POLITICA

Sobrepoblación, torturas y muerte en las cárceles de María Eugenia Vidal

Cuando Daniel Scioli dejó el poder, los indicadores que ilustraban la situación de las cárceles bonaerenses eran malos. En cuatro años de María Eugenia Vidal, las muertes, torturas y la superpoblación carcelaria se dispararon a niveles insostenibles, revela un informe periodístico de Eduardo Médici.

Sobrepoblación, torturas y muerte en las cárceles de María Eugenia Vidal

María Eugenia Vidal suele ilustrar con un dato de color la situación en la que encontró el servicio penitenciario al momento de su arribo al poder. Dijo más de una vez que las cárceles no tenían cámaras ni candados, y que 7 mil internos dormían en el piso.

Los datos oficiales y los que recopilan organismos de Derechos Humanos, como la Comisión Provincial por la Memoria, que hace un seguimiento exhaustivo de la problemática carcelaria, son escalofriantes: la sobrepoblación llegó a niveles récord, al punto que más de la mitad de los reclusos no tiene dónde dormir. La violencia entre internos y de parte de las autoridades también alcanzó niveles preocupantes.

Ahora hay candados: ni bien asumió, Gustavo Ferrari, el actual ministro de Justicia, anunció con bombos y platillos la adquisición de unos 5 mil que pronto la propia Vidal transformó en 12 en otro comentado anuncio. También se adquirieron y entregaron más de 31 mil colchones para que los internos no duerman en el piso. Más allá de esas soluciones a problemas puntuales, los grandes déficits del sistema carcelario persisten o se agravaron.

INFRAESTRUCTURA Y SUPERPOBLACIÓN

En materia de infraestructura, cabe reseñar que María Eugenia Vidal recibió, en diciembre de 2015, una población penitenciaria de 34.096 personas que se alojaban en 20.732 plazas de 56 establecimientos penitenciarios y las 7 alcaidías departamentales. La sobrepoblación era de 59.8 por ciento y todos los organismos de Derechos Humanos reclamaban que se tomaran medidas urgentes.

En diciembre de 2018, tes años después –últimos datos disponibles-, la población penitenciaria es de 42 mil personas, a pesar de que las plazas siguen siendo prácticamente las mismas. A diciembre se alojaban en las cárceles de la Provincia más de 42 mil internos. La superpoblación se disparó al 113 por ciento, lo que implica que más de la mitad de las personas no tiene un espacio para dormir.

En el Ministerio de Justicia dicen que los números del final de la gestión son más amables: hay 28 mil plazas para 43 mil internos, sostienen. Así, la superpoblación sería del 65 por ciento y harían falta 15 mil lugares para llegar al equilibrio. En las alcaidías departamentales, que son el modelo que recomienda la ONU porque alojan a un solo interno por celda, la sobrepoblación es del 48 por ciento.

También en las comisarías, aunque está expresamente prohibido que alojen reclusos. Siempre según datos de la CPM, de las 483 comisarías, 255 (el 53%) se encontraban inhabilitadas por una decisión administrativa, judicial o de ambas. En 2018, según datos oficiales, había 4.129 personas alojadas en las dependencias policiales de la Provincia y un cupo de 1.007 camastros.

A pesar de eso, ese organismo constató que en 113 había personas privadas de su libertad. La sobrepoblación tuvo una variación porcentual de 57% en sólo un año: de 198% a 310%; es decir, tres de cada cuatro personas duermen en el piso o se turnan para dormir. Durante el gobierno de María Eugenia Vidal y a instancias del ministro Ferrari, murieron en ese ámbito 65 personas: 24 en 2016, 23 en 2017 y 18 en 2018.

ANUNCIOS QUE QUEDARON TRUNCOS

Según datos oficiales, brindados por el Ministerio de Justicia, a lo largo de los cuatro años de la administración Vidal se incorporaron 1.554 plazas. Se prevé la incorporación de otras 1.369 que están en ejecución. Muchas corresponden a ampliaciones de los penales existentes y hasta “alcaidías modulares” que implican prácticamente la mitad de esas “soluciones”.

Se trata de un objetivo modesto frente a los anuncios que hiciera el ministro Ferrari en agosto de 2016, tres meses después de tomar la posta que dejó Carlos Mahiques, cuando se planteó la meta de incorporar 2 mil plazas por año en una suerte de cruzada para “refundar” el Servicio Penitenciario Bonaerense mediante la aplicación de un “plan estratégico” que gozó de amplia cobertura mediática.

Los números oficiales revelan, eso sí, un refuerzo importante en las políticas de reinserción social. Hoy hay 388 talleres laborales en funcionamiento, contra los 51 que había al inicio de la gestión. Asisten unos 10.400 internos de todo el Servicio Penitenciario.

También se mejoraron las estadísticas en materia de educación carcelaria. Se incrementó un 70 por ciento la cantidad de internos en enseñanza formal, y en 103 la inscripción en cursos de capacitación laboral. Para eso se construyeron 77 nuevas aulas, donde se imparte educación a 1.476 internos.

Por último, se destaca la implementación de un programa de “Unidades modelo”, con tratamiento focalizado por edad, género y tipo de delito, medida que refuerza el trabajo para la reinserción. Ya se puso en marcha una unidad de este tipo en Campana, destinada a jóvenes de entre 18 y 21 años, y se está construyendo una unidad similar en Lomas de Zamora.

TORTURAS, MALOS TRATOS Y MUERTES

Año a año, desde 2015 en adelante, se denuncian entre 2.500 y 3.100 hechos de torturas y malos tratos, que incluyen aislamiento, falta de asistencia a la salud, malas condiciones, falta de alimentación, impedimentos de vinculación familiar, agresiones físicas, traslados gravosos, requisas vejatorias y otras.

Este año se detectó y se denunció un hecho que revela hasta qué punto las autoridades están comprometidas en la continuidad de la problemática. Fue a partir de que el presidente del Comité contra la Tortura y defensor oficial ante Casación, Mario Coriolano, denunciara los malos tratos recibidos por una interna trans, inmigrante, de 36 años, que quedó cuadripléjica producto de distintas situaciones de extrema gravedad.

En lugar de atender el problema, tanto las autoridades del SPB, empezando por Xavier Areses, como de la Procuración General de la Corte, a cargo de Julio Conte Grand, se ocuparon de perseguir judicialmente a Coriolano. Esto mereció la intervención de la Suprema Corte, que ordenó que el Estado no interfiera con la labor de los organismos de Derechos Humanos que operan en las cárceles.

En las cárceles bonaerenses se sufre, pero también se muere. El promedio de los últimos 11 años es de 135 fallecidos por año. Durante los años de Vidal, fue de 147. Hay registro de 156 fallecidos en 2016, 146 en 2017 y 140 en 2018. La enorme mayoría de los decesos se debe a problemas de salud no asistidos; la segunda causa de muerte son los homicidios y la tercera los suicidios.

Esta última causal de muertes es una verdadera preocupación para las autoridades, que siguen con atención la merma en la cantidad de visitas familiares a los internos, que atribuyen a las para afrontar los gastos de transporte hasta las unidades, que, en muchos casos, distan a cientos de kilómetros de los domicilios de los reclusos. En la cercanía de las fiestas de fin de año, suele ser causal del recrudecimiento de la violencia intramuros.

LAS FUGAS NO CESAN

El 27 de diciembre de 2015, cuando María EugeniaVidal llevaba menos de tres semanas en el poder, los condenados por el Triple Crimen de General Rodríguez se fugaron del penal de General Alvear, desnudando la fragilidad del sistema penitenciario para contener a criminales peligrosos. La sangría no se detuvo en estos cuatro años.

Según datos proporcionados por el Poder Judicial, hubo 9 fugas de cárcel de régimen cerrado: dos en 2016, seis en 2017 y una en lo que va de 2019. Además se escaparon 49 reclusos del régimen abierto y semi abierto, que no tiene medidas de asegurativas tan estrictas, a razón de 16 en 2016; 19 en 2017; 11 en 2018 y 3 en lo que va de 2019.

Por último, hubo 119 fugas del programa “Casas por cárceles”, que alojan a reclusos en viviendas construidas fuera de los muros, pero dentro del predio carcelario, donde pasan sus últimas semanas detenidos por disposición judicial. Fueron 58 en 2016, 35 en 2017, 13 en 2018 y 13 en lo que va de 2019.

EL PRESUPUESTO NO VA A ALCANZAR

En la actualidad, la capacidad recomendada para una unidad penal es del orden de 500 plazas. En la Provincia, que necesita con urgencia 15 mil, habría que construir de cero 30 unidades. El costo promedio de una cárcel oscila entre los 500 y los 750 millones de pesos. En Corrientes acaba de inaugurarse una unidad “mixta” con capacidad para 300 presos federales y 212 provinciales.

De esos datos se desprende que Buenos Aires debería invertir entre 15.000 y 22.500 millones de pesos para ponerse “al día”, el equivalente al presupuesto que se asignó para el funcionamiento de todo el Servicio Penitenciario a lo largo de 2019. Hay un detalle: de esa cantidad, el 76 por ciento (19 mil millones de pesos) se destinó al pago de salarios.

No resulta difícil calcular que la Provincia debería duplicar de un año al otro la inversión en materia penitenciaria para garantizar un alojamiento digno para los internos. Lo difícil es lograrlo: hasta ahora, la tendencia es que el presupuesto se incremente por debajo de los índices de inflación oficiales.

DEL DICHO AL HECHO

El tema de la seguridad y la situación de las cárceles fue una referencia ineludible para María Eugenia Vidal cada vez que abrió un período de sesiones ordinarias en la Legislatura. Las cuatro veces que lo hizo -en 2016, 2017, 2018 y 2019- se jactó de haber removido a la cúpula y al Jefe del SPB.

También celebró la decisión de pedir declaraciones juradas a todos sus integrantes y habló de una “reforma integral” que puso en marcha en 2016, pero cuyos alcances nunca precisó más allá de los ejes “transparencia y reinserción de los detenidos”. En los primeros meses de mandato prometió “una mejora en las condiciones de las cárceles” que, admitió, iba a “llevar tiempo”.

En 2018 sostuvo que se pusieron “cámaras y candados donde no había nada” y que se amplió la inversión “en nuevos espacios para aliviar el hacinamiento”, además de “mejorar la provisión de medicamentos”. “Pasamos de tener más de 7.000 detenidos durmiendo sin colchón a que más de la mitad estudien o aprendan un oficio”.

En 2019 volvió a hablar de la “reforma integral”, de los cambios en la “cúpula” y de las declaraciones juradas obligatorias. Las novedades fueron los talleres de oficios, que, dijo, pasaron de 51 a 340, y la imnauguración de una Unidad Modelo en Campana. “Para cuando termine nuestra gestión vamos a haber incorporado casi 3 mil plazas, dos veces la capacidad de la cárcel de Alvear”, anticipó. Si llega a cumplir con esa promesa, lo hará en tiempo de descuento.

Fuente. Infocielo

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