alcanzar la edad jubilatoria.

Protestan también por lo que implica que quien ingresó a trabajar con 20 años al Poder Judicial deberá estar en funciones 45 años para alcanzar el beneficio especial, 15 más que los requeridos en el régimen general, con un descuento del haber bruto superior. Hoy se descuenta el 13% vs. el 11% en el de reparto.

El texto prevé que ahora pasen a aportar el 18% del salario bruto. En las negociaciones previas, los magistrados estaban dispuestos a ceder hasta el 15%, siempre y cuando se mantuviera el 82% móvil. No hay pistas de cómo se aplicaría eso.

El proyecto establece que el haber inicial será igual al 82%, pero del “promedio de remuneraciones actualizadas percibidas en los últimos diez años”. Hoy es con respecto a la última jerarquía alcanzada. Pero no se explicita qué “índice” de actualización se aplicará. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte en el reciente fallo “Blanco”, es la propia ley la que debe establecer la variable sobre la cual se realizará el ajuste. No puede ser reglamentado por el Ejecutivo. Lo mismo para la “pauta de movilidad”, uno de los ejes del famoso caso “Badaro”. Estas son las armas que blandirán en una eventual judicialización de todo el paquete de reforma.

La furia gira principalmente en torno a los interrogantes: índice desconocido, movilidad declarada pero omitida en su formato y muchos más años para hacer los cálculos (sospechan que esto licuará el haber inicial), sumado a errores en el régimen de “pensiones”. Todo eso servirá para sostener que es una afectación a la “intangibilidad” de los haberes de los jueces, en un intento por herir de muerte la reforma con el sable de la inconstitucionalidad por afectar la garantía de independencia del Poder Judicial.

Como es una guerra, o así lo entiende el universo de impactados por la reforma, el Gobierno pone en juego también la viabilidad judicial del resto de sus iniciativas -sobre todo, en el plano previsional- y varios cambios que pretende implementar y que podrían tener destino de tribunales. La explosión del asunto quitó de foco todo el resto de cuestiones judiciales con nombre propio y fulminó (al menos de manera proyectada) el histórico alineamiento judicial que acompaña cada inicio de gestión.

Fuente. ambito financiero

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