15% de descuento en alimentos por devolución del IVA
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitará el régimen de reintegros para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y para los titulares de la Asignación Universal por Hijo y por embarazo. Será un reintegro del 15 por ciento en la compra de alimentos que se realice en cualquier comercio y con tarjeta de débito. Tendrá un tope de 700 pesos mensuales y estará vigente desde el primero de marzo. En la práctica, el impacto significará un aumento indirecto para 7,1 millones de personas: una suba del 22,5 por ciento para la AUH y del 4,5 por ciento para una jubilación mínima. “Esto va a generar un alivio en los estratos más bajos que están sobre endeudados, y a la vez tendrá efectos reactivantes en el consumo interno”, aseguró la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quien se presentó este lunes en conferencia de prensa en la Casa Rosada.
La decisión fue tomada en línea con el aumento a las jubilaciones , pensiones y asignaciones, que tuvo un incremento porcentual mayor en los sectores de menores ingresos. “Es cierto que hay un sector que está un poco más arriba de la mínima que por el momento no va a ser beneficiado, pero esta medida fue tomada en un contexto de una situación fiscal muy delicada, donde se priorizan los sectores más vulnerables, que más han sido castigados en Argentina”, indicó la titular de AFIP.
En caso de que los reintegros sean utilizados plenamente, la medida tendrá un costo fiscal de 5000 millones de pesos mensuales. En un principio podría ser menor, dado que el uso de la tarjeta en los beneficiarios es del 20 por ciento. Por eso buscarán, junto al Banco Central, al Pami y al Ministerio de Desarrollo Social, duplicar el uso de la tarjeta. Y además, que los comercios de proximidad se formalicen e incorporen medios de pago electrónicos, para que el consumo no se concentre solamente en hipermercados.
El financiamiento se llevará a cabo con partidas del Tesoro. No irá contra recursos coparticipables, tal como fue la quita de IVA en la canasta básica del gobierno macrista, que derivó en un fallo judicial a favor de las provincias . Marcó del Pont consideró esa medida como un “fracaso”, dado que tuvo un costo fiscal de 3000 millones de pesos mensuales, es decir, más de 12 mil millones de pesos, dado que se extendió desde mediados de agoto y hasta el 31 de diciembre. “Duró lo que un suspiro el impacto en el precio de los alimentos, fue consumido por el proceso de aceleración inflacionaria”, remarcó la economista. Además, la calificó como regresiva dado que se aplicaba sobre todos los consumidores. “Nuestra propuesta busca financiar la demanda de menores ingresos, por lo que tiene impactos redistributivos muy relevantes”, remarcó.
La medida finaliza en agosto, aunque podría ser prorrogable, y aspiran a que en los próximos meses puedan sumarse los titulares de las tarjetas alimentar, del programa de Argentina contra el Hambre.
Fuente. Pagina12