El patriarcado resiste con herramientas judiciales insuficientes
La violencia contra las mujeres es una grave problemática que debe ser enfocada en su multiplicidad de aspectos determinantes, entre ellos, los culturales, jurídicos y políticos. El orden señalado no obedece a una jerarquización de los mismos. Si así lo hiciera, seguramente el aspecto político estaría encabezando la serie.
En el caso de la población trans, la situación se agrava por el estado de vulnerabilidad en el que suelen estar, en la reticencia (justificada por el trato que suelen recibir) a realizar las denuncias en las dependencias policiales, en los prejuicios que atraviesan al cuerpo social, a la discriminación y a la frecuente ausencia de contención familiar.
El patriarcado resiste
Transitamos una época en la que somos testigos de un lento y progresivo cambio social en lo que hace al trato hacia la mujer por parte del hombre. Sin embargo, arrastramos una fuerte pregnancia de un patriarcado arcaico, que insiste y resiste su declinación.
En mi práctica cotidiana (perito de una dependencia judicial dedicada a intervenir en violencia familiar) resulta frecuente escuchar en el relato de los hombres denunciados argumentos tales como “ella no ordena la casa… se va con las amigas y no me deja la comida… se le ocurrió empezar un curso y llega a cualquier hora… si le digo algo me contesta y me falta el respeto… no le puedo permitir que se arregle y salga a la calle como una puta… ella tiene que cumplir con sus obligaciones sexuales porque es mi mujer… no le doy plata porque se la gasta en ella y no en los chicos… todo lo que tiene se lo di yo, todo es mío… si salgo con mis amigos me lo reprocha y no tiene derecho a decirme lo que tengo que hacer porque yo soy el que mantengo la casa”, etc. Todas estas afirmaciones, expresadas con convicción y sin pudor, constituyen el reflejo de un pensamiento que ubica a la mujer como una propiedad del hombre en cuestión, condición por la que éste se siente habilitado a “aplicar correctivos” para que se “porte como corresponde”.
Esta situación se ve generalmente agravada por la dependencia habitacional y económica por parte de muchas mujeres, lo que las lleva, reiteradamente, a retomar la relación con el agresor, frente a la falta de recursos básicos para su subsistencia y la de sus hijos.
La herramienta judicial, insuficiente
Desde el punto de vista jurídico, existen herramientas para establecer medidas urgentes de protección, tanto para la mujer como para los niños. Sin embargo, el control del cumplimiento de algunas de ellas (tales como las exclusiones del hogar o las prohibiciones de acercamiento de los agresores a la mujer y a los niños) queda en manos de las fuerzas de seguridad, las cuales suelen contar con escasos recursos para brindar seguridad en estos casos. Las custodias policiales, aun cuando sean dispuestas por el organismo judicial interviniente, se efectivizan en forma “dinámica” y no fija: el personal policial pasa por el domicilio de la víctima en horarios aleatorios, y depende de la mujer que se ponga en conocimiento de las autoridades de las violaciones a las medidas dispuestas.
Por otra parte, aun cuando se establezcan medidas urgentes de cumplimiento de responsabilidades parentales (aportes económicos provisorios por parte de los progenitores a sus hijos), las mismas sólo se cumple conforme a la voluntad del denunciado, derivándose luego a los juzgados de familia las actuaciones tendientes a establecer judicialmente las antes llamadas cuotas alimentarias. Mientras tanto, el estado de indefensión de la mujer y de los niños en términos económicos es absoluto.
En cuanto a lo habitacional, la propiedad del inmueble ocupado por el grupo familiar no determina la atribución del hogar. Cualquier individuo puede resultar excluido del mismo por causas de violencia familiar, sin importar si es o no el propietario de la casa. Sin embargo, aquí también surge una problemática compleja: en muchos casos en un mismo predio se emplazan varias viviendas. Si en ellas viven los familiares del agresor, la permanencia de la mujer y de los niños allí los expone a nuevos hechos de violencia, por represalias de familiares del denunciado.
Si bien en algunos municipios de la provincia existen “refugios” para mujeres víctimas de violencia, lo habitual es que sean lugares de alojamiento transitorio, con condiciones estrictas que hacen que las mujeres rechacen la propuesta de trasladarse allí.
Todo esto evidencia que la repuesta jurídica es, (aun cuando se aplique en toda su extensión y llegue al extremo de la intervención penal por la comisión de delitos por parte del agresor), insuficiente para dar respuesta integral a la problemática de la mujer. La creación de la figura penal de “femicidio”, cuya sanción no difiere en lo sustancial con la preexistente figura de homicidio agravado por el vínculo, no ha producido hasta la actualidad diferencias significativas en cuanto al objetivo propuesto: la reducción de los asesinatos de mujeres por parte de personas vinculadas a ellas.
Desde la salud
En cuanto a lo que hace a la respuesta desde los efectores de salud, en los últimos años hemos asistido a la reducción y/o desmantelamiento de los equipos interdisciplinarios. Los dispositivos grupales demuestran diversa eficacia, siendo beneficiosos en algunos casos pero fuertemente rechazados en otros; los espacios de tratamientos psicológicos resultan insuficientes, no logrando abarcar a la población afectada; faltan dispositivos de tratamiento para personas con consumo problemático de alcohol y/o drogas, el acceso a la salud de las personas afectadas resulta habitualmente muy dificultoso.
El abordaje integral de esta problemática depende de una decisión política. La protección de los derechos de la mujer y de los niños debe ser Política de Estado. No sólo porque se requiere para ello una planificación estratégica que permita identificar con claridad todos los aspectos intervinientes en la violencia contra la mujer, alcanzar con las medidas a toda la población afectada, con las diferencias propias de cada región del país, sino porque fundamentalmente se necesitan recursos presupuestarios para la implementación de las distintas respuestas.
La creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Disidencias marca una dirección clara en cuanto a la posición del nuevo gobierno, y sienta las bases para el desarrollo de políticas públicas tendientes a terminar con esta grave situación.
El desafío del cambio cultural
Existe por un lado la necesidad de abordar la coyuntura, e intervenir en lo inmediato para evitar la continuidad de los hechos de violencia contra las mujeres que a diario se producen y que engrosan enormemente el número de víctimas. Pero además, el gran desafío es cultural. Es trabajar fuertemente para, desde la infancia, desarticular creencias, discursos, mitos, costumbres, hábitos, que conforman el escenario en el que resulta posible que un hombre reproduzca modelos patriarcales en su relación con una mujer.
Para ello también es necesario introducir cambios en el pensamiento femenino: la habitual fascinación de la mujer por su hijo varón, el que reúne las condiciones para ser investido libidinalmente como el falo que viene a resarcirla de su castración, condiciona el modo en que las madres transmiten la valoración de lo femenino, distribuyen los roles entre sus hijos, preservan a los niños de algunas tareas que a las niñas les exigen cumplir, y crean las bases para la perpetuación de las diferencias en la representación imaginaria de hombres y mujeres en la familia y en la sociedad.
Decisión política, diseño e implementación de estrategias de diagnóstico e intervención eficaz y perseverancia en la producción de un profundo cambio cultural resultan pues ejes fundamentales para cambiar una realidad que hoy se evidencia en toda su dimensión trágica.