Deuda con el FMI, en Tribunales

“Demostramos que la deuda con el FMI es ilegítima, ahora vamos por su nulidad”, expresó el titular del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, Eduardo “Vasco” Murúa, que impulsó el reclamo judicial para que el Ministerio de Hacienda difunda toda la información referida a los términos del acuerdo pactado con el organismo multilateral. “El acuerdo se consumó sin que el Estado argentino respete las obligaciones dispuestas por el propio Estado para tomar deuda”, advirtió Murúa que desde el año pasado reclama, junto con Eduardo Codianni del Centro de Estudios para la Integración Financiera, conocer el expediente, los actos administrativos y dictámenes referidos al préstamo por 56 mil millones de dólares solicitado por el gobierno de Mauricio Macri.

Tras un extenso recorrido en el laberinto judicial y a pesar de la resistencia exhibida por el Palacio de Hacienda, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Poder Ejecutivo publicar la información sobre los dos empréstitos públicos acordados por el Estado con el Fondo Monetario Internacional. El reclamo promovido por Murúa y Codianni buscaba garantizar que se conozcan “cuáles eran las condiciones, para qué se usaría ese préstamo, cómo se pagaría, cuáles eran las jurisdicciones donde se dirimirían las controversias, qué tipos de punitorios si no se cumplía con los pagos, qué condicionamientos políticos exigía el acuerdo”. El jueves pasado los jueces Argento, Fernández y Grecco, definieron requerir que el Ministerio de Hacienda y el Banco Central difundan la información solicitada.

Antes de acceder a los datos la investigación conjunta elaborada por el del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y el Centro para la Integración Financiera concluyó que cuando se firmó la Carta de Intención y los Memorandos no había siquiera un expediente iniciado (fue iniciado exactamente una semana después de que Murúa promovió el amparo). Como difundió este diario en mayo, los investigadores advierten que no hay actos administrativos del Poder Ejecutivo, del Banco Central ni del Ministerio de Hacienda que ordenen tomar el crédito del Fondo. Tampoco hay dictámenes previos a la toma de deuda con el FMI, ni jurídicos ni del BCRA. El minucioso trabajo revela que no existe información alguna sobre la existencia de cláusulas de prórroga de jurisdicción para el caso de que hubiera un distracto (extinción de obligaciones) entre la Argentina y el FMI. Finalmente, en los expedientes entregados por el Ministerio de Hacienda, no hay acuerdo alguno firmado entre las partes, así como tampoco acto aprobatorio.

“Este endeudamiento es el elemento central para lograr poner en la órbita de los intereses de Estados Unidos a la Argentina”, advierte Murúa al enfatizar que se violaron la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo y la Ley de Administración Financiera. Los encargados de impulsar la investigación consideran que los funcionarios intervinientes en el acuerdo stand by podrían ser pasibles de responsabilidades penales y patrimoniales.

Devenido en el principal acreedor individual del país, al FMI le corresponden 1 de cada 3 dólares de los pagos de deuda que deberá asumir el próximo gobierno. Ante la imposibilidad de repetir la cancelación anticipada que concretaron Brasil en 2005 y Argentina en 2006, el Fondo tendrá lugar para poner condiciones. A la hora de discutir la extensión de los plazos de repago de los préstamos el FMI exige avanzar en su programa de reformas estructurales. El rotundo fracaso del acuerdo y la profundización de la crisis económica convierten las irregularidades acumuladas en una herramienta más de negociación para el próximo gobierno.

Fuente. Pagina12

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