Chile: tercera semana de protestas en por nueva Constitución y la salida de Piñera
Centenares de manifestantes frente a los tribunales y taxistas con banderas contra el cobro de peajes dentro de la ciudad lanzaron este «superlunes» de protestas sociales en Chile, donde empezó la tercera semana de una crisis sin salida a la vista y que desgasta al gobierno de Sebastián Piñera.
Desde temprano Santiago se vio no obstante con más tráfico y peatones que los dos lunes anteriores, cuando los daños a la infraestructura de transporte público y los desmanes por saqueos e incendios semiparalizaron la rutina de estudiantes, empleados y comercios.
Las protestas cuestionan un Estado ausente en educación, salud y pensiones dentro de un modelo económico de libre mercado, donde una minoría controla la riqueza del país. De esta manera se han multiplicado las voces de izquierdas y derechas que piden cambiar la Constitución, una herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El presidente Piñera, que canceló la organización de la APEC y la cumbre de clima de la ONU COP-25 previstas para este mes, afirma que prefiere antes que nada «un diálogo amplio».
Una encuesta de Cadem divulgada el domingo, reveló que un 87% está a favor de que se cambie la actual Constitución.
En un fin de semana de saqueos e incendios de infraestructuras y desmanes, decretó el estado de emergencia, sacó a los militares a las calles e impuso un toque de queda, todas medidas que se pensaban sepultadas desde la época de mano dura de Pinochet.
Con 13% de aprobación, según el estudio de Cadem, es el jefe de Estado con las cifras más bajas desde el regreso a la democracia en Chile en 1990.
Este lunes se conoció que la economía chilena creció 3% en septiembre en comparación a igual mes del año anterior, completando su mejor trimestre del año, pero tras el estallido social el gobierno prevé una baja en las cifras de aquí a fin de año, con una caída de hasta 0,5% en octubre.
«Lo que nosotros esperamos para el cuatro trimestre es una situación completamente distinta producto de los eventos que todos hemos conocido», dijo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.
La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) indicó que el 46% de las empresas del sector ha sufrido daños directos y han enfrentado costos por menores ventas.
Activistas, encabezados por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, emplazaron el lunes al presidente Piñera a frenar las «graves y sistemáticas» violaciones a los derechos humanos denunciadas en el marco de la crisis, pese a voces locales que descartan un plan represor.
Las protestas dejaron 20 muertos, cinco de ellos a manos de agentes del Estado y se reportan unos 150 manifestantes con heridas oculares por el uso de perdigones en las manifestaciones callejeras.
Esta crisis empezó con una protesta estudiantil contra el alza de tarifa del metro de Santiago, pero destapó un profundo descontento de las clases trabajadora y media, que ven sus expectativas incumplidas en un sistema que promueve el endeudamiento para salir adelante.
Hasta ahora se trata de un movimiento heterogéneo, sin banderas políticas y sin liderazgo identificable.
Santiago, en el foco de las protestas
Las actividades se reanudaron en Santiago y las principales ciudades del país aunque los chilenos están atentos a las manifestaciones masivas que se convocan en redes.
El Metro de Santiago, que transportaba unos 2,6 millones de pasajeros en días laborales, alargó sus horarios hasta las 20H00 locales, y se recupera de a poco tras sufrir graves daños en 118 de sus 136 estaciones, entre ellas 25 incendiadas, sobre todo en zonas muy pobladas y de clase trabajadora.
Espionaje ilegal
La ministra vocera de La Moneda, Karla Rubilar, aseguró este lunes que el gobierno chileno pidió un informe con «transparencia total» del espionaje de Carabineros a líderes sociales que quedó al descubierto a través del hackeo a la institución policial.
«Quiero decirles que una vez tomado conocimiento, el mismo ministro del Interior solicitó un informe a Carabineros, que debería estar llegando o por llegar», señaló hoy Rubilar al ser consultada por la prensa.
Añadió que «lo que nos interesa es transparencia y claridad total respecto de lo que ha ocurrido. La filtración ya está en investigación del Ministerio Público, y toda acción tendiente a esclarecer lo que ocurrió y si esto está dentro del marco de la ley es muy bienvenido».
El sitio Interferencia publicó el informe con fecha 1ro de septiembre filtrado por un hacker donde se ve que Carabineros creó categorías con líderes sociales denominándolos «blancos de interés».
Entre ellos, Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); Luis Mesina, vocero de la Coordinadora No+AFP; Mario Aguilar, timonel del Colegio de Profesores; Esteban Maturana, director de la Confederación de Funcionarios de la Salud, médico, y Emilia Schneider, titular de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
El informe se hizo tras la marcha de la Coordinadora de Comités de Allegados «Los sin Tierra», cuando nadie presagiaba el estallido social que se produciría el 18 de octubre y que se mantiene hasta ahora.
«Es bastante preocupante que nos cataloguen como blanco de interés, más aún cuando ya han existido otros dirigentes que han sido asesinados, cómo Macarena Valdés y Camilo Catrillanca», declaró la joven Schneider, haciendo alusión a la activista medioambiental y al lonko mapuche.
El Movimiento No+AFP consideró los hechos «de la máxima gravedad» y responsabilizó al Gobierno, del cual depende Carabineros.
Emplazó a la fuerza policial a dar explicaciones y «señalar si estos hechos corresponden a política institucional y cuál es la razón de ordenar acciones de vigilancia a dirigentes sociales abocados a denunciar el fracaso de un sistema que entrega pensiones miserables y que buscan establecer una nueva política pública que garantice seguridad social y pensiones dignas a chilenas y chilenos».
Fuente. ambito financiero